La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La legisladora argumentó su denuncia al recordar que la Casa de Gobierno “no es propiedad privada”.
El texto judicial señala también como responsables al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez. Pagano calificó la decisión como carente de sustento administrativo legal y un «daño irreversible» al sistema republicano y al ejercicio profesional del periodismo, al considerar que la “prohibición” constituye una violación a la libertad de expresión y es “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”.
Desde el Poder Ejecutivo, la prohibición se oficializó bajo el argumento de un presunto caso de «espionaje ilegal» vinculado a la filtración de vídeos en medios locales. Las autoridades procedieron a inhabilitar las huellas dactilares de todos los trabajadores de prensa acreditados de manera preventiva, según informaron fuentes oficiales.
La medida generó una fuerte ola de críticas internacionales, ya que la inhabilitación se produce apenas semanas después de que se prohibiera el ingreso a medios críticos. La denuncia presentada sostiene que los funcionarios podrían haber incurrido en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Analistas políticos señalan que este bloqueo informativo ocurre en un contexto de creciente hostilidad oficial hacia los comunicadores que cuestionan el rumbo económico del Gobierno. El recurso de amparo interpuesto busca restablecer de inmediato el flujo informativo en la Casa Rosada para garantizar la transparencia pública de los actos estatales.
Finalmente, la situación en la sede gubernamental permanece en tensión mientras los periodistas acreditados aguardan una resolución judicial que les permita retomar sus labores cotidianas. El cierre de la sala de prensa simboliza una postergación informativa impropia de un sistema democrático que debe ser garantizado por el Estado.
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