Bogotá -. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, celebró hoy los avances del sistema de justicia transicional en Colombia, justo cuando ese tribunal denuncia una estrategia gubernamental para reducir su operatividad.
“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, afirmó Türk en un comunicado conocido en esa capital.
El funcionario de la ONU celebró que, a 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, los logros alcanzados contribuyen a promover los derechos de las víctimas del conflicto armado y allanan el camino hacia una convivencia pacífica y una seguridad sostenibles.
Desde la pasada semana, exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y otros hallados como máximos responsables que pertenecían al Ejército trabajan de manera conjunta en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, para ayudar localizar e identificar a personas desaparecidas.
El proyecto forma parte de las sanciones propias con contenido restaurativo para las víctimas, establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz.
De acuerdo con la letra del pacto firmado en 2016, las personas acusadas de graves crímenes y violaciones que reconocieron su responsabilidad deben cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas privativas de la libertad en una prisión.
A juicio de Türk, la colaboración conjunta entre antiguos adversarios constituye una contribución a la verdad, a la reparación y a la sanación de las familias afectadas por las confrontaciones.
También remarcó la necesidad de que el Sistema Integral de Paz, que incluye a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, reciba financiamiento suficiente para cumplir plenamente su mandato vital.
“Esto no puede ser un esfuerzo aislado. Los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional, establecidos en virtud del Acuerdo de Paz son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas. Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, aseveró.
La JEP denunció recientemente la puesta en marcha de una estrategia para conseguir su “desmantelamiento financiero” a través de iniciativas impulsadas desde el Congreso con el beneplácito del Gobierno.
La ponencia de presupuesto de 2027, cuyo articulado ya fue aprobado por las comisiones económicas de Cámara y Senado, incluye el recorte de 170 mil millones de pesos (51 millones 500 mil dólares al cambio actual) para ese tribunal.
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