La Paz (ABI).— Once de los 22 casos de infanticidio registrados en Bolivia durante los primeros nueve meses del año tienen como víctimas a niños de entre cero y dos años de edad, informó el fiscal superior de Vida y Personas de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo.
“Estamos hablando de seres humanos que no estaban en condiciones ni de pedir ayuda ni menos de defenderse. Eso nos llama profundamente la atención”, declaró Fajardo a la privada Unitel, al destacar la gravedad de los hechos y la necesidad de fortalecer la prevención y el control social frente a este tipo de delitos.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, los 22 casos se distribuyen del siguiente modo: seis en Cochabamba, cinco en La Paz, cinco en Santa Cruz, tres en Oruro, dos en Potosí y uno en Chuquisaca.
El fiscal recordó que, a la misma fecha en 2024, se habían registrado 27 casos de infanticidio, por lo que, aunque existe una leve reducción, el número sigue siendo alarmante por la vulnerabilidad de las víctimas.
En cuanto al estado procesal de los casos, Fajardo detalló que ocho se encuentran en etapa preparatoria con el presunto autor detenido preventivamente; uno fue cerrado por fallecimiento del sindicado; cinco ya cuentan con sentencia mediante procedimiento abreviado, y cinco permanecen en etapa preliminar de investigación.
Infanticidio en la legislación
El infanticidio está tipificado en el artículo 258 del Código Penal boliviano, que establece: “La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será sancionada con privación de libertad de uno a tres años. Si el delito es cometido por el padre, los ascendientes o quienes tengan la guarda o custodia del menor de doce años, la sanción será de treinta años de presidio sin derecho a indulto.”
No obstante, cuando el hecho no responde a las circunstancias específicas del puerperio y el niño tiene más de 12 meses, la conducta se considera homicidio o asesinato, dependiendo de la existencia de agravantes como la crueldad o la indefensión de la víctima, lo que también puede implicar la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
El Ministerio Público mantiene activo el Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina con los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) y la Policía Boliviana el seguimiento de los casos y la atención a los familiares de las víctimas.
El fiscal Fajardo insistió en que los casos de infanticidio reflejan un grave problema estructural vinculado a la violencia intrafamiliar, la desprotección de la primera infancia y la falta de redes de apoyo.
“No podemos naturalizar que los más indefensos sean víctimas de actos tan extremos. La sociedad entera tiene que reaccionar”, remarcó.
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