Por La Época-.
La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce cuatro formas de organización de la economía: la estatal, que es el motor; la privada, de todos los tamaños; la cooperativizada, de la que la minera es la más importante; y la comunitaria, que es la que menos desarrollo ha tenido hasta ahora.
Entonces, las reuniones del presidente Luis Arce con las organizaciones del sector privado tienen sentido. Primero lo hizo con la directiva de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), luego con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) y hace pocos días con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). De todos estos encuentros se puede inferir los ejes centrales.
Primero, que las actividades privadas, sobre todo medianas y grandes, se orienten en la línea de la sustitución de importaciones, que en el marco de la industrialización es el elemento central en el programa del gobierno con el objetivo de contar con una base material sobre la que se reproduzca una política de generación de excedentes y distribución de la riqueza.
La tarea de la industrialización se ha convertido en una prioridad para América Latina y el Caribe por dos razones principales: la globalización neoliberal debilitó las industrias nacionales y la pandemia se encargó de liquidarlas. Tan es así que presidentes como Lula y Petro sostienen que es el momento de la reindustrialización. En el caso de Bolivia, es una tarea pendiente para superar la dependencia de un solo recurso natural.
Segundo, que el sector privado, al que el Estado le da seguridad jurídica, debe incorporar tecnología y ciencia aplicada para elevar el nivel de productividad a niveles que aseguren la reproducción ampliada del capital. Hay que encontrar la manera de elevar la productividad sin que implique aumentar el actual desequilibrio con la naturaleza.
Tercero, que el sector privado obtenga volúmenes de producción altos que aseguren la satisfacción de la demanda del mercado interno, para lo cual el Estado tiene los parámetros y es irrenunciable, y el resto se exporte al mercado internacional. La seguridad alimentaria de los bolivianos y las bolivianas es un eje principal del modelo económico.
Lo que no se sabe es si la CAO, en la reunión de hace unos días, asumió el compromiso de pedir a sus afiliados productores de soya que canalicen sus jugosas ganancias a través del Banco Central de Bolivia (BCB). La hegemónica burguesía agroexportadora obtiene elevadas ganancias y se beneficia de la subvención al diésel, pero no deja ni un centavo en el país. Eso ya no puede seguir así.
Diálogo con el sector privado, sí; acuerdos con el sector privado, sí. Pero sus sectores hegemónicos, que nunca han conseguido más ganancias que en los 14 años del Proceso de Cambio, y que ahora, después de la recuperación de la democracia, han retomado su crecimiento en las condiciones de la postpandemia, deben aportar al país generando empleo, pagando impuestos con puntualidad, asegurando el abastecimiento del mercado interno sin especulación y canalizando sus ganancias a través del Banco Central.
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