Por Diego Portal-. La quema de bosques en Bolivia se ha convertido en un problema recurrente que impacta gravemente la biodiversidad, los medios de vida locales y el medio ambiente global. En 2024 este fenómeno ha alcanzado nuevas dimensiones, exacerbado por factores climáticos, económicos y políticos.
El Gobierno ha declarado desastre nacional y ha solicitado esta semana un mayor apoyo internacional para controlar el fuego que parece haber superado en cantidad las superficies incendiadas en años anteriores. No es la primera medida del Gobierno, ya que desde hace más de tres meses se han desarrollado acciones destinadas a apagar sofocar incendios en diferentes regiones del país, las cuales, sin embargo, no han logrado su objetivo a cabalidad debido a varios factores que involucran a otros sectores de la sociedad.
Magnitud del problema
Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con vastas áreas de bosques tropicales en la Amazonía, el Chaco y los valles subandinos. Sin embargo, en las últimas décadas las quemas intencionales para la expansión agrícola y ganadera han devastado grandes porciones de estos ecosistemas.
Aunque las quemas no son un fenómeno nuevo, su intensidad ha aumentado en los últimos años debido a la creciente demanda de tierras para la agricultura, especialmente para el cultivo de soya, la ganadería y actividades ilegales como la minería del oro y el narcotráfico.
Existen múltiples factores que contribuyen a la quema de bosques este año. Uno de los más importantes es la expansión de la frontera agrícola, fomentada por la demanda internacional de productos como la soya y la carne.
Respuestas gubernamentales
El Gobierno ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional por su manejo de la crisis de los incendios forestales. En 2024, a pesar de algunos esfuerzos para frenar las quemas, muchos sostienen que las acciones actuales son insuficientes.
Se han implementado brigadas contra incendios y campañas de reforestación, pero los recursos asignados para enfrentar la crisis son limitados. Además, la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) ha dificultado una respuesta eficaz.
Los empresarios y su responsabilidad
La agroindustria cruceña tiene una responsabilidad crucial en la crisis ambiental relacionada con la quema de bosques. La creciente demanda de productos agrícolas como la soya, la caña de azúcar y la carne está íntimamente ligada a la deforestación en la región.
La agroindustria cruceña ha sido un factor clave en la expansión de la frontera agrícola hacia áreas boscosas, principalmente en la Amazonía y el Chaco. Santa Cruz es uno de los mayores productores de soya y esta industria requiere grandes extensiones de tierra, muchas veces obtenidas a través de la deforestación.
Este tipo de prácticas no solo afecta la biodiversidad y los ecosistemas locales, sino que también pone en peligro a las comunidades indígenas que dependen de estos territorios para su subsistencia. Además, la pérdida de biodiversidad en áreas protegidas tiene un impacto directo en el equilibrio ecológico y en los servicios ambientales que proporcionan, como la captura de carbono, fundamental para mitigar el cambio climático.
La agroindustria cruceña tiene un poder económico considerable, lo que le permite influir en las políticas públicas y en las decisiones gubernamentales. Este sector ha presionado para que se flexibilicen las normativas ambientales y para que se permita la expansión de la frontera agrícola, argumentando que esto es esencial para el crecimiento económico del país y para la generación de empleo.
Ley 337 y la regularización de tierras deforestadas
En 2013 el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, cuyo objetivo era fomentar la producción agrícola regularizando tierras deforestadas de manera ilegal antes de 2011. Esta ley permitió a los productores que habían deforestado de forma no autorizada evitar sanciones mediante la presentación de un plan de reforestación o compensación, mientras que, al mismo tiempo, se les incentivaba a continuar con la producción agrícola en esas tierras.
Al regularizar las tierras deforestadas el mensaje implícito era que la deforestación no enfrentaría penalizaciones estrictas, lo que incentivó la continuidad de estas prácticas.
Ley 741 y la ampliación del desmonte legal
Otra pieza clave de la legislación fue la Ley 741, promulgada en 2015, que permitía el desmonte de hasta 20 ha de bosque por propietario sin necesidad de obtener una autorización previa del Gobierno. Esta fue presentada como un mecanismo para facilitar la expansión agrícola, para pequeños y medianos productores, argumentando que era esencial para mejorar la producción y asegurar la soberanía alimentaria.
Esta medida favoreció el uso del fuego como método rápido y económico para despejar las tierras, ya que la quema de bosques es una técnica tradicional utilizada para desbrozar grandes áreas de vegetación.
Evo y el modelo de desarrollo productivo y la expansión agroindustrial
El gobierno de Morales impulsó un modelo de desarrollo productivo basado en la expansión del sector agrícola y ganadero, considerado un pilar económico para el país. Para aumentar las exportaciones y mejorar la producción de alimentos se incentivó la expansión de cultivos industriales como la soya y de la ganadería, particularmente en el departamento de Santa Cruz, que se convirtió en el epicentro de la agroindustria criolla.
Tal enfoque priorizó el uso de tierras, muchas veces en zonas forestales, para la producción masiva, con incentivos para grandes empresas agroindustriales y pequeños agricultores. Aunque Morales se presentó como un defensor de la Pachamama (Madre Tierra), el énfasis en el desarrollo económico vía ampliación de la frontera agrícola condujo, en la práctica, a una mayor presión sobre las áreas forestales.
