Por Diego Portal-.
La intervención y asalto a tres unidades militares en el Chapare cochabambino, tomando como rehenes a los efectivos militares de los recintos y la apropiación de armamento y munición propia de las Fuerzas Armadas, muestra el extremo al que ha llegado la supuesta movilización social que mantuvo cercada a la ciudad de Cochabamba durante 19 días, ocasionando millonarias pérdidas al país y enromes perjuicios a prácticamente a todos los sectores de la sociedad.
Tuvo que ser la decisión del Gobierno de actuar enérgicamente, en el marco de las prerrogativas constitucionales y levantar los bloqueos de caminos, la que diera lugar a que los bloqueadores fuesen replegándose antes de escapar o ser detenidos por las fuerzas del orden y se inicie el retorno a la normalidad en las rutas en el territorio nacional.
No fue necesario acudir a decretar un estado de excepción, pese al pedido de muchos sectores ciudadanos, sino únicamente ejercer con plenitud aquello que no solo lo faculta sino que lo manda la Constitución de garantizar el libre tránsito de los bolivianos y precautelar por la vida, la tranquilidad y la armónica convivencia entre los ciudadanos del país.
La decisión de los bloqueadores de un cuarto intermedio en sus acciones violentas en contra del pueblo, ante la decisión gubernamental de despejar las vías con todos los mecanismos que franquea la ley, es una demostración de que todavía es posible imponer el principio de autoridad como corresponde a un Estado de Derecho, en defensa de la democracia y las plenas libertades ciudadanas.
Pese a la virulencia demostrada en las casi tres semanas por los grupos radicalizados, que se atrincheraron detrás de supuestas demandas sociales en lo económico pero que solo servían para esconder sus verdaderos objetivos de lograr impunidad para su dirigencia, el Gobierno mostró que apuesta por el diálogo y que no es necesario responder a la violencia con más violencia, sino simplemente haciendo cumplir la ley.
Recuento de daños
Son por demás evidentes los perjuicios ocasionados en las casi tres semanas de bloqueo, particularmente en el aspecto económico. Numerosos sectores han sido afectados severamente. El autotransporte, los comerciantes, los productores agropecuarios, el turismo, entre otros, son los que han informado de mayores daños. Las estimaciones sobre son variadas.
Según los empresarios el daño podría superar los mil 700 millones de dólares, aunque resulta verdaderamente difícil tener una cifra definitiva puesto que incluso luego de superado este conflicto las pérdidas económicas seguirán surgiendo, como por ejemplo en el caso de los productores de pollos que han visto severamente afectada su cadena productiva. Los pequeños productores agrícolas se han visto obligados a echar en el camino los productos que tenían previsto comercializar en la región occidental del país. Nadie podrá reponerles esas pérdidas y se agravará la situación de este sector afectado además por problemas como la crisis climática y la sequía.
Esta situación, asimismo, ha determinado un casi incontrolable incremento en los precios de los productos de la canasta familiar, en particular de carnes de res, de cerdo y de pollo, de productos agrícolas como la papa, las hortalizas y otros, creando serios problemas en la economía de las familias.
El abastecimiento de combustibles en varias ciudades se ha visto también afectado, lo que ha provocado largas filas de motorizados en estaciones de servicio, que a su vez ha determinado que el servicio de transporte público urbano se vea mermado, así como la circulación de vehículos particulares, con el obvio perjuicio que ocasiona este tipo de hechos.
La imagen del país en el rubro turístico se ha visto muy deteriorada a raíz del conflicto precipitado por los grupos de cocaleros del Chapare. De acuerdo a los operadores del sector, se han cancelado la llegada de una cantidad considerable de grupos de turistas que habían confirmado con antelación su arribo al país. Esta situación llevará tiempo revertir ya que el tema de la inseguridad en las rutas internas repercute rápidamente entre los turistas que pese a tener la intención de visitaros prefieren evitarse riesgos para su integridad y su vida.
Si bien el departamento más afectado puede considerarse a Cochabamba, no es menos cierto que las acciones desestabilizadoras perturbaron a los departamentos de Santa Cruz y La Paz, tanto en la producción como en la comercialización de sus productos y en la paralización de las actividades en sus carreteras.
El chapare tierra de nadie
Por todo lo sucedido en el último tiempo habrá que analizar con más detenimiento qué es lo que está pasando verdaderamente en la zona del Chapare cochabambino. La escalada de violencia que registra, más allá de la situación coyuntural, debiera empezar a preocupar no solo al Gobierno, sino a todos los bolivianos.
Desde hace largo tiempo se señala que en esa región se han establecido grupos delincuenciales dedicados a la producción de droga a partir de la coca excedentaria en la zona. Dichos grupos han instaurado regímenes de violencia en contra de quienes intentan oponerse a su ilícita actividad, habiéndose registrado noticias no siempre esclarecidas de secuestros, ajustes de cuentas y la comisión de una serie de delitos.
El conflicto de las últimas semanas, que tiene su base de operaciones principal en el corazón del trópico cochabambino, ha puesto en evidencia la ausencia del Estado allí.
