Después de que el 19 de octubre se decida en las urnas, en una inédita segunda vuelta desde la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, cuál de los dos candidatos a la presidencia –Rodrigo Paz Pereira del PDC o Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre– asumirá la conducción del Estado Plurinacional desde el 8 de noviembre venidero, tres preguntas, entre varias que saldrán a flote al momento del balance, serán inevitables1: ¿es la izquierda o el progresismo la responsable de la derrotada? ¿Es Luis Arce, el presidente saliente, o Evo Morales, el principal causante de la victoria política electoral de la derecha? ¿La derrota es de dimensiones tácticas o estratégicas? ¿Hay la amenaza de la instalación de una o dos formas de excepción, de tendencia fascistoide?
Las respuestas iniciales, con escasa reflexión todavía, saldrán desde las reducidas trincheras mentales con las que se encaró las distintas coyunturas políticas a lo largo del período noviembre 2020-noviembre 2025, en un contexto de implosión social y político que, no hay duda, fue alimentado y desarrollado por la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Las acusaciones, descalificaciones, victimizaciones y lamentos ayudarán poco a identificar las causas objetivas de lo que pasó. La guerra interna continuará y la disputa por “controlar” los movimientos sociales, débiles y coptables, será durísima. Las miradas cortas levantarán el dedo acusador contra Luis Arce, a cuyo Gobierno el amplio espectro de la derecha y una facción del campo nacional-popular no lo dejaron gobernar durante cinco años a través de acciones legislativas y, de hecho, lo que no quita, sin embargo, como ocurre en la realidad concreta, que muchas de esas acciones se hayan montado sobre errores y decisiones tácticas equivocadas de parte del Gobierno. Los de mirada más larga, que es lo que se necesita, encontrarán este desenlace amargo en las causas estructurales que acompañaron al proceso más profundo de la historia de Bolivia visto desde los intereses de clases subalternas. Entre ellas, la de ser una revolución parcialmente política que desde 2010 se estancó y no se radicalizó hacia convertirse en una revolución social que removiera los cimientos del capitalismo.
Entre un balance que se desprende de la ira y la frustración, difícil de soslayar, hasta otro reposado y útil para volver a empezar, transcurrirá un determinado tiempo político. Pasar de un momento de pasión improductiva hasta otro momento adecuado, cargado de optimismo y objetividad para el balance serio, producto de la crítica y la autocrítica, requerirá un tiempo necesario al cabo del cual se generarán condiciones subjetivas, pues las objetivas saldrán de las medidas antipopulares y antinacionales que tomará la derecha en el Gobierno, para aportar elementos al rearme de las clases subalternas en su resistencia y lucha que, para ser emancipadora, debe ser obligatoriamente anticapitalista, antimperialista, anticolonial y antipatriarcal.
Después de dos décadas
Lo cierto es que la derecha, después de 20 años y un golpe de Estado en 2019, que fuera derrotado en un año por la fuerza del pueblo, ocupará el Órgano Ejecutivo, el centro formal e institucional desde donde se gobernará en función de los intereses de la burguesía hegemónica cualquiera que sea el ganador de la segunda vuelta. Tanto uno como otro candidato, en el fondo de sus concepciones y prácticas de clase rechazan lo que se hizo durante el llamado Proceso de Cambio, así como no encuentran en el Estado Plurinacional la forma de organización jurídico-política más adecuada para defender y proyectar sus intereses de clase.
Por eso se hace necesario definir los rasgos centrales o el carácter del Gobierno que vaya a surgir del acto electoral del 19 de octubre y de su posesión el 8 de noviembre pasado. Pero mucho más importante, estratégicamente hablando, es caracterizar el momento político en el cual se desarrollará la lucha de clases, tras la derrota registrada que trasciende lo electoral. Es más, lo que ocurrió en las elecciones de agosto, donde las candidaturas del progresismo –dos en papeleta y una fuera de ella– fue, para muchos, la crónica de una muerte anunciada. La izquierda, como tal, no estuvo presente en las elecciones pasadas, pero no por la ausencia de la facción “evista”, cada vez más nacionalista y conservadora, sino por el carácter marginal que las organizaciones han tenido desde inicio del Proceso de Cambio.