Los interculturales
Las organizaciones de interculturales, conocidas como colonizadores, han jugado un papel relevante en la quema de bosques en el Oriente, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Conformadas principalmente por campesinos migrantes de las zonas andinas y valles asentados en tierras bajas en el marco de políticas de redistribución de tierras y colonización impulsadas por varios gobiernos, incluida la gestión de Morales, han tenido una influencia inmensa en la expansión de la frontera agrícola y, en consecuencia, en la deforestación y la quema de bosques en la región.
Los colonizadores, que se reagruparon como organizaciones interculturales, han sido protagonistas del crecimiento de la frontera agrícola. Al ser asentados en áreas previamente cubiertas de bosque, muchos de ellos recurrieron a la quema de bosques como método para limpiar y preparar la tierra para la agricultura.
El gobierno de Morales impulsó políticas de redistribución de tierras con el argumento de justicia social y soberanía alimentaria, concediendo títulos de propiedad a comunidades campesinas e interculturales en el Oriente. Muchas de estas tierras estaban cubiertas de bosque y se localizaban en áreas sensibles desde el punto de vista ecológico.
Minería ilegal y narcotráfico
La minería ilegal del oro y el narcotráfico juegan un papel decisivo en la quema de bosques y la deforestación, especialmente en la región amazónica y las zonas protegidas del Oriente. Estas actividades ilícitas han contribuido a la degradación de los ecosistemas forestales no solo por la destrucción directa de la cobertura vegetal, sino también por el impacto de las redes criminales y económicas que operan en estos sectores.
La minería ilegal del oro ha crecido exponencialmente, particularmente en la región amazónica, incluyendo áreas como Madre de Dios, la Chiquitania y otras zonas selváticas. Requiere despejar grandes áreas de bosque para establecer campamentos mineros y extraer oro utilizando técnicas que devastan el entorno, como la minería a cielo abierto. Para ello, a menudo se emplea la quema de vegetación ya que es un método rápido y económico para limpiar áreas selváticas. Además, estas áreas deforestadas y quemadas quedan irreversiblemente dañadas debido a la contaminación con mercurio y otros productos químicos empleados en la extracción de oro.
Uno de los efectos más devastadores de la minería ilegal es su impacto en áreas protegidas y reservas naturales. Regiones como el Parque Nacional Madidi, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, han sido gravemente afectadas por la minería ilegal, que no solo destruye el bosque, sino que además genera incendios como consecuencia de las prácticas de tala y quema.
La minería ilegal ha invadido otras áreas sensibles, como el Parque Nacional Carrasco y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), donde sus operaciones han provocado graves daños a los ecosistemas y han desplazado a comunidades indígenas que dependen del bosque para su subsistencia.
Narcotráfico y la expansión de cultivos de coca
El narcotráfico, especialmente ligado al cultivo de coca, ha sido otro factor clave en la deforestación y las quemas de bosques. Para expandir los cultivos de coca los narcotraficantes y agricultores vinculados al tráfico de drogas recurren a la deforestación y quema de tierras forestales. Muchas de estas áreas están en las regiones amazónicas y zonas protegidas, donde las plantaciones ilegales de coca son establecidas tras la tala y quema de bosques para despejar terreno.
Las áreas más afectadas por la expansión de los cultivos de coca y las quemas incluyen el Chapare y los Yungas, aunque recientemente ha comenzado a extenderse hacia áreas del Parque Nacional Madidi y otros territorios amazónicos.
El narcotráfico promueve la deforestación al facilitar actividades económicas ilícitas relacionadas, como la expansión de infraestructuras clandestinas (pistas de aterrizaje, laboratorios) y el comercio ilegal de madera. Existen vínculos entre la minería ilegal del oro y el narcotráfico, ya que ambos sectores suelen operar en las mismas regiones, muchas veces bajo redes criminales compartidas. En algunos casos, los grupos criminales que controlan la minería ilegal están involucrados en el tráfico de drogas, utilizando los mismos corredores para transportar drogas y minerales ilícitos.
¿Qué hacer?
La quema de bosques en 2024 representa una crisis ambiental, social y política de gran envergadura. Las causas subyacentes, que incluyen la expansión agrícola, la falta de regulación y el cambio climático, han hecho que estos incendios sean cada vez más frecuentes y destructivos. Aunque el Gobierno ha tomado medidas valiosas, es evidente que se necesita una acción más decidida y coordinada para proteger los bosques y las comunidades que dependen de ellos. Las soluciones deben incluir políticas más estrictas de protección forestal, una mayor inversión en la aplicación de la ley ambiental y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Solo mediante un enfoque integral será posible enfrentar esta crisis y preservar los valiosos ecosistemas para las futuras generaciones.
Es crucial que el Gobierno, en colaboración con el sector agroindustrial, promueva políticas más sostenibles, como el fomento de la agroforestería, la reforestación y el uso de prácticas agrícolas menos agresivas con el medio ambiente.
El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de desarrollo agrícola y la protección de los ecosistemas forestales. Es esencial que se implementen políticas más estrictas de manejo de tierras, capacitación en prácticas agrícolas sostenibles y una aplicación más efectiva de las leyes ambientales para reducir la quema de bosques y la deforestación en el Oriente.
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