por: Sergio Salazar Aliaga
Reglas inconclusas
Ya son diez años los que vivimos en un proceso de proyecto y reformas, cuya síntesis fue la “Asamblea Constituyente”, que pasó por avatares, errores, aciertos y problemas.
Pero el proceso constituyente no ha terminado si nos disponemos a dejar de lado la aplicación del texto constitucional y la batalla de la interpretación y aplicación en materia jurídica, estrictamente de leyes. Y es que existen temas que se han comportado de manera conservadora: por ejemplo, la opción sexual y la despenalización del aborto, sobre los cuales en vez de avanzar hubo un retroceso, abordados desde una perspectiva más de reacción que de acción, más de prejuicios que de reflexión.
En el caso del Órgano Judicial hubo cambios significativos que, sin embargo, no pudieron frenar la mala administración de justicia, así el artículo 182 de la CPE establece: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal”.
Problemas del órgano judicial
Por esas razones es importante identificar los problemas que afectan al sistema judicial y a sus instituciones. Hoy el sistema de justicia boliviano adolece de un grave problema: su formulación no tiene sustento fáctico o empírico, y como consecuencia no tiene correspondencia con la realidad. Las políticas judiciales latinoamericanas en general, y las bolivianas en particular, han evolucionado bajo formas abstractas: son más producto de la elaboración teórico-dogmático que reflejo de conclusiones o estudios de investigación empíricos emprendidos a fines de un sistema de justicia. Se privilegia la teorización como fin y no como medio para la racionalidad del derecho.
En Bolivia no se tiene una clara definición del objeto de estadísticas, en las distintas perspectivas e intereses de las partes que componen el sistema de justicia (policía, tribunales, prisiones, fiscalías), y cada cual emplea indicadores que le parecen adecuados, sin que haya una previa búsqueda de criterios comunes o la compatibilización de los mismos. Por eso el Estado Plurinacional ha tomado la decisión de crear una unidad cuya visión integre sus áreas de trabajo: como la prevención del delito y el control del delito, inquietudes que convocan el próximo 3 y 4 de junio a la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien”, donde participarán diversos grupos y sectores políticos que tratarán de influir en la formulación y configuración de la política de Estado en el área de la justicia, por supuesto que cada uno con sus propios objetivos, finalidades y concepciones políticas; en ese sentido se podrá hablar de un pluralismo de visión de justicia.
Desafíos y propuestas
En la cumbre se abordarán las carencias de identidades u organizaciones encargadas de centralizar información estadística de todo el sistema, analizar e interpretar indicadores o datos por medio del cruce de variables y su relación o dependencia con otros factores (económicos, sociales, políticos, etc.). Los indicadores disponibles generales e imprecisos no forman un cuerpo coherente que permita con facilidad enfrentar el fenómeno de la justicia; y dicha falencia repercute en interpretaciones y análisis errados y en faltas de investigaciones. En este entender identificaremos cinco problemáticas en miras a la cumbre.
1. Existen muchos problemas y contradicciones en nuestro sistema judicial, por ejemplo, en el artículo 240 se establece que las autoridades del Órgano Judicial no se encuentran sujetas a la revocatoria de mandato, pero como una primera contradicción en los atributos del Consejo de la Magistratura en su artículo 195 se añade: “promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, comentan faltas gravísimas determinadas por ley”.
2. Como un segundo problema tenemos la baja coordinación entre la policía y el Ministerio Público, ya que el código de procedimiento penal establece que el director funcional de la investigación es el fiscal, es decir, que el investigador tendría que estar a total disposición, no obstante la Ley Orgánica de la policía determina que la investigación depende de su comandante, lo que refleja un primer problema de coordinación entre la Fiscalía y la policía. Agravando la falta que los investigadores constantemente son rotados y por lo tanto son pocos los que llevan una causa hasta el final.
3. Un tercer eje de dificultad o problema de nuestro sistema judicial es la baja aplicación, por parte de los operadores del sistema penal, y sobre todo sus salidas alternativas, ejemplarizaremos con el medio institucional para descargar el sistema penal a los delitos de menor relevancia social, que no ha sido posible porque se concibe a través de un sistema discrecional: el fiscal puede elegir si va haber una salida alternativa, algo que si bien está establecido en el código de procedimiento penal permite que los criterios de oportunidad se arreglen, la suspensión condicional del proceso, etc. Todo lo cual afecta la aplicación.
4. Un cuarto problema lo vemos en la excesiva duración de la etapa preparatoria del proceso penal, la cual tiene una duración de seis meses, y que, además, tiene la investigación preliminar que se realiza por el investigador antes de la etapa preparatoria, aún cuando el código de procedimiento penal establece cinco días para su realización, el cual termina por establecer que pueda ser ampliada pero sin fijar un plazo para esa ampliación. El Tribunal Constitucional, mediante una sentencia constitucional, ha determinado que es prorrogable por otros seis meses. Entonces tenemos seis meses de investigación preliminar, más seis meses de etapa preparatoria; con eso ya se está alargando fuera de los lineamientos de oportunidad establecidos en el código de procedimiento penal.
5. Una quinta problemática está en el fortalecimiento penal, a causa de que aún no contamos con instituciones fuertes, pues padecemos de una institución judicial que ha trabajado sin lineamientos estratégicos de políticas criminales, fallas en citaciones y notificaciones, etc.
Esperamos que al concluir esta Cumbre Nacional de Justicia se solucionen algunos de estos problemas y se apliquen nuevos códigos penales ya que los actuales deben prepararse en consonancia con la evolución de la realidad.
* Abogado, militante de Columna Sur.
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