El resultado electoral de agosto pasado, en la que los tres primeros lugares fueron ocupados por los partidos de la derecha, se dio en un contexto de profunda división de la izquierda y el progresismo, lo que ya expresaba una determinada consecuencia de la crisis política del Proceso de Cambio. Todos los votos por el progresismo y la izquierda, siendo amplios en el empleo del concepto izquierda, no pasaron del 31.55%, aún asignando a la facción del expresidente Evo Morales el total de los votos nulos (19.87%). La hipótesis de que todo el progresismo junto habría ganado las elecciones de agosto parte más de una sensación de angustia que de una objetiva lectura política. En primer lugar, si el bloque popular participaba con una sola candidatura, la derecha habría ido igual con un solo candidato o aún con varios en la primera vuelta, en una segunda vuelta se habría unificado alrededor de la consigna que se vayan los masistas. El rechazo a la continuidad de la presencia de un Gobierno del MAS se constituyó en un sentido común en la mayor parte de la población, aún en sectores rurales.
Es difícil de reconocer y digerir que Bolivia está ingresando a una coyuntura política en la que se ha reinstalado con fuerza el sentido común de que el capitalismo es la mejor forma de organización económica y política para cristalizar los sueños de la gente, particularmente de la creencia de que el éxito individual depende de la capacidad de sacrificio de quienes quieren alcanzar sus metas. De ahí que en bastiones populares como la ciudad de El Alto de La Paz y el Plan 3000 de Santa Cruz hayan prendido lemas como los de “capitalismo para todos” y el “país de propietarios”.
Sobre la base de esa victoria ideológica, que ya marca el retroceso al cual llegó el Proceso de Cambio, tiene causas coyunturales y estructurales más profundas. Las medidas programáticas y políticas que tome el Gobierno de derecha serán en inicio bien recibidas por la mayoría de la población, lo cual ya refleja el carácter regresivo frente a todo lo que se hizo desde 2006 hasta 20025. Bolivia ha ingresado a un momento de contrarrevolución, desde antes de las Elecciones Generales de agosto, cuya duración e intensidad es difícil de predecir.
Lo que estamos señalando es que el carácter de la coyuntura es reaccionario. En materia económica se recurrirá a la vieja, pero no por eso desechada receta neoliberal del ajuste estructural que, como muestra la experiencia boliviana del período 1985-2005, desmantelará y transnacionalizará las empresas del Estado, echará a cientos de miles de trabajadores al asfixiante abrazo del desempleo, reducirá la inversión pública para sostener los servicios de salud y educación, así como abandonará la atención a las ciudades intermedias y zonas rurales. Las consignas lanzadas por la facción de Evo Morales de que Luis Arce ha sido el peor presidente de la historia de Bolivia, que el desastre económico y la corrupción son el sello de la gestión, no solo que la derecha las ha recogido con gran entusiasmo, sino que las ha ampliado para descalificar a todo el Proceso de Cambio desde enero de 2006. De la guerra interna no salió ganadora ninguna de las facciones en pugna, sino la derecha. Es sobre la base del descrédito de la gente, particularmente de las zonas urbanas que ya cuentan con la mayor concentración de la población, que la derecha no tuvo que hacer mucho esfuerzo para instalar en el imaginario colectivo de que todo fue un engaño y que la izquierda fracasó.
En materia internacional se anulará la autonomía estratégica que el Estado Plurinacional obtuvo respecto de los Estados Unidos, al que ya se le rinde tributo. Ambos candidatos se disputan el escenario mediático para demostrar que tienen el respaldo del imperialismo, tras su visita a ese país. Sin embargo, es probable que, por razones pragmáticas, no se rompa relaciones bilaterales con China y Rusia, lo cual no implica mantenerse en los Brics. Se hará causa común con otros gobiernos de derecha de la Región para relativizar el papel de la Celac y aumentar la importancia de la OEA, y no hay duda del abandono del ALBA. Es decir, la política exterior hacia América Latina y el Caribe será la que los Estados Unidos le pidan al Gobierno, lo cual además implica legitimar la guerra multidimensional que se despliega contra las revoluciones venezolana, cubana y nicaragüense.
