Por Rodolfo Perales Arce -.
Luego de una larga sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunos “padres de la patria” decidieron rechazar la propuesta de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) de la presente gestión. Principalmente por observaciones a las Disposiciones Adicionales, generadas por interpretaciones erradas o intencionales sin medir el impacto negativo provocado.
Es importante que entendamos, en toda su dimensión, lo que implica el haber rechazado este proyecto de ley, quiénes se verán realmente afectados por esta decisión y si realmente las observaciones a dichas disposiciones justificaban una determinación de este tipo.
En el mes de agosto el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas propuso efectuar modificaciones al PGE con la incorporación de cinco mil 421,8 millones de Bs, pero, ¿qué representa este monto? Primordialmente, requerimientos presentados por las instituciones públicas tanto de la administración central como de las territoriales y universidades públicas, así como recursos adicionales que requieren ser aprobados por ley en la Asamblea.
Cada una de estas entidades, al efectuar el análisis y proyecciones de sus recursos generados durante la gestión y los gastos proyectados a fin de año, deciden incrementar su presupuesto institucional, es así que del monto total mil 260,6 millones de Bs son de gobiernos departamentales, municipales, indígenas originarios campesinos y de universidades públicas.
La diferencia de cuatro mil 161,2 millones de Bs se encuentra destinada a dar continuidad a la promoción del turismo, mejora de unidades productivas, apoyo MyPES y los centros tecnológicos de innovación productiva, conclusión de más de dos mil 300 viviendas sociales, mantenimiento de ambientes de laboratorios de bioseguridad, continuidad del Sistema Único de Salud (SUS), entre los más destacados.
Al no aprobar este presupuesto adicional esas entidades y sectores no tienen la posibilidad de disponer de estos recursos.
En todo caso, y como se vio en diferentes pronunciamientos efectuados por instancias de representación como la Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM-Bolivia) o la Asociación de Consejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), las instancias más afectadas al no contar con estos recursos son las universidades públicas, que tendrán problemas para concluir la gestión, y sobre todo las gobernaciones y los más de 340 municipios que necesitan este presupuesto para atender las necesidades de sus regiones, entre las cuales está el afrontar los fenómenos naturales.
Ahora bien, es importante conocer los aspectos que contiene las Disposiciones Adicionales que fueron mal interpretadas por algunos senadores, ocasionando un perjuicio inaceptable a las entidades del sector público al rechazar la ley que modifica el PGE 2023.
Por ejemplo, la disposición primera planteó modificar el plazo de 15 días calendario, aprobado y vigente con la Ley Nro. 169 desde 2011, a un plazo de 15 días hábiles, para que las máximas instancias de aprobación de las ETAs cuenten con un tiempo mayor para evaluar y aprobar modificaciones presupuestarias.
Otra de las observaciones generadas por los senadores de la Comisión de Planificación es a la Disposición Adicional Tercera. Si analizamos de manera imparcial nos daremos cuenta que propone, únicamente, la incorporación de los Institutos Técnicos Tecnológicos y las Universidades Indígenas dentro de instancias beneficiarias del Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología, el cual ya se encuentra implementado con Ley Nro. 1493 que aprueba del PGE para este año.
Con este par de ejemplos podemos darnos cuenta que las decisiones tomadas por algunos asambleístas carecen de fundamentos sólidos y solamente provocan un profundo perjuicio a los municipios y regiones del país, incluso a las regiones a las que ellos mismos pertenecen, impidiendo así atender las demandas de la población nacional.
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