El pasado miércoles después del mediodía, en el corazón del barrio de Sopocachi, muy cerca del histórico Montículo paceño, en un hecho inédito en la historia democrática del país, un grupo de encapuchados procedió al secuestro del expresidente Luis Arce Catacora, un mes y días después de que este dejó el mando, supuestamente para dar cumplimiento a un orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.
Ilegalidad por donde se la vea
El procedimiento penal es totalmente claro en este sentido, se emite una orden de aprehensión cuando una persona debidamente citada y notificada no acude a prestar su declaración ante la autoridad competente por cualquier denuncia que curse en su contra. Si eso no ha sucedido, la única posibilidad de aprehender a alguien sin que hubiesen cumplido esos requisitos es la de la acción directa que está permitida realizarse cuando existe flagrancia, es decir en el momento mismo en que se está cometiendo un delito.
Ninguno de los dos supuesto antes mencionados se presentó para dar paso a la aprehensión del expresidente.
Este solo hecho, estrictamente procedimental, debió dar lugar a que el juez de medidas cautelares rechazará cualquier petición de la fiscalía de medidas cautelares en contra de Arce.
Pero, obviamente, la subordinación de la administración de justicia al poder político de turno se muestra por demás evidente, sin vergüenza alguna, operando desde fuera de la ley para determinar una detención preventiva que no procedía bajo ningún punto de vista, incluso suponiendo que la aprehensión hubiese sido legal. La resolución del juez parecía previamente redactada, seguramente se trataba de una orden del Ministerio de Gobierno que debía ser ineludiblemente cumplida por el operador judicial.
No había riesgo de fuga, puesto que el expresidente se encontraba desarrollando sus actividades de docencia universitaria con plena normalidad, tenía domicilio conocido desde mucho antes de que asumiera la Presidencia y no había posibilidad de obstaculización de la investigación, puesto que ha dejado de tener mando, o siquiera influencia, sobre las nuevas autoridades de gobierno. Estos tres puntos, sumados a su edad y al problema de salud que le aqueja desde hace muchos años y que es de conocimiento público, son razones suficientes para negar la detención preventiva.
Cortina de humo
En un mes de gobierno, Paz y Lara no han tenido la capacidad de ejecutar medidas que vayan a dar cumplimiento a las muchas promesas que hicieron en campaña. Lo que más ha sobresalido en este período han sido las pugnas internas entre ambos mandatarios, dentro y fuera de las redes sociales, las contradicciones entre el Presidente y sus ministros a propósito de entusiastas declaraciones del primero, por ejemplo en el tema de los recursos de la Gestora Pública. Apenas se dio a conocer la aseveración del Presidente sobre la desaparición de los recursos de la entidad, su Ministro de Economía salió a aclarar que lo que había dicho no era cierto y que lo que había dicho el Presidente en realidad no lo había dicho. En fin, como se dice vulgarmente, “quien explica se complica”.
Pero lo cierto y evidente es que más allá de los discursos alegóricos y de las acusaciones en contra del anterior Gobierno sobre corrupción, robo y ramas anexas, ni el Presidente ni sus ministros han aportado absolutamente nada sobre estas denuncias y menos se han presentado aquella de forma oficial al ministerio público para su investigación, que es lo que corresponde si es que realmente se quiere actuar con seriedad.
Fuera de las anunciadas medidas como la quita de impuestos que benefician solamente a los sectores oligárquicos, como el de las grandes fortunas o de las operaciones en moneda extranjera, además de levantar las restricciones para las exportaciones de productos agroganaderos, también de directo beneficio para el sector empresarial cruceño, no se ha hecho hasta ahora absolutamente nada para el país, mucho menos para las clases populares, que en realidad fueron las que le otorgaron el triunfo electoral al binomio Paz-Lara.
Es más, las largas colas para aprovisionarse de diésel continúan invariables, el dólar ha tenido una rebaja ficticia que se muestra en los informes diarios del BCB, pero que están muy lejos de la realidad cotidiana del mercado paralelo. Además esta supuesta rebaja del tipo de cambio de la moneda norteamericana no ha tenido ningún efecto en los precios de los productos de primera necesidad, como se podría pensar.
El precio del pan, oficialmente, ha tenido un incremento del 60%, admitido y reconoció por las autoridades gubernamentales, aunque en los hechos este incremento en el mercado ha llegado a superar el 100% y hasta el 150%. El precio de la carne vacuna, cuya exportación ha sido ampliada por el Gobierno en los últimos días, continúa subiendo, superando todos los picos históricos de este producto. Hoy la carne de res es un artículo de lujo en la economía de los bolivianos.
