Por Rafael Villarroel * -.
La actual coyuntura vivida en el país ha despertado una serie de críticas hacia algunas líneas de Gobierno. Asimismo, ha surgido una corriente que exige una serie de medidas de ajuste, muy parecidas a las vividas a mediados de los años 80, invocando el famoso “ajuste estructural” que fue exigido a los países menos desarrollados. Esto resulta en una interesante invitación a la reflexión sobre la oportunidad de utilizar estas medidas.
Algo que debemos recordar es que esas medidas seguían una línea impuesta desde los organismos internacionales que se conoció como el Consenso de Washington, que básicamente exigía la reducción del Estado, la entrega de empresas públicas a manos privadas, la liberalización interna y políticas de libre mercado.
Algo que pretenden no reconocer quienes propugnan un ajuste estructural al estilo de los 80, en la cresta de la ola del Consenso de Washington, es que el costo para quien es más vulnerable es terrible, y en muchos casos plantea un retroceso casi irreversible en el desarrollo de los seres humanos que componen al Estado. Estas consecuencias de magnitud también resultaron en la exigencia para la construcción de lo que se denominó luego como un “piso de protección social”, con una presencia tangible del Estado y apoyos estatales en dinero.
Quienes atacan los apoyos gubernamentales pretenden desconocer que las Transferencias Monetarias Condicionadas no son un invento populista precisamente, sino que obedecen a una respuesta ante el ataque sufrido por las poblaciones más golpeadas por los ajustes estructurales macroeconómicos que prometían en su tiempo. La recomposición de las condiciones con base en la actuación de los privados y el achicamiento del Estado que a todas luces resultó en una falacia que lanzó a la calle y la margen inferior de la línea de la pobreza a un gran número de hombres mujeres y niños. Que en realidad es lo que produjo la construcción de ese “piso” protector.
Del mismo modo, no debe perderse de vista que países como Brasil o México fueron los primeros en presentar respuestas a los problemas que produjo el ajuste en la estructura socioeconómica latinoamericana –como lo explica Pía Riggirozzi en un estudio de reciente data recogido por Clacso– implementando medidas como programas Progresa/Oportunidades y Bolsa Escola, en 1997 y 2001 respectivamente, donde se implementaron transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar o controles médicos, con resultados que mitigaron desigualdades en una creciente población que ingresaba al empleo informal ante la falta de resultados en plano social del ajuste estructural propugnado en los 80. Pero además de esto implementaron medidas similares en sociedades “altamente liberales” como la chilena, con apoyos como AUGE para el apoyo de garantías explícitas.
En suma, y como respuesta a esta creciente corriente de cuestionamiento, si bien es necesario pensar en un ajuste igual lo es tener presente que no es posible el sacrificio de quienes están en una posición más vulnerable en aras de la cifra macroeconómica, puesto que resulta en llagas terribles y difíciles de sanar en el semblante social.
* Economista.
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