Crónica de una guerra anunciada en el Caribe

El 2025 termina con una escalada política, policial y militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico latinoamericano. El auto denominado “presidente de la paz”[1] que pretende reemplazar a la ONU en su misión de búsqueda de la paz mundial[2], termina siendo un vulgar pirata, el representante del secuestro, el asesinato y la extorsión, en busca de negocios y dinero. Las relaciones exteriores de Trump 2.0 se conducen por un remedo de la “Doctrina Monroe” y sus “Corolario Roosevelt” de 1904 y “Corolario Reagan” en la década de los 80.

Así como en los 80 tuvimos los documentos Santa Fe I y II, ahora tenemos la recientemente publicada Estrategia Nacional de Seguridad de EE. UU que rebaja a EE. UU su cualidad de hegemon global, a cambio del dominio sobre el hemisferio. Para ello, cuenta con aliados americanos en América Latina: los actuales gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. La cancelación de Cumbre de las Américas y una tibia cumbre UE CELAC en Santa Marta[3] son una muestra de la profunda debilidad latinoamericana, que se refleja en una pobre reacción, salvo el caso de los dignos gobiernos de Brasil, Cuba y México. Tan solo China y Rusia en el plano global han tenido respuestas claras en contra de la agresión norteamericana[4]

“There will be no advances in negotiations with the United States if Marco Rubio is part of the team.” Luiz Inácio Lula da Silva.

Esto se traduce ahora en el ejercicio en los últimos cuatro meses de la “Doctrina del botín” y la política del bandolerismo a escala global, impulsado por sus promotores Marco Rubio, Pet Hegseth y Stephen Miller, que atentan contra el principio de libre navegación del Derecho Internacional del Mar. Así, primero golpea aliados con aranceles, interfiere en elecciones en países para obtener ganancias económicas; monetiza el uso de la fuerza mediante propuestas como la Riviera en Gaza, tierras raras en Ucrania y petróleo en su amenaza venezolana, venta de armas a la OTAN para ser entregadas a Ucrania.

Desde el 2005 el gobierno de EE. UU ha establecido diverso tipo de sanciones al gobierno de Venezuela, las mismas que fueron más duras a partir del 2017 en la primera administración de Trump. Varios anuncios administrativos a través de Ordenes Ejecutivas como la identificación de organizaciones narco terroristas, hasta el memo que declara el conflicto armado contra los carteles[5]. Por un lado, exceso en la denominación de una operación antinarcóticos, pues yerra en su objetivo. Comete los mismos errores del enfoque de Reducción de la Oferta que señalaba que “era mejor matar a las abejas en el panal que fuera de él”.

Ahora, se convierten en la máxima presión al gobierno de Nicolás Maduro. Este año, en el marco de la guerra contra la criminalidad y la migración ilegal, el presidente Trump emitió la declaración de organizaciones terroristas a organizaciones criminales principalmente mexicanas, colombianas, ecuatorianas y venezolana. A continuación, autorizó a operaciones de la CIA en territorio venezolano. Luego, les declaró guerra abierta a estas organizaciones[6], lo que llevó a que el 19/12 se declarara el fentanilo como un arma de destrucción masiva.

Diversos despliegues bélicos tácticos del Comando Sur en Puerto Rico, Guantánamo, Trinidad Tobago, aguas internacionales El Salvador y Panamá, exceden largamente un interés de interdicción propiamente; esto llegó a su situación más complicada con la llegada del portaviones Gerald Ford[7]. Luego se dio el anuncio de la costosa Operación “Southern Spear”[8] por parte del Departamento de Guerra, y atrevidas declaraciones de Rubio en el sentido de operaciones “en nuestro hemisferio”. Particularmente en el caso del despliegue militar de ocho barcos de guerra con capacidad de disparar misiles crucero “Tomahawk”, decenas de aviones F 35[9] y 15,000 soldados sobre Venezuela y potentes radares en Trinidad y Tobago[10]. El corolario de todo ello fue la realización de acciones militares directas contra embarcaciones sospechosas, e incluso la posibilidad de autorizar a privados a hacerlo[11]. Incluso el 2 de septiembre se produjo un doble ataque ordenado por el propio Hegseth, que incluyó a sobrevivientes del primer ataque[12]. Esto produjo el incidente con un subordinado, el almirante Bradley, a quien le atribuyó la decisión.

Luego vendría la declaración de exclusión aérea y el bloqueo petrolero a embarcaciones “sancionables” y la captura de dos de ellas[13], como las medidas más drásticas, que hacen recordar la “diplomacia de las cañoneras” del siglo XIX, así como hechos más recientes en la Panamá de Manuel Antonio Noriega en 1989. Se trata en realidad acciones de piratería, secuestro y terrorismo como en su momento EE. UU calificó las acciones de los Huties en el Mar Rojo contra barcos que comercian con Israel[14]. A renglón seguido se anunció el ataque con drones de una instalación portuaria del Tren de Aragua en Venezuela, pero no se dijo donde ni cuándo. La argumentación oficial, más que la reinstauración de la democracia opta por la legítima defensa (contra los carteles) o simplemente la recuperación de un “petróleo robado”.

Queda por determinar aún si tales acciones constituyen una sobre extensión de las facultades que tiene la Casa Blanca sobre el uso de medios militares en el exterior. ¿Debió consultar o pedir autorización al Congreso norteamericano, como ocurrió en 1991 y el 2002, respectivamente? Queda en absoluta duda la legalidad de las medidas que adopta la Casa Blanca, desde una perspectiva doméstica pues carece de la autorización del Congreso americano, quien detenta la potestad del uso de fuerza militar (War Powers Resolution); pero lo peor viene desde una perspectiva internacional, donde el bloqueo y las sanciones tienen impactos directos sobre la población civil y constituyen una violación al Derecho Internacional y el principio de libertad de navegación. O los 29 ataques militares sobre embarcaciones que han producido la muerte de 105 civiles constituyen crímenes perseguibles por la Corte Penal Internacional, sin haber suministrado evidencia rastreable sobre la existencia o posesión de alijos de droga, por parte del US Comando Sur[15]. Luego tenemos las acusaciones contra Panamá por haber roto los acuerdos de 1977 al haber permitido capitales chinos en los puertos panameños[16]. Acusaciones contra México por no entrega de agua de acuerdo con los tratados vigentes. Acusaciones infundadas sobre narcotráfico contra Venezuela e intentos de recuperación de” petróleo robado”.

La escalada del discurso y acciones en el marco de la “guerra contra las drogas” no tienen límite, lo que demuestra el predominio de la unilateralidad y la arbitrariedad, por sobre el consenso o el dialogo. Las amenazas de Trump no se detuvieron fueron luego hacia el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, al tiempo que se expandían las acciones militares contra embarcaciones en el Pacífico colombiano y amenazas a Petro y su entorno. “Colombia could be the next one” dijo el mandatario. Es la proyección de una relación de vasallaje sobre el conjunto del hemisferio, la misma que merece el rechazo y la condena de los gobiernos, la academia y el movimiento social latinoamericano.

Bajo un contexto tan complejo y convulsionado, existe la necesidad de pensar en un futuro en la contabilización de las reparaciones por los daños causados por la intercepción, bloqueo, el secuestro de naves[17] y petróleo venezolano. Es la principal bandera que debe poner la comunidad latinoamericana en un futuro post Trump.