Máxima vivió por 11 años en Alto Lima, tenía 8 hijos y quería ponerse la T de cobre, pero su marido no la dejaba, “para que quieres ponerte, seguro para estar con otros hombres” le decía, así llegó el noveno embarazo, ella no deseaba traer un hijo más al mundo y decidió ir a un médico que le recomendaron por la calle Buenos Aires para practicarse un aborto. Esa la noche, la vida se le fue entre las manos.
Claudia, tenía 13 años cuando su mamá, Marta, la dejo a cargo del su padre para irse a trabajar a España, ella se fajaba para ocultar embarazo que tenía como resultado de las violaciones recurrentes de su padre y su tío. Cuando Marta, su madre supo del embarazo regresó a Bolivia y peregrino con la niña por los tribunales buscando una autorización para que la niña abortara, la autorización salió después de los 9 meses pero Claudia ya había muerto a consecuencia del parto.
Las historias de Máxima y Claudia, son reales y son solo dos de las 200 que ocurren por día en Bolivia. Éste es uno de los países con mayor mortalidad en América Latina por causa del aborto mal practicado. La Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia estima 600 muertes por cada 10.000 abortos, estamos hablando de por lo menos una mujer muerta cada día a causa de este problema.
Lo que esas cifras señalan es el completo fracaso de la penalización del aborto en Bolivia, pues aunque esté penalizado las mujeres igual abortan y nadie va a la cárcel por eso, por el contrario, lejos de salvar vidas, a lo que conduce es a que cientos de mujeres mueran al año por abortos mal practicados que ocurren en la clandestinidad y sin ningún control justamente gracias a su penalización.
La Organización Mundial de la Salud sostiene que el índice de abortos inducidos es más alto en aquellos países donde está penalizado. En contraste, es bueno comparar con las cifras que Uruguay ostenta, este es el segundo país con menor mortalidad en América Latina por aborto y llegó a esas cifras después de legalizarlo. Por tanto, es claro que la penalización no protege la vida, como cree Iglesia, solo conduce a mayores tasas de mortalidad femenina por su clandestinidad y falta de control.
La penalización del aborto no hará que éste desaparezca, al contrario, ocurrirá igualmente, pero por ser una actividad ilegal se hará en condiciones insalubres, riesgosas e inseguras para las mujeres que se ven obligadas a llegar a esa situación, pese a su voluntad, porque ninguna mujer aborta por gusto, sino presionada por abusos sexuales, muchos de ellos ocurridos en el lecho matrimonial, por pobreza o por los prejuicios sociales de una sociedad patriarcal.
El otro aspecto, es que la penalización, al ser una norma que no tiene ninguna relación con la realidad, a lo que conduce es a una formidable separación entre normativa y realidad, es un caso extremo de desencuentro entre una legalidad anacrónica que responde a una moral decimonónica y una realidad que pide a gritos un cambio de visión.
Bolivia está planteando una reforma del código penal y uno de los puntos más polémicos es el de la ampliación de las causales que despenalizan el borto. La iglesia y otros sectores conservadores, a nombre de proteger la vida, plantean seguir manteniendo el aborto penalizado, pese su fracaso. Esperemos que la razón se imponga en este debate, no podemos crecer como sociedad mirando para otro lado y metiendo la realidad bajo la alfombra. Las normas tienen que responder a las necesidades sociales actuales y no a una moral del siglo XIX.
Leave a Reply