Por Luis Oporto Ordóñez *-.
La destrucción de archivos por causas políticas en los siglos XIX-XXI
La violencia política provocó destrucción masiva de Archivos en la historia nacional. A la caída de un régimen sobrevenía el asalto de las casas de políticos para destruir sus bibliotecas y archivos. Así se fueron en las piras el Archivo y Biblioteca del historiador José Rosendo Gutiérrez (1871), del expresidente Hernando Siles (1930), del expresidente Enrique Peñaranda (1943) o de Guillermo Bedregal (1964). Las dictaduras militares propiciaron el asalto del Archivo del Servicio de Inteligencia del Estado (1979), la destrucción por fuego de una parte del Archivo Legislativo (1980) y el asalto del Centro de Información y Documentación de Bolivia (1980).
El 22 de febrero de 2003, organizaciones sociales asaltaron instituciones-símbolo del poder político, destruyendo los Archivos de la Alcaldía Municipal de El Alto, del Ministerio de Trabajo, la Biblioteca del Ministerio de Planeamiento, el Archivo del Tribunal Permanente de Justicia Militar y los Archivos de Acción Democrática Nacionalista, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unión Cívica Solidaridad y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (La Paz), así como el Archivo de la Sociedad “10 de febrero” y de la Prefectura de la ciudad de Oruro. El 8 de septiembre de 2008, grupos opositores a la Asamblea Constituyente, procedieron a tomar de forma violenta las instituciones estatales en Santa Cruz de la Sierra (Instituto de Reforma Agraria, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Estatal de Televisión, Aduana Nacional, Administradora Boliviana de Carreteras, Servicio de Impuestos Nacionales), sedes de organizaciones indígenas y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, quemando sus Archivos y la Biblioteca del CEJIS. Ante la magnitud del hecho, los archivistas de la ciudad de La Paz denominaron al 8 de septiembre como “Día Aciago de la Destrucción de la Memoria Cruceña”. El 22 de junio de 2012, un grupo de miembros de baja graduación de la Policía Nacional, tomaron de forma violenta las instalaciones de la Dirección General de Investigación Interna de la Policía, sacaron los voluminosos expedientes del Archivo del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional y les prendieron fuego en vía pública. Similares hechos vandálicos ocurrieron en Oruro y Cochabamba. Vecinos del distrito 8 de La Paz, asaltaron las instalaciones de la alcaldía de El Alto, en febrero de 2016 y destruyeron por fuego Archivos ediles, con el trágico saldo de seis muertos.
La destrucción de los Archivos de Gestión del SERECI
El martes 11 de diciembre de 2018, una marcha de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, derivó en el asalto violento de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental, Impuestos Nacionales y de un multicentro de Entel, en Santa Cruz de la Sierra. Grupos de choque, ajenos a los universitarios, asaltaron de forma vandálica el edificio del TED donde se encuentra el Servicio de Registro Cívico, en el que se destruyeron por fuego los archivos de gestión de esta repartición estatal. En redes sociales “circularon varios videos de lo ocurrido, entre ellos uno que muestra a un grupo de jóvenes que se acerca al TED por una calle distinta a la que tomó la marcha”. La Policía determinó que operó una estructura “integrada por financiadores, autores intelectuales, cabecillas y ejecutores; en una escala están los financiadores, los autores intelectuales y en otra escala están los cabecillas”. [1] Marcelo Subirana, hermano del concejal de La Guardia [2] y Gabriel Ángel Justiniano Castro, fueron imputados por los delitos de incendio, asociación delictuosa y destrucción de bienes de Estado y enviados a la cárcel de Palmasola. [3] La presidenta del TED de Santa Cruz, Sandra Kettels, señaló que el valor de las pérdidas por los desmanes ascienden a $us 6,1 millones. [4]
La destrucción de documentos públicos es un delito
Los exaltados incurrieron en el delito tipificado en el Código Penal (206): “El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años”, pero se ha ignorado el Art. 215: “si resultare la destrucción de bienes de gran valor científico, artístico, histórico, religioso, militar o económico, la sanción será aumentada en un tercio”.
La destrucción de documentos puede responder a motivaciones impensadas. Jorge Quiróz Quispe afirma que “el incendio doloso, configura un delito de diversa índole” [5], en este caso por motivaciones políticas. Nosotros adicionamos que la destrucción de documentos atenta contra “el patrimonio cultural del pueblo boliviano” y “la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano”. El Código Penal (Art. 223) sanciona con la pena de privación de libertad de uno a seis años al “que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos, objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional”. Quiroz aclara que “según Ossorio destrucción significa aniquilamiento, ruina, asolamiento, inutilización, deterior, derroche o consumo abusivo de los bienes”, [6] y llama la atención que “que la pena para quienes cometen esta clase de delitos es muy benigna”, y eso es exactamente lo que sucedió en este caso de asalto y destrucción por fuego, en el que uno de los imputados se acogió al juicio abreviado y obtuvo la pena de tres años de prisión, que en otras palabras, significa su libertad. Es por esa razón que la CPE prohíbe con claridad la sustracción y destrucción de documentos propios de la función pública. [7]
En la tipificación de los delitos en este caso por parte del Ministerio Público, no existe una incidencia sobre la destrucción de los documentos públicos, al extremo que ha pasado desapercibo. La destrucción de documentos públicos por incendio, es una agravante que debe ser considerada a fin de sancionar con el todo rigor del sistema penal esta tendencia que se ha generalizado en la violencia política de nuestro país.Presidente de la Asociación de Archivistas del Estado Plurinacional de Bolivia.
1 “Policía revela que en la violencia de Santa Cruz operó estructura de financiadores y ejecutores”. La Razón Digital/Carlos Corz /La Paz/14.12.2018.
2 “Segundo implicado en la quema del TED se entrega” La Razón Digital / Rubén Ariñez/La Paz/20.12.2018.
3 “Condenan a tres años de cárcel a involucrado en la quema del TED de Santa Cruz”, La Razón Digital /Rodolfo Aliaga /La Paz/16.12.2018.
4 “El 100% del Sereci de Santa Cruz está dañado y peritos recomiendan su destrucción”. La Razón Digital / Rubén Ariñez /La Paz/18.12.2018.
5 Código Penal Boliviano comentado. La Paz, Editorial Gráfica Junior, 2005, p. 98.
6 Ibidem, p. 106.
7 Art. 237.I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública. 1. Inventariar y custodiar en las oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos.
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