Por José Percy Paredes Coimbra
La historia de Bolivia es igualmente la historia de una lucha permanente entre dos proyectos de país. Por un lado, el proyecto de las colectividades populares, indígenas, campesinas y trabajadoras que han luchado durante siglos por la soberanía nacional, la justicia social y la recuperación de los recursos estratégicos. Por otro, el proyecto de las élites económicas que históricamente han concentrado la riqueza, controlado la tierra y sometido el destino nacional a sus intereses individuales.
En este escenario, el llamado «problema regional» no puede concebirse estrictamente como una disputa administrativa sobre autonomías o descentralización. Detrás de los discursos sobre eficacia, modernización o desarrollo regional se encuentra una disputa mucho más profunda: la confrontación entre un proyecto nacional-popular y sectores de poder económico que, cuando ven amenazados sus prerrogativas y privilegios, están dispuestos a cuestionar inclusive la unidad misma de Bolivia.
Santa Cruz y la formación de una burguesía local poderosa
El desarrollo económico de Santa Cruz permitió el afianzamiento de una poderosa oligarquía agroexportadora emparentada a la gran propiedad de la tierra, los agronegocios, los hidrocarburos y las finanzas.
Esta burguesía regional amontonó enormes recursos económicos mientras amplios sectores populares continuaban resistiendo desigualdades estructurales. Durante décadas, el Estado boliviano financió infraestructura, carreteras, créditos y programas que facilitaron el desarrollo del oriente. Sin embargo, una vez solidificado su poder económico, parte de estas élites intentaron mostrar a Santa Cruz como una región aparentemente autosuficiente, desligada del destino histórico del resto del país.
El relato regionalista buscó apostar con la idea de que el ascenso y progreso cruceño era únicamente resultado del esfuerzo empresarial privado, invisibilizando la contribución de miles de trabajadores, migrantes del occidente, pueblos indígenas y recursos nacionales que contribuyeron definitivamente a ese desarrollo.
La crisis de la «Media Luna»
El punto más crítico de esta confrontación se originó entre 2006 y 2008, durante el primer gobierno de Evo Morales.
El arribo al poder del primer presidente indígena de Bolivia simbolizó una metamorfosis profunda del sistema político nacional. La nueva agenda impulsó la nacionalización de recursos estratégicos, la reforma constitucional y el reconocimiento del Estado Plurinacional.
Fue precisamente en ese contexto cuando surgieron con mayor fuerza los movimientos autonomistas radicales. La confrontación no era exclusivamente territorial. Era una lucha por el poder político, económico e ideológico del país. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija articularon un bloque político conocido como la «Media Luna», que promovió estatutos autonómicos y referendos regionales no reconocidos por las instituciones nacionales de la época.
Mientras los movimientos populares impulsaban una Bolivia más integrada, soberana y redistributiva.
La confrontación alcanzó niveles de alta tensión política, movilizaciones masivas, ocupación de instituciones públicas y conflictos territoriales que algunos analistas consideraron una amenaza potencial para la unidad del país.
El separatismo como instrumento de defensa de privilegios: autonomía, federalismo o separatismo
Uno de los elementos más complejos del debate boliviano consiste en diferenciar tres conceptos que frecuentemente se confunden: la autonomía departamental, el federalismo o el separatismo.
Entendiendo que la autonomía busca mayores competencias regionales dentro del Estado boliviano. El federalismo bosqueja una reorganización constitucional del país bajo entidades federadas y el separatismo, en cambio, implica la ruptura de la unidad estatal y la creación de una entidad política independiente.
Por tanto tenemos que decir que muchas demandas autonómicas respondían a reivindicaciones legítimas de descentralización, pero en el fondo surgieron corrientes que fueron mucho más allá, planteando el separatismo.
En los momentos más tensos de la crisis política boliviana, surgieron discursos que esbozaban una ruptura simbólica entre el oriente y el occidente, entre «cambas» y «collas», alimentando divisiones que históricamente habían sido utilizadas para dividir al pueblo boliviano.
