Era bastante previsible que el Censo de Población y Vivienda 2012 iba a provocar reacciones distintas en cada uno de los departamentos y sectores sociales, ya que de sus resultados dependía la asignación de recursos y la distribución de escaños para la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Una debate honesto, técnico y político, conduciría, independientemente de la posición ideológica, a la admisión de dos datos de la realidad, testaruda como es: primero, el crecimiento demográfico es groseramente desigual, producto de las grandes asimetrías económicas y sociales regionales vigentes desde la fundación de la república y acentuadas desde la década de los 70. Segundo, que la distribución de recursos por número de habitantes no es una buena variable, sobre todo si actúa sobre la base de esas grandes desigualdades y si el objetivo es conquistar mayor igualación social.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La oposición, ante la imposibilidad de rebatir el buen comportamiento de la economía y negar el alto nivel de respaldo ciudadano y social del que goza el gobierno, lo que hace es mover el avispero con métodos y discurso poco éticos.
Por un lado, se escuda en organizaciones cívicas —cómo en el año violento de 2008— que hablan por la totalidad de un departamento cuando en los hechos, como ha quedado demostrado en el paro de Potosí, solo representan parcialmente al mundo urbano y nada a los habitantes del área rural.
Por otro lado, emplean un discurso regionalista —como en el año violento de 2008— para ocultar su posición política frente al proceso de cambio y en la perspectiva de las elecciones de 2014.
A este grupo de opositores se ha sumado en el último tiempo un número reducido de personas que cuando estaban en función de autoridades estatales no miraban nada de lo que dicen ahora mirar, lo cual no solo demuestra un alto nivel de oportunismo sino una gran funcionalidad a los intereses de la derecha nacional e internacional.
La oposición no ignora que mantener el número de escaños por departamento y al mismo tiempo subir al departamento de Santa Cruz por su grado de crecimiento demográfico sostenido desde hace décadas requiere una modificación constitucional que en estos momentos no es posible hacer, salvo que se apueste a convulsionar al país con objetivos nada democráticos.
Sobre cómo distribuir los recursos, es evidente que si el objetivo del gobierno es seguir reduciendo las desigualdades regionales y las marcadas diferencias ciudad-campo, el criterio a emplearse debe superar la variable asociada al número de habitantes, para incorporar otras variables que garanticen equidad social y equilibrio regional. El país es uno solo.
Volvamos al principio. La oposición, si es honesta, debe cambiar de táctica si quiere tener perspectiva. El rechazo “por principio” a todo lo que hace y dice el gobierno no le dará mayor respaldo de lo mínimo que ahora tiene.
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