Por La Época -.
Toda protesta social tiene un contenido de clase. Cuando las organizaciones sociales, en el sentido más amplio de la palabra, ya seas de “los de abajo” y “los de arriba”, impulsan una medida de protesta contra un gobierno determinado, lo que traduce en esa su medida es un interés o intereses específicos respecto al Estado o al gobierno contra el cual despliegan su fuerza. Este es un primer aspecto que no puede dejarse de tomar en cuenta al momento de hacer una caracterización de una movilización.
Un segundo elemento es que las acciones de protesta tendrán mayor o menor aceptación social, mayor o menor éxito, en la medida que lo que plantea el sector movilizado se convierta en el “interés general” de todos, así en el fondo, como ocurre en una sociedad dividida en clases sociales, sea solo el interés de una clase o bloque determinado. Es decir, la medida será totalizadora solo en tanto la mayor parte de la sociedad asuma que en esa protesta también están concentradas sus aspiraciones e intereses.
Un tercer aspecto a considerar es que cada clase o fracción de clase, por lo general, tiene métodos y formas de lucha determinados históricamente. Pero además pueden darse casos en los que el empleo de medidas de presión inherentes a la tradición de una determinada clase o fracción persiga fines muy particulares o personales, o incluso objetivos de una clase, bloque o fracción distintos a la suya. Es decir, que en la forma sea una movilización popular y el fondo sea una movilización basada en una concepción de clase ajena o que quiera conquistar intereses distintos de los suyos.
Y eso es lo que sucedió con el bloqueo de rutas que la facción “evista” llevó adelante desde la segunda quincena de octubre y que en parte explica su derrota. Desde el inicio la medida de protesta, que le ha significado una pérdida económica muy grande a la economía nacional, se había planteado el interés particular de un sector: el reconocimiento de su congreso en la zona chapareña de Lauca Ñ, y un interés personal del expresidente Evo Morales: que se le reconozca como candidato presidencial para las elecciones generales de 2025. Y ambos objetivos del bloqueo no solo que buscaban su resolución de parte de un órgano de poder que no tiene atribuciones constitucionales para eso, sino que no llegaron a sintetizar el interés de la población.
No se puede dejar de tener en cuenta que, primero la marcha de septiembre y luego el bloqueo de rutas –que no fue realmente nacional– se desplegaba contra un gobierno popular como el de Luis Arce, provocando efectos notoriamente adversos económica y políticamente, y que al buscar materializar el interés personal de alguien en los hechos convertía a la movilización en una no solo de carácter antipopular, sino que reflejaba una concepción burguesa de la Historia: colocar al individuo en el centro.
Con ese bloqueo lo más grave es que la facción evista ha terminado consolidando la instalación de una matriz político-ideológica en el imaginario de un amplio sector de la población: agotamiento del proyecto nacional-popular-comunitario que empezó en 2000 con la Guerra del Agua y que se concretó en las gestiones de los gobiernos del Proceso de Cambio: 2006-2019 con Evo Morales y 2020-2025 con Luis Arce. De esta manera, el expresidente indígena se ha convertido en el sepulturero de una de las revoluciones más profundas de nuestra Historia.
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