Por Eduardo Paz Rada *-.
La incertidumbre y falta de decisiones estratégicas de los principales conductores de la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia; las variadas reuniones entre el presidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, con el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca respectivamente, a veces con los ministros, otras con los dirigentes de los movimientos campesinos, indígenas, interculturales y mujeres y la Central Obrera Boliviana (COB) y otras con dirigentes del MAS, sin resultados efectivos; y la realización de gigantescas concentraciones y marchas de centenares de miles de hombres y mujeres de los sectores populares “en defensa de la democracia y el gobierno del MAS”; son las huellas características del momento actual en el país.
En frente la oposición neoliberal, conservadora y oligárquica, constituida en primer lugar por el Comité Cívico de Santa Cruz, los medios de comunicación empresariales, los partidos minoritarios de la Asamblea Legislativa –Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz–, algunas plataformas ciudadanas y sectores sociales y agentes de la derecha latinoamericana instalada en Miami y Washington, quienes intentan repetir el libreto del golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019 aprovechando cualquier tema o asunto coyuntural y, ahora, las disputas en el oficialismo.
La confluencia de conflictos regionales, políticos y sociales, dentro y fuera del Gobierno y del MAS, contrasta con un panorama económico estable, en el cual los indicadores de crecimiento, exportaciones, balanza comercial, balanza de pagos, inflación, estabilidad monetaria e industrialización marcan resultados positivos, a pesar de las presiones negativas de la crisis económica internacional postpandemia y de la guerra de Ucrania.
Tensiones endógenas y exógenas
En este contexto general, los avatares que enfrenta en las últimas semanas el proceso político en el país se han acentuado aceleradamente tanto por acciones desde la oposición regional y política y los medios de comunicación de las corporaciones privadas por el tema relacionado a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda y por los conflictos dentro del bloque de poder constituido por el Pacto de Unidad (PU), la COB, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, los ministros del gobierno central y la dirigencia del MAS, abriendo una serie de interrogantes alrededor de las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos 20 años.
El paro de actividades impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz que, mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), impugnando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el Gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, se extendió por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el Ejecutivo en mil millones de dólares, la muerte de cuatro personas y enfrentamientos violentos con la Policía. Este movimiento lo conducen Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, quienes, junto a Jeanine Áñez, ahora presa y sentenciada a 10 años de cárcel, ejecutaron el golpe de Estado de 2019.
Camacho y Calvo representan a los sectores de poder regional, a los terratenientes del Oriente, a las logias Toborochi y Caballeros del Oriente, y cuentan con el respaldo de grupos federalistas y separatistas. En sus movilizaciones sus dirigentes demandaron a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas asumir posiciones adversas al Gobierno, como lo hicieron en 2019 cuando se ejecutó el Motín Policial y se produjo la insubordinación de los altos mandos militares para derrocar a Evo Morales. Asimismo, debido a su relación con los grandes agroexportadores soyeros y gobernadores de los estados brasileños limítrofes, estas logias mantenían expectativas de que Jair Bolsonaro ganara las elecciones en Brasil.
Ante esta situación las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, juntas vecinales de los barrios periféricos, transportistas, comerciantes, vivanderas y gremiales, que se veían perjudicados económicamente, se enfrentaron contra los impulsores del paro, y simultáneamente los movimientos sociales de campesinos, mujeres campesinas, indígenas e interculturales del PU y del MAS rodearon y cercaron la ciudad de Santa Cruz, impidiendo el ingreso de alimentos y otros productos de consumo, generando una situación alta tensión y enfrentamientos violentos.
Rechazo al diálogo y al consenso
Mientras tanto los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los canales Unitel y UNO desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso democrático, buscando repercusiones y apoyos al movimiento cruceño desde las otras regiones de Bolivia, especialmente la sede de gobierno, sin conseguir respaldo importantes, exceptuando pequeñas marchas y concentraciones en Cochabamba, Tarija y La Paz que no tuvieron mayor repercusión.
El presidente del Estado Plurinacional y las autoridades abrieron diversos canales de diálogo y debate, en los nueve departamentos del país, en torno a la definición técnica de la fecha del Censo, contando con el asesoramiento de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade). El Gobierno, después de consultas con todas las gobernaciones, municipios, instituciones y universidades de Bolivia y de realizar una Cumbre Nacional en la ciudad de Cochabamba determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislado al movimiento radical de la derecha violenta y antidemocrática.
Los resultados del Censo serán importantes, porque permitirán definir la distribución de recursos económicos en función del número de habitantes en cada departamento, municipio y universidad pública, así como la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones de 2025. Al respecto, el Tribunal Electoral Plurinacional firmó un acuerdo con la Cámara de Diputados y el Ministro de Planificación para asegurar que los resultados censales sean entregados en septiembre de 2024.
A pesar de este consenso, los grupos radicales de la Gobernación y el Comité Cívico de Santa Cruz y sus grupos de choque de la UJC continuaron con los operativos de violencia de carácter racista y discriminador contra comerciantes y vendedores de mercado y habitantes de los suburbios cruceños, la mayoría de estos migrantes collas, es decir, originarios del Occidente.
Controversias en el Gobierno y en el MAS
Paralelamente, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora; mientras que el diputado Rolando Cuéllar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.
Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios ministros y al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS; el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción de autoridades de alto nivel del Gobierno; y el exministro de Gobierno, que no pudo frenar el Motín Policial de 2019, Carlos Romero, atacó duramente al Ejecutivo por retrasar la fecha del Censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.