La intervención de tres unidades militares, la toma de rehenes y la apropiación de armas y municiones de propiedad militar, más allá de tratarse de delitos de suma gravedad deja entrever la existencia de otros intereses que rebasan los supuestos asuntos políticos o económicos que se pudieran estar reivindicando con las acciones de protesta de los cocaleros afines Evo Morales.
Existe una serie de coincidencias entre lo que pareciera estar sucediendo en la región cochabambina con lo ocurrido en el pasado reciente en países como Colombia, México o Perú, precisamente en regiones vinculadas con la ilícita actividad del narcotráfico, que se han convertido en verdaderas tierras de nadie, sin leyes ni autoridades que no sean las propias mafias.
Esta situación debe hacer que se enciendan todas las alarmas, sin importar posiciones políticas, ni de ninguna otra naturaleza, para precautelar la unidad del país y, fundamentalmente, no permitir que se instalen grupos violentos. Hacer la vista a un lado ante este problema o minimizarlo puede constituir una grave irresponsabilidad con Bolivia y con las futuras generaciones.
El hecho de que, pese al cuarto intermedio dispuesto por su principal dirigente en los bloqueos, haya una resistencia a cumplirlo en las poblaciones del Chapare debe llamar la atención profundamente puesto que puede ser una señal por demás clara de que detrás de las movilizaciones se esconden intereses que no solo persiguen la desestabilización del Gobierno, el adelantamiento de elecciones o la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado, sino la consolidación de un territorio libre de control estatal allí.
Mentiras y más mentiras
Hace una semana, precisamente en el Chapare, el expresidente Evo Morales resistió detenerse ante un control rutinario de la Policía (que verdaderamente son muy ocasionales debido a la intransigencia de los pobladores y particularmente de los dirigentes de ese sector) y para justificar su actitud inventó toda la trama de un supuesto atentado en contra de su vida.
La victimización ha sido un mecanismo permanente destinado a buscar respaldo en la opinión pública utilizado por el expresidente y su entorno, no solamente en este período de conflictividad particular, sino incluso desde cuando desempeñaba las funciones más altas del país, en gran medida con un buen apoyo de los medios de comunicación y últimamente de las redes sociales. Así, por ejemplo, la respuesta a las acusaciones por la comisión de los delitos de estupro y trata y tráfico que se encuentran en proceso de investigación a cargo de la Fiscalía Departamental de Tarija no ha sido la de someterse a las leyes y coadyuvar a la investigación bajo la presunción de su inocencia, sino la de declararse víctima de una persecución política buscando confundir a la población.
Justamente, tras reabrirse la investigación referida, se desataron una serie de acciones orientadas a enredar la causa como la denominada Marcha por la Patria y el último bloqueo, donde sus adherentes plantearon supuestas demandas sociales que no eran tales, sino únicamente pretextos dispuestos a encubrir las denuncias en contra de su principal dirigente.
Una derrota anunciada
El operativo desplegado por el Gobierno este último viernes para levantar los puntos de bloqueo, en el marco de las normas vigentes y con la participación de la Policía, ha desnudado una serie de mentiras de este movimiento desestabilizador. Pese a las invitaciones al diálogo y las advertencias de aplicar la ley, los radicales seguidores de Morales pensaron que el Gobierno no llegaría a tomar las acciones anunciadas.
Por ello, tras constatar que esta vez el Gobierno había decidido hacer respetar la ley y cumplir a cabalidad las funciones que le manda la Constitución, el movimiento radical entró en crisis, dando paso al anuncio del cuarto intermedio en sus medidas, el pedido de instalación de dos mesas de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados después de haber descartado cualquier negociación con el Ejecutivo por más de dos semanas y su curioso anuncio, para tomarlo con beneficio de inventario, de iniciar una huelga de hambre hasta que se instalen dichas mesas de diálogo.
Ese movimiento desestabilizador tuvo el rechazo casi unánime de los diferentes sectores de la población boliviana, no recibió la adhesión de absolutamente ninguna organización social, ni ciudadana, por lo cual su fuerza solo estuvo sostenida por la tolerancia del Gobierno. Desde el inicio ya se trataba de una acción derrotada por la inconsistencia de sus demandas y las mentiras sobre las cuales fueron construyendo su narrativa desestabilizadora, pretendiendo ocultar su verdadera faz golpista y antidemocrática. Sin embargo, como ya lo han adelantado sus dirigentes más radicales, van a pretender prolongar el clima de violencia a través de los bloqueos y de otros ejercicios de fuerza, pero evidentemente el pico de la acción desestabilizadora ha pasado.
Quedan temas pendientes de gran importancia, entre ellos el estatus del Chapare, la presencia estatal en esa región y la sanción judicial a los responsables de los daños causados al país y a la ciudadanía, reforzando la presencia de las instituciones del orden y militares en esa estratégica región ubicada en el corazón mismo de la patria.
El conflicto no ha terminado, pese la derrota sufrida hoy por los seguidores del evismo, en tanto no se establezca en la justicia la inocencia o culpabilidad de quienes han sido denunciados por la comisión de diversos delitos, algunos de ellos de enorme gravedad, y se siente un ejemplar precedente para que en el futuro los bolivianos no volvamos a ser rehenes de grupos delincuenciales de cualquier naturaleza.
Deja un comentario