Los dos candidatos no se han diferenciado en lo central frente a dos hechos de magnitud internacional: el genocidio que lleva adelante Israel contra el pueblo palestino y la multifacética agresión que la administración Trump despliega en contra de la República Bolivariana de Venezuela con el pretexto desenterrado de la Guerra contra las Drogas impulsado desde la administración Nixon y que adquirió mayor fuerza con Reagan. Uno de ellos, heredero del expresidente Jaime Paz Zamora, no ha realizado ninguna declaración de condena o al menos de crítica a las acciones sionistas. El segundo, más conectado con la política de Israel, tampoco habló sobre lo ocurrido en Oriente Medio, aunque respaldó lo que hacen los Estados Unidos contra Venezuela. Pero si hay algo que pinta el cuerpo entero a los dos candidatos para la segunda vuelta por su sometimiento a los mandatos de los Estados Unidos es su silencio respecto de la amenaza de intervención militar estadounidense a Venezuela, como primer paso para arremeter luego contra Cuba y Nicaragua.
Por tanto, es previsible que cualquiera de los dos que sea presidente rompa, mínimamente, relaciones con Venezuela, deje una medida similar todavía en suspenso contra Cuba, restablezca la presencia de la Embajada de Israel con el que el Gobierno de Arce rompió relaciones bilaterales y baje de nivel o pida la salida de la representación de la República islámica de Irán.
Tampoco queda duda de que el presidente de derecha restablezca de inmediato relaciones bilaterales con el Gobierno de los Estados Unidos al más alto nivel y que los funcionarios de la avenida Arce tengan las puertas abiertas en Palacio Quemado, además de volver a norteamericanizar la política de seguridad y defensa de Bolivia.
La magnitud de la derrota
Una primera aproximación es encarar la respuesta a la pregunta de si la derrota tiene una magnitud táctica, cuya recuperación será en el corto plazo; o si, por el contrario, más bien es de alcance estratégico. La hipótesis de que es táctica y además temporal se fundamenta en dos criterios de orígenes distintos: de un lado, los que sostienen que la fuerza del voto nulo de agosto pasado es la base de la cual partir para trabajar en la base social rural y de determinadas capas urbanas en la reconstitución, bajo el liderazgo del expresidente Morales, del bloque indígena-popular. De otra parte están los que presuponen que las bases de una nueva insurgencia indígena popular se ubicarán en los efectos negativos que de inmediato provocará la aplicación de medidas de ajuste estructural que la derecha tiene preparadas. Ambas lecturas se fundamentan en la acumulación de lo social y en lo que está sucediendo en Argentina y Ecuador. El resultado será la victoria en las elecciones subnacionales (gobernación y alcaldías) de marzo de 2026.
Lo que subyace en ambas posiciones que otorgan un carácter táctico a la derrota electoral pasada es el criterio de que la derecha no ha logrado modificar el sistema de creencias instalado por el Proceso de Cambio en cerca de dos décadas y que los valores y principios consagrados en la Constitución Política del Estado serán los diques de contención de la ofensiva reaccionaria, primero, y de triunfo popular, después.
Una segunda aproximación es más bien pensar la derrota electoral como el resultado de la acumulación de otras derrotas previas. De esta manera la derrota tendría un componente estratégico. Esto querría decir que lo que ha terminado de cerrarse en agosto es la derrota experimentada en octubre-noviembre de 2019, cuando un golpe de Estado –con la complicidad de la Unión Europea (UE) y de los Estados Unidos, y el respaldo social significativo de fracciones, principalmente urbanas, de la pequeña burguesía–, se impuso ante un debilitado bloque indígena-popular en el Gobierno. El Gobierno de entonces no ofreció mayor resistencia al golpe de Estado y no se trasladó a la zona central del Chapare para seguir ejerciendo sus funciones, al menos temporalmente, en una suerte de expresión de doble poder.
El golpe de Estado que el bloque de derecha estaba preparando un mes antes de la realización de las Elecciones Generales con una consigna: fraude y desobediencia civil si ganaba el MAS con Evo Morales, se impuso con rapidez debido a una errónea táctica del Gobierno o como manifestación de que no había fuerza social suficiente para resistir y derrotar al proyecto golpista. La constatación de que el pueblo no se estaba movilizando en la magnitud que se necesitaba para derrotar el proyecto de derecha y del imperialismo norteamericano evidenció que el Proceso de Cambio había pasado de la ralentización al ocaso. Por lo demás, la derecha le sacó ventaja a una revolución que por no radicalizarse se empezó a debilitar progresivamente.
