mayo 19, 2024

El pretexto, la mentira y la realidad


Por Franz Roberto Quisbert Parra * -.


Para Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, el Censo es un pretexto para realizar el paro allí. Según el Comité Interinstitucional, conformado por el gobernador autónomo departamental, el presidente del Comité Cívico cruceñista y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el paro es para que el Censo se realice en 2023 y para que haya la redistribución de recursos a través del Pacto Fiscal y la redistribución de escaños.

Sin embargo, el Censo es la recopilación de información respecto a un grupo de personas, los datos que suelen recogerse son: edad, sexo, nivel de educación, acceso a servicios básicos, ingresos mensuales, características de la vivienda habitada, entre otros. Es decir, pueden considerarse tanto variables cualitativas como cuantitativas, que sirven para formular e implementar políticas públicas. En ningún caso el efecto inmediato es la redistribución de recursos o escaños.

El pretexto del Censo ha servido para tener un mes de paro, que se ha traducido en un desgobierno total, cobros indebidos como si fueran peajes, perjuicio a los más pobres, saqueo de negocios en el Plan 3000, violencia contra las personas que deseaban trabajar, impedir el paso de ambulancias, violación de los Derechos Humanos, toma y quema de instituciones (COD, Sede Campesina, INE, ABT), jolgorio y borrachera de los bloqueadores, muertes y destrucción de la economía cruceña, con una pérdida de 40 millones de dólares al día.

Una vez definida la fecha del Censo con consenso para 2024, aún sigue el paro; y en el último Cabildo, para no aceptar la derrota, recurren a la mentira pretendiendo buscar una salida mediante una ley que debe aprobarse para asegurar la distribución de recursos y escaños. Todo el conflicto del Censo se traslada del Ejecutivo al Legislativo.

Seis propuestas de ley están recorriendo el escenario político, unas negligentes para volver atrás, queriendo imponer el Censo 2023; otras propuestas buscan refrendar el DS 4.824, que dispone que el Censo se lleve a cabo el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos económicos en septiembre del mismo año, cumpliendo con el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la comisión técnica que trabajó en Trinidad. Asimismo, como parte de la mentira salieron voces disonantes sobre el federalismo, posición de Camacho, que son parte de las estrategias de separatismo.

La realidad es que en la historia de Bolivia se han hecho 11 censos, la mayoría de bajo modelos económicos neoliberales y de saqueo; nunca con estos se promovieron mejoras para la economía de la población; después de estos censos no se hicieron más colegios u hospitales, no se industrializó nada. En realidad, el Censo no garantiza que la calidad de vida de la población mejore, ni que la economía crezca o que haya más obras, los datos que proporciona son para que se hagan políticas económicas y sociales que respondan a las necesidades de la sociedad.

La realidad también demuestra que nunca se ha requerido una ley para garantizar el Censo o la redistribución de recursos o escaños; esto no tiene ningún sentido para continuar con el paro en Santa Cruz.

La realidad indica, según el numeral 16 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que los censos oficiales son competencia privativa del nivel central del Estado. Igualmente, el Parágrafo V del Artículo 146 de la CPE establece que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes en cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional.

La realidad evidencia que el paro de Santa Cruz es un fracaso, porque no ha logrado nada. También enseña que hay procesos en curso para las autoridades del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, por haber violado varios artículos de la CPE y otras leyes.

Finalmente, el federalismo es una estrategia política del separatismo que no se encuentra en la Constitución.


*       Economista.

 

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