Por Rodolfo Perales Arce * -.
En las últimas semanas, a raíz de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, en diferentes medios de comunicación se entretejieron una serie de comentarios, críticas y opiniones políticas respecto a los datos que el Órgano Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Ante esta serie de opiniones vertidas por asambleístas, analistas políticos, entre otros, me gustaría desarrollar alguna de las temáticas debatidas, como cuál es la razón por la que el presupuesto representa uno de los porcentajes más altos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) –comparado con otros países–, lo que supuestamente implicaría un importante gasto corriente estatal y que se concentra en el pago de sueldos y salarios de un aparato fiscal grande.
Se dice que es un despropósito que el PGE para 2023 represente el 78% del PIB, incluso algunos analistas señalan que este alcanzaría al 83%, muy por encima si se le compara en porcentaje con el de otros países, como los Estados Unidos con 30%, Chile 25% y Paraguay 40%. Sin embargo, para realizar esta comparación debemos conocer las particularidades del presupuesto de Bolivia.
A diferencia de lo mencionado respecto a otros países, el nuestro incorpora en su presupuesto a todas las entidades que administran recursos públicos, es decir, órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades descentralizadas y de seguridad social, empresas y universidades públicas, gobiernos departamentales, municipales, entre otros, lo que impide hacer una comparación directa con otros presupuestos.
Entonces, si al presupuesto boliviano le quitamos las instituciones que otros países no contemplan dentro de sus presupuestos, como las empresas públicas, universidades y entidades territoriales autónomas, el porcentaje respecto al PIB se encuentra alrededor del 40%, cifra ahora útil para un análisis comparativo.
Un segundo aspecto, también cuestionado, está relacionado con la composición del presupuesto de gasto corriente, que para 2023 se proyecta en Bs144 mil 485 millones, lo cual implica un 59,2% del presupuesto total, una cifra elevada para algunos analistas.
Pero si vamos descomponiendo este dato comprenderemos que Bs62 mil 799 millones se destinan a la compra de bienes y servicios, donde se concentra principalmente los gastos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) hace por la importación y comercialización de gasolina y diésel. Otro componente vital es aquel vinculado a los gastos de operación que tienen las empresas públicas.
Un tercer elemento de este análisis, que igual forma parte de los gastos corrientes, son los destinados a sueldos y salarios, igualmente cuestionados enfáticamente al señalar la razón del porqué se tiene un aparato estatal tan grande; aseveración que nuevamente puede refutarse si nos interiorizamos y entendemos qué es lo que implica este pago.
Para el año 2023 el Gobierno destinará Bs47 mil 253 millones a sueldos de los más de 188 mil ítems del maestros y administrativos del Magisterio Fiscal y de las Direcciones Departamentales de Educación; más de 70 mil ítems que se encuentran en los Servicios Departamentales de Salud, Programas de Salud, entidades de Seguridad Social y aquel personal de salud con los que cuentan las gobernaciones y municipios a nivel nacional; y los 61 mil 700 efectivos policiales y militares.
Solamente el gasto en sueldo de los cuatro sectores mencionados representa el 58,1%, es decir, Bs27 mil 472 millones. Entre las Entidades Territoriales Autónomas y las universidades suman Bs8 mil 302 millones; las cajas de salud con Bs3 mil 526 millones; con las empresa públicas se tiene Bs3 mil 177 millones; y en el resto de entidades públicas se concentran Bs4 mil 776 millones.
Como se pudo apreciar, es sumamente importante profundizar el análisis respecto a la composición del PGE que está en tratamiento y debate en la ALP, lo que permite comprender el destino de la política fiscal que el Gobierno plantea en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp).
* Economista.
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