Ya en el momento que triunfa el golpe de Estado la pregunta consistía en saber si el gobierno de facto era un pequeño paréntesis dentro del Proceso de Cambio o si más bien este proceso de transformación, a la larga relativo, era solo un paréntesis dentro de la larga historia de dominación y explotación colonial y capitalista. A pesar de la recuperación del Gobierno en noviembre de 2020, tras una contundente victoria electoral en agosto del mismo año, una suma de varios factores mostraba el ocaso de la denominada Revolución Democrática y Cultural: el bloque indígena originario campesino daba señales de división a pocos meses de instalado el Gobierno del MAS, cuyos orígenes hay que rastrearlos en las diferencias que se presentaron sobre cómo terminó el Gobierno en 2019 y al tipo de resistencia que había que ofrecer al gobierno de facto. Empero, el triunfo electoral de noviembre de 2020 impidió que las profundas contradicciones en el campo nacional-popular, particularmente en el MAS, afloraran con fuerza.
Ya antes de cumplirse el primer semestre de 2021 no era posible ocultar el alto grado de tensiones dentro del MAS y los movimientos sociales. La historia, siempre cruda, como nos advirtiera Marx, demostró que se puede recuperar el gobierno, aún con una victoria contundente en el campo electoral, pero otra cosa es recuperar la potencia de un Proceso de Cambio. Hay un cúmulo de hechos objetivos que han confirmado que haber recuperado la democracia y el Gobierno entre agosto y noviembre de 2020 no ha significado la recuperación del Proceso de Cambio ni mucho menos haber elevado la Revolución Democrática y Cultural a un nivel superior. La estrategia imperialista de provocar una implosión en el MAS y las organizaciones sociales dio resultado. La autodestrucción funcionó.
Por tanto, el resultado de las Elecciones Aenerales de agosto de este año es consecuencia de la derrota estratégica del campo nacional-popular acumulada desde 2010, vaya paradoja pocos meses después de un contundente triunfo electoral de 2009 muy por encima de lo registrado en diciembre de 2005. Esto demuestra que no toda victoria en las urnas es equivalente a una victoria política. Las razones de esa desaceleración están en el principio de separación del Gobierno con los movimientos sociales, las organizaciones sociales reducidas a cumplir un papel simbólico y no de protagonistas como lo fue en período 2003-2009, antes y después de la histórica victoria electoral de 2005. Las elecciones de 2014 no cambiaron la tendencia, sino que se acentuaron luego de que en 2017 el Gobierno beneficiara con varias medidas a la agroindustria, la fracción hegemónica y poderosa de la burguesía boliviana.
La derrota de agosto de este año es resultado de la división y la guerra interna dentro del campo nacional-popular y del MAS, y debido a las debilidades e indecisiones del Gobierno para derrotar el bloqueo legislativo y social que terminó asfixiándolo todos los días. No ha existido en la historia boliviana, desde el repliegue de los militares a los cuarteles en 1982, un Gobierno sometido a una implacable guerra híbrida como el de Luis Arce. El presidente Hernán Siles Suazo de la Unidad Democrática Popular (UDP) se vio obligado a adelantar un año las Elecciones Generales, en un contexto de hiperinflación, que es la forma como se reveló la crisis estatal.
La recuperación del Gobierno en 2020, vaya paradoja, estuvo acompaña por riesgos aún mayores de los que se enfrentó antes y después del golpe de Estado de 2019. La amenaza de la fragmentación con el que se salía tras la derrota del gobierno de facto se fue convirtiendo en una lacerante realidad producto de la electoralización temprana que buscaba definir al candidato presidencial para las Elecciones Generales y la negativa de la vieja cúpula dirigencial de las principales organizaciones sociales a ser relevados por una capa de nuevos actores en el período de resistencia al gobierno de facto.
1 Este artículo forma parte de un texto más amplio publicado por la revista Izquierda de Colombia.
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