Pues entonces, ante este panorama de incapacidad o cuando menos de inacción del Ejecutivo, han tenido que acudir a otras acciones destinadas a desviar la atención de la ciudadanía. La ilegal aprehensión del expresidente Arce forma parte de esta forma de desviar la atención, al parecer con buenos resultados, puesto que los últimos tres días los medios de comunicación tradicionales y las mismas redes sociales han dado plena cobertura a este hecho, con los más variados enfoques, olvidándose de aquellos otros que son de mayor interés para el ciudadano de a pie.
Como es posible predecir que este tipo de cortinas de humo suelen desvanecerse en corto tiempo, con seguridad el Gobierno, bajo esa misma lógica, buscará otras acciones similares sin importar si estas se encuadran en la legalidad o no.
La renovada justicia
Desde hace unas meses atrás, a través de su presidente, el Tribunal Supremo de Justicia pretendió instalar la imagen de un nuevo período en la administración de justicia, plantando entre otras cosas la revisión del mecanismo de detención preventiva que habría estado siendo usada de manera arbitraria e incluso extorsiva, por no decir delincuencial, por policías, fiscales y jueces, en contra de miles de ciudadanos que, culpables o no de las acusaciones, tenían la mala fortuna de caer en manos de esos operadores judiciales.
En ese marco, y con mucha premura, cambiaron las resoluciones judiciales de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Pumari y otros políticos partícipes del golpe de 2019. Incluso llegaron, vulnerado principios jurídicos universales, a anular una sentencia en contra de Jeanine Áñez, ordenando su inmediata libertad.
Parece que la fiebre de apego a la ley ya pasó y los operadores de justicia se alinearon rápidamente dentro de las filas del nuevo gobierno.
Juicio de responsabilidades
Los delitos por los que supuestamente se acusa a Luis Arce, en su condición de ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, datan del año 2009, es decir, antes de la aprobación de la Ley 044 de octubre de 2010. ¿Qué significa esto? Que si la investigación sobre estos delitos se inició en aquella época los ministros de Estado de entonces se encontraban bajo otra normativa, la Ley 2623 de 1997, que sí les otorgaba juicio de privilegio, por lo tanto no pueden ser procesados en la justicia ordinaria. La ley aprobada posteriormente que quitó a los ministros ese privilegio rige para lo venidero, como sucede con cualquier norma, mucho más en materia penal. Entonces corresponde, quieran o no, un juicio de responsabilidades que debe tramitarse en primea instancia ante el Órgano Legislativo.
Bajo el mismo espíritu de la acusación fiscal en contra de Luis Arce, si se le acusa de incumplimiento de deberes, pese a que el no dirigía el Fondo Indígena, y se conoce la existencia de normas, no solo leyes, sino también decretos relacionados al tema, esta acusación deberá ampliarse a todos quienes aprobaron esas leyes y suscribieron los decretos, pudiendo llegar incluso bajo la misma lógica al expresidente Evo Morales. De ser así, la inclusión de Morales en la misma investigación necesariamente debería pasar por un juicio de responsabilidades, lo cual significaría que todos los demás acusados debieran ser procesados en la misma instancia. Es decir, nuevamente, si se quiere respetar la Constitución y las leyes, no corresponde un juicio ordinario. ¿No fue acaso esa la lógica para anular la sentencia en contra de Jeanine Añez?
Más amenazas y denuncias sin fundamento
Lo preocupante es que la incapacidad de gestionar el gobierno de parte de los actuales mandatarios esté derivando en la creación de estas cortinas de humo, de lanzar denuncias sin pruebas de ninguna naturaleza en contra de los anteriores gobiernos, eso sí ignorando la verdadera y probada corrupción del gobierno de Áñez del cual varios de sus operadores se encuentran desempeñando funciones en el actual gobierno, lo que también indica la orientación del Gobierno.
El vicepresidente Lara, en un mensaje de tiktok (cuando no) expresa su felicitación a la Policía por el secuestro del expresidente Arce, instándoles a que sigan en esa línea.
El presidente Rodrigo Paz, en un acto ayer en el Colegio Militar de Ejército, vanagloriándose de la detención de Arce, advierte (amenaza) señalando que muchos otros más seguirían los pasos del expresidente Arce.
Seguramente la ciudadanía, cuando depositó su voto por el binomio Paz-Lara, pensó que ambos podían trabajar en beneficio del pueblo, de esa crisis de la que la solución enarbolaron en campaña y no precisamente de esta forma, judicializando la política o politizando la justicia, simplemente para ocultar su entrega total a los intereses oligárquicos empresariales que, aunque sea como curiosidad, nunca apostaron por el binomio Paz-Lara, sino más bien fueron parte de una dura campaña a favor de los dos grandes derrotados de las elecciones de este año: Doria Medina y Jorge Quiroga, que al final son los que aparentemente están gobernando al país detrás de bambalinas.
- Por Diego Portal
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