La Paz (ABI).- La Procuraduría General del Estado saludó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al diálogo y al “desarrollo pacífico de las manifestaciones”, y recordó que rige en Bolivia una resolución constitucional que impide a Evo Morales y a otros actores políticos y sociales promover bloqueos que vulneren los derechos humanos.
La posición surge en respuesta a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que instaron al desarrollo pacífico de las manifestaciones en Bolivia, en medio de la marcha que impulsa Morales por su candidatura presidencial, y que hasta el jueves dejó más de una treintena de heridos.
En Bolivia rige con carácter obligatorio y vinculante la resolución constitucional 040/2024 y el Auto de Queja que establecen “que los bloqueos atentan contra los derechos constitucionales a la vida, la salud, libre tránsito, alimentación, suministro de insumos agrarios, combustible y medicamentos y al trabajo de la población”.
Ante la verificación de incumplimiento, la Justicia conminó a Morales y a diferentes actores políticos y sociales al cese de las protestas que vulneren los derechos de terceros, “no pueden promover, llamar a realizar bloqueos de caminos ni provocar intransitabilidad de las carreteras del Estado Plurinacional de Bolivia, o daño que se pueda provocar al resto de la sociedad civil”, recordó la Procuraduría en un comunicado.
Morales y sus seguidores iniciaron el martes una marcha desde Caracollo hasta La Paz con el fin, principal, de asegurar su candidatura presidencial. En la primera jornada se enfrentaron con un reducido grupo de comunarios y cooperativistas que instalaron una vigilia en Vila Vila con la idea de frenar la protesta.
El Gobierno convocó al expresidente al diálogo y el propio presidente Luis Arce lo esperó el viernes sin resultados por más de una hora en el lugar fijado, el Ministerio de Educación. Morales dijo que no recibió la invitación, pero se vio cómo sus seguidores evitaron con violencia que un funcionario del Ministerio de la Presidencia le entregue la invitación en Patacamaya, donde estaba la marcha.
De acuerdo a la disposición judicial, en caso de incumplirse la conminatoria contra Morales y otros “deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público”.
La Procuraduría también cuestionó las agresiones en contra de periodistas por parte de miembros de la marcha de Morales. Fueron afectados trabajadores de la prensa de al menos cuatro medios de comunicación: Cadena A, SEO TV, RTP y Bolivia TV.
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