Por Erick Brayan Lara Laura (Auditor)-.
El Gobierno boliviano culminó un largo proceso de defunción del sistema privado de pensiones. El pasado 2 de mayo los ahorros de los bolivianos, destinados para su jubilación, dejaron de ser responsabilidad de dos empresas privadas de propiedad extranjera y comenzaron a ser administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Este cambio despertó temores y protestas en varios sectores sociales en lo consideran como una “apropiación del dinero de la población”.
Sin embargo, la Gestora Pública brindará un mejor servicio a todos los jubilados y futuros jubilados del país. Gracias a ella las utilidades que genere volverán a los asegurados, incidiendo en el aumento tanto del Fondo Solidario como de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad). La empresa estatal traerá importantes beneficios para el país y jubilados que no se tenía con las empresas privadas de AFP.
Entre los beneficios más importantes están el que los jubilados pagarán a la Gestora Pública solo una comisión de 0,5%, y no como en las AFP, que cobraban cuatro comisiones que en total representaba aproximadamente el 2,88% de la renta.
Asimismo, la Gestora Pública contará con 33 plataformas de atención en todo el país, para comodidad de los asegurados. Los beneficiarios podrán verificar el estado de sus aportes, que se actualizarán constantemente, en cualquier momento a través de una página web.
También es clave destacar que la seguridad de los aportes, los cuales por ley no se pueden tocar, se encuentran sujetos a fiscalización, auditorías, control social y los aportantes tienen una cuenta personal previsional.
La decisión de que el Estado tome el control de las pensiones es acertada, toda vez que permitirá realizar inversiones, hacer crecer el capital y generar mayores rendimientos en beneficio de todos los jubilados.
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