por: René Rocha Plata
La solución debe ir por el lado de un apoyo integral, donde se facilite y mejore las condiciones de acceso y estabilidad laboral.
El conflicto al que se hace referencia en el título corresponde a las personas con discapacidad, el cual al parecer bajó su intensidad en los últimos días, pero aún así no se avizora una solución definitiva a esta problemática.
Recuento
Para entender este conflicto es necesario revisar cronológicamente la evolución de este problema. El mismo inició el miércoles 27 de enero del año en curso con una protesta y vigilia de las personas con discapacidad en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba. La demanda era clara, un incremento en la renta que percibe este sector, pasando de los Bs. 1000 anuales a los Bs. 250 mensuales o Bs. 3000 al año; las consignas decían “por una renta más digna”, exigimos un trato “igual que los abuelitos” – expresaban los dirigentes del sector.
Dicha petición no tuvo la repercusión esperada, razón por la cual en el mes de marzo las personas con discapacidad retomaron las medidas de presión, esta vez exigiendo ya no una renta de Bs. 250 al mes, sino de Bs. 500, amenazando con llevar adelante una marcha hacia la sede de gobierno para hacer escuchar su demanda. Bueno, como todos sabemos, se cumplió la amenaza y la marcha denominada “caravana por la vida” partió de la ciudad de Cochabamba el 21 de marzo, arribando a la ciudad de La Paz el 25 de abril, teniendo en esos días de caminata varios intentos frustrados de diálogo con el gobierno, como el de Caracollo y Patacamaya.
Normativas vigentes
Me gustaría detenerme un momento y presentar un pequeño resumen de las que considero las normativas más importantes emitidas a favor de este sector.
Con la Ley N°3925 del 21 de agosto de 2008, se elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos y se crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad, estableciendo un aporte anual de Bs. 40 millones que serán financiados vía Tesoro General de la Nación.
Mediante Decreto Supremo Nº256 del 19 de agosto 2009, se crea el consejo del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad. Posteriormente se aprobó el Decreto Supremo Nº445 del 10 de marzo de 2010, que reglamenta la utilización de los recursos del mencionado fondo para agilizar la ejecución de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
El 2 de marzo de 2012 se aprueba la Ley Nº 223 “Ley General para las Personas con Discapacidad”, que establece entre sus principios la asistencia económica estatal para personas con discapacidad grave y muy grave; también acuerda una renta solidaria que se pagaría a partir del 2013 y sería reglamentada por norma.
Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº1498 del 20 de febrero 2013, se reglamenta el pago de la renta solidaria a personas con discapacidad grave y muy grave, estableciendo un monto de Bs. 1000 anuales, siendo pagado en una sola cuota hasta el 31 de diciembre de cada gestión.
Intereses en conflicto
Pues bien, teniendo ahora los elementos normativos y cronológicos podemos entender de mejor manera este conflicto, donde las personas con discapacidad llevan más de 37 días en la sede de gobierno sin poder resolver sus demandas planteadas, se llevaron adelante muchos intentos de diálogo con el gobierno, sin embargo, todos fracasaron, debido principalmente a la intransigencia de este sector de no negociar la renta de Bs. 500 mensuales.
Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿es el bono la solución para los problemas de este sector?
Por lo descrito debo decir esta no es la solución, si tomamos en cuenta que este sector sólo a partir del 2013 es beneficiario de una renta solidaria de Bs. 1000 anuales, misma que al parecer no fue suficiente, lo que me lleva deducir que un incremento a Bs. 500 mensuales o Bs. 6000 anuales tampoco resolverá sus problemas de fondo, porque ¿quién nos garantiza que dentro de 3 o 4 años no tendremos otra marcha exigiendo otro incremento? La solución debe ir por el lado de un apoyo integral, donde se facilite y mejore las condiciones de acceso y estabilidad laboral, además de las condiciones de vida para las personas de este sector.
* Economista.
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