Las especulaciones giran alrededor de un tema vinculado al futuro político del MAS y también del proceso de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas en términos de las futuras candidaturas presidenciales para las elecciones de 2025. Declaraciones de dirigentes de segundo y tercer nivel se han manifestado por opciones diferentes: unos se pronuncian por la candidatura presidencial de Evo Morales y otros por la de Luis Arce. El primero ha declarado que la decisión al respecto recién se adoptará en 2024 y ahora corresponde defender al Gobierno. Inclusive, las normas electorales establecen la práctica de elecciones primarias.
Antecedentes de la conspiración
Durante el primer mandato del expresidente Evo Morales, cuando se nacionalizaron los hidrocarburos y recuperaron para el Estado las empresas privatizadas y en medio del debate para la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en septiembre y octubre de 2008, se produjo un conato de guerra civil también en Santa Cruz y el Oriente, que buscaba impulsar el federalismo y separatismo territorial y político impulsado igualmente por comités cívicos y autoridades regionales, provocando enfrentamientos violentos y la derrota de los federalistas auspiciados por los terratenientes y agroexportadores.
En esa oportunidad el gobierno de Evo Morales determinó expulsar al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, por injerencia política y apoyo a los subversivos. Entretanto, la Cumbre de Presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reunida en Santiago de Chile a iniciativa de Lula da Silva, Michelle Bachelet y Hugo Chávez, daba su respaldo al Gobierno, elegido democráticamente.
El siguiente movimiento conspirativo de la derecha radical y neoliberal se produjo en octubre-noviembre de 2019, con la ejecución del golpe de Estado cívico-policial-militar que obligó a Evo Morales a salir del país, en una situación de emergencia ante el riesgo de atentado contra su vida, apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que envío un avión militar desde México, y Alberto Fernández, electo presidente argentino.
En ese momento el artificio fue un supuesto fraude electoral ante el cuarto triunfo electoral del MAS; se produjo una movilización masiva de sectores medios y acomodados dirigidos por Luis Fernando Camacho del Comité Cívico de Santa Cruz, seguida por un Motín Policial y el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente los gobiernos de los Estados Unidos (Donal Trump) y Brasil (Jair Bolsonaro) reconocieron al gobierno de facto y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se convirtió en respaldo del gobierno de Áñez.
Golpe y resurrección
La ejecución del golpe fue coordinada por funcionarios de las embajadas de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Brasil, los obispos de la Iglesia católica, los dirigentes políticos Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, quienes se reunieron en las oficinas de la Universidad Católica y definieron que la senadora Jeanine Áñez asumiera la Presidencia.
Después de algunos meses de estupor popular y cuando el gobierno de facto implementaba medidas a favor de terratenientes, bancos privados, transnacionales, medios de comunicación que apoyaron el golpe y grupos empresariales privados, descuidando la atención a la población frente al Covid-19 y postergando sistemáticamente la realización de nuevas elecciones, los movimientos populares con el MAS, la COB y el PU a la cabeza impulsaron una resistencia en todo el territorio nacional, que en agosto de 2020 se convirtió en una movilización nacional-popular, obligando a convocar a elecciones en octubre de 2020.
En estas elecciones nuevamente el MAS ganó con el 55% de votos –en 2005 lo hizo con 54%; en 2009 con 64%; en 2014 con 61%; y en 2019 con 47%–, siendo candidatos a la presidencia Luis Arce y a la vicepresidencia David Choquehuanca, ambos exministros de Economía y Relaciones Exteriores, respectivamente, de Evo Morales, quien se encontraba exiliado en Argentina después de su paso por México. La nominación inicial de candidatos fue planteada por las organizaciones populares del PU en Bolivia con David Choquehuanca a la presidencia y Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia; y luego, en consulta con Morales en Buenos Aires, surgió el binomio Arce-Choquehuanca.
Desenlace abierto
En los dos últimos años el gobierno del MAS ha identificado varios desafíos relacionados a los temas políticos, económicos e internacionales: mantener la estabilidad y el crecimiento económico, asegurar la unidad interna y enfrentar los conflictos con cohesión y participar activamente en los procesos de integración regional en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la reconstrucción de Unasur y, al mismo tiempo, enfrentando varios conflictos frente a los cuales el conjunto del movimiento nacional y popular ha hecho al menos tres grandes marchas con más de un millón de adherentes que se pronunciaron por la defensa del Proceso de Cambio. En estas marchas, concentraciones y movilizaciones participaron Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca como los principales referentes del actual proceso.
Este panorama permite advertir que si los principales dirigentes y autoridades, Evo Morales, presidente del MAS, Luis Arce, presidente del Estado, y David Choquehuanca, vicepresidente, no encuentran un acuerdo de unidad y coherencia, exigido por las organizaciones populares y sindicales del país, las perspectivas políticas del proceso revolucionario nacional-popular se presentarán muy difíciles, poniendo en riesgo las transformaciones económicas, políticas y sociales realizadas.
La rebelión de octubre de 2003, que expulsó de Bolivia al neoliberalismo representado por Gonzalo Sánchez de Lozada, fue el impulso de 20 años del proceso de liberación nacional; ahora, la resistencia, lucha y derrota del golpe de Estado y del gobierno de facto abre un nuevo periodo que deberá servir para profundizar la lucha antiimperialista y aportar a la construcción de un socialismo latinoamericano y caribeño.
* Sociólogo boliviano y docente de la UMSA.
Deja un comentario