Por La Época -.
Hizo bien el presidente Luis Arce de fijar la fecha del Censo y anunciar desde cuándo se procederá a la distribución de ingresos por concepto de coparticipación. De esa manera termina con las especulaciones que se hacían en los círculos políticos, sindicales e institucionales, y da certeza a la población, a los ciudadanos y las ciudadanas “de a pie”, que son blanco de la guerra mediática desplegada por los poderosos medios de comunicación que, con sus mentiras, construyen una realidad que no es.
Si hubiera un mínimo de racionalidad política, algo que debería ser una constante en los políticos, quienes están obligados a tener esa cualidad para dirigir a las mayorías, se debiera valorar la amplitud con la que el presidente Arce ha encarado la demanda de Censo 2023 planteada por la oposición. En primer lugar, porque con el 23 de marzo adelanta en cuatro meses la realización del empadronamiento Nacional de Población y Vivienda respecto a su propuesta inicial de llevarlo a cabo entre junio y julio de 2024. Segundo, que es lo más importante, es que la distribución de recursos se hará en septiembre de ese mismo año, lo que implica 10 meses menos en relación al planteamiento anterior.
Entonces, cuando la oposición cruceña rechaza lo anunciado el viernes en la noche por el Jefe de Estado, respaldada por dirigentes de la oposición política de otros departamentos, aunque sin fuerza real, como son los casos de Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, la conclusión no puede ser otra que la existencia de un proyecto político que usa el Censo como pretexto para alcanzar su meta: el acortamiento de mandato del presidente Arce. Y si esto es así, el campo y los términos de la disputa se configuran distintos, así como las acciones y los métodos a emplear por las fuerzas sociales y políticas.
La posición de la derecha juega con los intereses del país y de los bolivianos y las bolivianas. Quizá no debiera sorprendernos ese tipo de posición, pues de igual manera actuaron en 2019 al compactarse alrededor de una ruptura del orden constitucional que en agosto de 2020 fue derrotada por la iniciativa estratégica de los movimientos sociales. Lo bueno del anuncio presidencial es que le quita a esa oposición el argumento de que el Gobierno no toma decisiones y eso implica colocarles obstáculos a sus planes desestabilizadores.
El Gobierno está con la iniciativa y no debe perderla. Los tableros políticos y geopolíticos son bastante dinámicos en el mundo de hoy. Un desacierto táctico, como fue la marcha de los contrarios al paro cívico que, sin embargo, dio lugar a una jornada de violencia desplegada por los paramilitares de Camacho, desportilló la ventaja que el Gobierno estaba logrando y le dio oxígeno a la movilización conspiradora, golpista y separatista en curso.
En todo caso, hizo bien el Presidente de tomar la recomendación hecha por la Comisión Técnica para fijar la fecha, como actúo con responsabilidad al no dictar el estado de excepción, como pedían sectores sociales a fin de responder la violencia desplegada por los grupos paramilitares cruceños.
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