A lo largo de la historia latinoamericana, las oligarquías han apelado repetidamente a proyectos regionalistas cuando perciben que los gobiernos nacionales amenazan sus privilegios económicos.
Cuando no pueden controlar el Estado, buscan debilitarlo. Cuando no pueden gobernar el conjunto del país, intentan construir y cimentar enclaves territoriales bajo su influencia.
La batalla por la tierra y los recursos el trasfondo económico del problema
Más allá de los discursos políticos, el conflicto expresó una disputa por el control de recursos estratégicos. Santa Cruz agrupa una parte significativa de: La producción agroindustrial, las exportaciones agrícolas, la actividad empresarial privada e importantes corredores comerciales.
Por eso en el fondo del conflicto se localiza una cuestión esencial: el control de la riqueza. La disputa por la tierra, los hidrocarburos, los recursos naturales y la orientación del modelo económico constituye el verdadero núcleo de la confrontación.
Las grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos, el poder de los grupos agroexportadores y el dominio de determinados sectores empresariales explican buena parte de las tensiones que atraviesan la política boliviana.
Para los movimientos populares, la unidad nacional es una condición indispensable para avanzar hacia un modelo de desarrollo que beneficie a las grandes mayorías.
Para sectores de la burguesía regional, en cambio, una mayor autonomía económica y política aparece como una herramienta para preservar espacios de poder frente a procesos de redistribución social.
La unidad nacional como tarea revolucionaria
La disputa tiene particularmente una dimensión cultural e identitaria. La experiencia histórica señala que los pueblos divididos son más endebles y vulnerables a la dominación económica y política.
Mientras el proyecto promovido desde La Paz planteaba una Bolivia plurinacional basada en el reconocimiento de los pueblos indígenas y campesinos, ciertos sectores regionalistas demandaban una identidad «camba» diferenciada del mundo andino.
Esta construcción identitaria se convirtió en uno de los manuales centrales de la confrontación política y mitológica de aquellos años.
Desde una perspectiva nacional-popular, la defensa de la unidad de Bolivia no constituye una consigna indeterminada ni puramente patriótica. Es una necesidad estratégica para plantarse las desigualdades estructurales y construir un proyecto de transformación profunda.
La unidad nacional no significa uniformidad ni negación de las identidades regionales. Significa articular la diversidad del país en torno a un horizonte común de soberanía, justicia social y desarrollo compartido.
Las luchas de los pueblos indígenas, campesinas, obreras y populares han confirmado que Bolivia es mucho más fuerte cuando actúa como una sola nación y no como un conjunto de territorios contrapuestos por intereses particulares.
El desafío histórico
Hoy, el fantasma de la desintegración regional sigue presente, aunque bajo nuevas formas. Las disputas económicas, los conflictos políticos y las tensiones ideológicas continúan alimentando proyectos confrontados de país.
La gran interpelación para el futuro boliviano es si predominará un modelo encaminado por los intereses de grupos económicos concentrados o un proyecto nacional capaz de integrar a trabajadores, campesinos, indígenas, clases medias y sectores productivos en una estrategia común de desarrollo.
La historia de Bolivia nos muestra que cada vez que las élites han pretendido dividir al pueblo entre regiones, identidades o territorios, quienes más han perdido han sido las mayorías populares.
Por ello, la defensa de la unidad nacional no es simplemente una cuestión geográfica. Es una lucha política, económica y cultural. Es el forcejeo entre quienes imaginan a Bolivia como una comunidad de destino compartido y quienes la ven como un conjunto de espacios predestinados a la reproducción de privilegios.
En última instancia, la batalla contra la desintegración no es otra cosa que la batalla por la soberanía nacional, por la justicia social y por el derecho de las grandes mayorías a cimentar su propio futuro.
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