Por Luis Oporto Ordóñez *-.
El 10 de octubre de 1982 Bolivia recuperó la democracia luego de 18 años de dictaduras. El pueblo eligió al candidato del Frente de Unidad Democrática Popular (UDP), los Estados Unidos respondieron con la venta de su Stock Pile, que derrumbó el precio de las materias primas y llevó a Bolivia a la hiperinflación, forzando la reducción de mandato del presidente Hernán Siles Zuazo.
El 6 de agosto de 1985 Víctor Paz Estenssoro juró como presidente constitucional, iniciando la era de la democracia pactada. El 29 de agosto, por medio del Decreto Supremo 21.060, se implantó el sistema económico de libre mercado (“neoliberalismo”), caracterizado por una política salvaje de liberalización de la economía que sepultó el capitalismo de Estado.
Como cruel ironía de la Historia, fue él mismo quien firmó el Decreto Supremo 3.223, de Nacionalización de Minas, el 31 de octubre de 1952, con el argumento de parar la hiperinflación. Paz Estenssoro logró un objetivo estratégico de la oligarquía boliviana y de los Estados Unidos: La destrucción del movimiento minero revolucionario, esfuerzo en el que fracasaron los dictadores militares René Barrientos (1964-1969); Alfredo Ovando Candia (1969-1970); Hugo Banzer (1971-1978); Alberto Natusch (1979); y Luis García Meza y sus generales (1980-1982).
Paz Estenssoro instruyó la relocalización de 27 mil trabajadores y el cierre de más 30 centros industriales mineros. Implantó la maquila y la libre contratación, la flotación del peso boliviano frente al dólar. Puso fin a los controles de precios, eliminó las subvenciones, congeló los sueldos y salarios en 50 dólares, liberalizó los aranceles de importación y detuvo el pago de la deuda externa con un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sentó las bases para entregar las riquezas naturales a las transnacionales, la privatización de empresas estatales productivas, servicios estratégicos de aeronavegación y el sistema de pensiones, haciendo retroceder el reloj de la Historia a 1920.
Fracasó un último intento de resistencia a través de la Marcha por la Vida, dirigida por Filemón Escobar (dirigente de Catavi) y Simón Reyes (secretario general de la Central Obrera Boliviana). El 21 de agosto de 1986 más de ocho mil trabajadores marcharon desde Oruro por la carretera asfaltada, recibiendo apoyo solidario de pobladores del Altiplano. El 22 de agosto llegó a Panduro y se incrementó con campesinos afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), sectores populares y universitarios de Potosí, Oruro, La Paz y otras ciudades. El 28 de agosto el Gobierno decretó estado de sitio y movilizó dos mil militares que cercaron la marcha en Calamarca, usando tanques, carros de asalto y vuelos rasantes de aviación militar. Ante estos hechos los dirigentes, en ampliado de emergencia, decidieron disolver la marcha “para evitar otra masacre”, a pesar del deseo de las bases sindicales y organizaciones populares de continuarla.
El Gobierno compró las consciencias de dirigentes mineros a través de bonos extralegales de mil, dos mil y tres mil dólares por año trabajado, financiados por el FMI. Paralelamente, se pagaban sueldos indexados al dólar a la jerarquía de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de las entidades de la República.
El Decreto Supremo 22.407, del 11 de enero de 1990, que buscaba establecer “políticas de acción para consolidar la estabilidad y promover el crecimiento económico, el empleo, el desarrollo social y la modernización del Estado”, convirtió a la Comibol en una entidad “holding”, administradora de contratos de riesgo compartido “Joint Ventures”. El toque final fue la modificación de la Ley de Hidrocarburos, para facilitar su entrega a las empresas transnacionales.
El modelo neoliberal tuvo un costo social muy alto: Redujo el empleo y elevó los índices de pobreza, obligó a las familias a sobrevivir mediante el comercio informal. Miles de familias mineras invirtieron sus liquidaciones en compra de vehículos transformados, y muchas otras fueron objeto de estafa de inmobiliarias que prometían intereses del 10% mensual. Las empresas experimentaron una era de bonaza por la liberalización salvaje, con trabajadores a destajo, sin seguro social, bajo el sistema de la maquila. El fracaso del modelo llevó al Gobierno a sobrevivir con préstamos otorgados por el Club de París y extendió la mano para recibir limosna internacional para pagar sueldos.
En medio de ese drama, la masacre blanca más grande en la historia nacional provocó una diáspora interna. Los mineros se asentaron en predios inmensos, en planicies desérticas de El Alto, de propiedad de la Comibol. En 1989 un grupo de extrabajadores de los centros mineros Siglo XX, Huanuni y Pulacayo llegaron al sector aledaño a la Urbanización Nuevos Horizontes y El Kenko y se asentaron en el lugar, pues los mineros sabían que eran terrenos de Comibol.
La historiografía oficial invisibilizó esa época y las actuales generaciones desconocen esta historia. Ante esa amnesia histórica estructural los propios trabajadores mineros relocalizados que se asentaron en las periferias de la ciudad de El Alto decidieron mantener viva la memoria social de esa época de latrocinio en el imaginario colectivo.
El objetivo de mantener viva la historia minera se dio a través de la sorprendente estrategia de nominación de calles. En un acto de resistencia y reivindicación de su identidad cultural los mineros relocalizados asentados en la Urbanización 21 de Diciembre, colindante con la Urbanización Wara, decidieron nominar sus arterias con el nombre de Avenida 31 de Octubre y Calle Federico Escobar Zapata, usando una lámina de lata pintada a mano alzada.
Otro caso emblemático se dio en el Distrito 12, en las arterias que confluyen con la Av. Arica, que conduce a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Los mineros relocalizados denominaron a dos vías principales como Avenida 21.060 y Calle 22.407, acción con la que recuerdan los dos nefastos decretos supremos que destruyeron la capacidad productiva del país y liquidaron al movimiento minero revolucionario.
- Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas y docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
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