Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
La división sexual del trabajo ha estructurado las sociedades a lo largo de la Historia. Esta no solo ha asignado roles específicos a hombres y mujeres, sino que también ha perpetuado una serie de desigualdades y explotaciones laborales que afectan predominantemente a las mujeres.
La división sexual del trabajo se refiere a la asignación de tareas y roles específicos a hombres y mujeres basada en su sexo asignado al nacer. Históricamente se ha colocado a los hombres en el ámbito productivo y a las mujeres en el reproductivo. El trabajo productivo, remunerado y valorado socialmente, ha sido predominantemente masculino, mientras que el trabajo reproductivo y de cuidados, no remunerado y desvalorizado, ha sido femenino. Este sistema patriarcal ha reforzado la subordinación de las mujeres y ha limitado sus oportunidades económicas, sociales y su agencialidad.
La precarización laboral se refiere a la inseguridad y la falta de estabilidad en el empleo, condiciones que afectan desproporcionadamente a las mujeres pues son más propensas a ocupar empleos temporales, a tiempo parcial y mal remunerados. Esta precariedad es el resultado de la combinación de factores como la falta de acceso a educación y formación, la discriminación en el mercado laboral y las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente recaen sobre ellas. También porque están concentradas en sectores de baja remuneración y con menos oportunidades de progreso, como el servicio doméstico, la educación y la atención sanitaria. Estos sectores, a menudo considerados extensiones del trabajo reproductivo no remunerado, son menos valorados económicamente. Adicionalmente, se profundiza la brecha salarial de género; las mujeres ganan sistemáticamente menos que los hombres por el mismo trabajo o trabajo de igual valor. Esta brecha perpetúa la precariedad económica y limita el acceso de las mujeres a recursos y oportunidades.
Otro de los factores a resaltar es que, según las encuestas del uso del tiempo, las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado de cuidado de hijos e hijas, personas mayores y personas con discapacidad, así como a las tareas domésticas, lo que limita su disponibilidad para empleos a tiempo completo y oportunidades de carrera entrando en un círculo vicioso.
La explotación laboral se manifiesta en condiciones de trabajo injustas, salarios bajos y falta de derechos laborales. La explotación es una consecuencia directa de la precarización, y también se ve exacerbada por prácticas discriminatorias y la falta de representación y poder de negociación en el lugar de trabajo.
Las personas trabajadoras domésticas, en su mayoría mujeres, a menudo trabajan en condiciones deplorables, sin contratos formales, seguridad social ni derechos laborales básicos. Su labor es invisibilizada y desvalorizada, perpetuando un ciclo de explotación.
La precarización y explotación laboral tienen consecuencias profundas y multifacéticas para las mujeres. Económicamente, perpetúan la pobreza y la dependencia económica; socialmente, refuerzan estereotipos de género y limitan la participación de las mujeres en la toma de decisiones; y psicológicamente, generan estrés y afectan la salud mental de las trabajadoras.
Para abordar la injusta división sexual del trabajo y sus consecuencias es crucial implementar políticas que promuevan la equidad de género en el empleo, acciones que impulsen la igualdad salarial, desarrollen políticas de corresponsabilidad que incluyan licencias parentales equitativas, horarios de trabajo flexibles y acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad. Es clave proveer acceso a educación y formación profesional para mujeres, especialmente en sectores tradicionalmente dominados por hombres, para ampliar sus oportunidades laborales, y fortalecer la protección de los derechos laborales de las mujeres, sobre todo en sectores altamente precarizados como el trabajo doméstico.
La injusta división sexual del trabajo ha llevado a la precarización y explotación laboral de las mujeres, perpetuando desigualdades económicas y sociales. Abordar esta problemática requiere un enfoque integral que promueva la equidad de género y proteja los derechos laborales. Solo a través de la implementación de políticas efectivas y la transformación de las estructuras sociales y económicas se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todos.
* Exasambleísta ecuatoriana.
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