El prestigioso jurista Eugenio Zaffaroni y el presidente boliviano Evo Morales, coincidieron en que al margen de las múltiples causas que se encuentran en el origen de la crisis, hay una que se encuentra en la raíz misma del problema, la formación de los abogados.
A propósito del retiro de la Universidad Mayor de San Andrés de la comisión evaluadora de postulantes a autoridades del órgano judicial, bajo el argumento de que habrían algunos delegados de otras universidades públicas observados, considero oportuno compartir algunas reflexiones acerca de la responsabilidad que le corresponde a la universidad en la situación de crisis que vive el sistema judicial boliviano.
Son muchos los factores a los cuales se atribuye esta referida crisis, la falta de presupuesto, excesiva carga procesal, insuficiente número de operadores de justicia, leyes que favorecen al delincuente, corrupción de jueces y fiscales, en fin, y en casi todos los casos la responsabilidad se la atribuyen al gobierno, olvidando que existen otros factores al margen de los mencionados que no siempre son identificados o que son intencionalmente ignorados.
Hace un par de días, en la inauguración de las jornadas de reflexión sobre las reformas judiciales, de manera coincidente el prestigioso jurista Eugenio Zaffaroni y el presidente boliviano Evo Morales, coincidieron en que al margen de las múltiples causas que se encuentran en el origen de la crisis, hay una que se encuentra en la raíz misma del problema, la formación de los abogados.
Con la llegada del neoliberalismo se produce en Bolivia el boom de las universidades privadas, muchas de las cuales no reúnen las mínimas condiciones de infraestructura, de calificación en su planta docente, las cuales, probablemente respondiendo a las exigencias del mercado, la primera oferta académica que realizaron fue la carrera de derecho. Y bueno que tuvieron una óptima respuesta debido a que el título de doctor que se podía lograr a bajo costo y con reducido esfuerzo, brindaba no solo la posibilidad de mejora laboral, sino de ascenso social y en muchos casos, de un incremento en sus ingresos de maneras no siempre éticamente correctas.
Me ha tocado dar clases en carreras de Derecho de varias universidades y allí conversando con los alumnos he encontrado variadas motivaciones de los jóvenes y de los no tan jóvenes para seguir esos estudios. En el caso de los más jóvenes, una de las razones que mayoritariamente se encontraba era que en esta carrera no se llevaba matemáticas. En los otros, las razones eran más variadas desde aquellos que ya venían trabajando en áreas donde un título podía mejorarles la situación laboral hasta los que simplemente buscaban reconocimiento social por ostentar el título de doctor.
En este segundo grupo siempre me llamó la atención la presencia casi mayoritaria de policías, oficiales, suboficiales, sargentos y policías de base, los cuales llegan a la universidad ya con alguna experiencia en el campo del derecho penal y apuntan casi siempre a especializarse en esa rama, con una visión particular, obtenida en su trabajo, de cómo se debía ejercer la profesión en ese campo. Igualmente, encontré un número importante de profesores, cuyo objetivo principalmente en el ascenso social. Desde luego encontré estudiantes de la más variada procedencia, pero en muy pocos de todos ellos encontré a aquellos que habían decidido estudiar derecho porque les gustaba la carrera, porque querían defender a los más vulnerables o porque querían administrar justicia correctamente. Algunos valoraban que se podía trabajar independientemente y dejar de ser empleado y muchos afirmaban que es una buena forma de ganar dinero ya que los abogados casi siempre tenían una buena situación económica lo cual es una verdad a medias, si hablamos de los abogados que ejercen su profesión de manera ética.
Evidentemente, el problema no solo es la masificación de ofertas académicas y por lo tanto de nuevos profesionales abogados que inundan el mercado y que la encontrarse con la realidad del ejercicio profesional sin mayores herramientas éticas y de valores, suelen ser terreno favorable para la corrupción en sus diferentes formas.
El perfil y la visión del abogado se han trastocado. El distinguido maestro y destacado jurista Isaac Sandoval Rodriguez, hace más de treinta años atrás, señalaba que la universidad apuntaba a formar “artesanos del derecho”, al criticar la ausencia de una verdadera formación científica como debiera suceder en la universidad. Se ha quitado de la currícula de las carreras de derecho materias de suma importancia para la formación integral del abogado que otrora le dieran jerarquía intelectual y consideración y respeto social, como la sociología, la filosofía, la ciencia política y otras. Hoy importa más que el abogado conozca la “letra muerta” de la ley, casi de memoria, los procedimientos, la “chicana”, la forma de eludir la aplicación real de la justicia. Se han perdido la formación en valores, en sentar en los futuros abogados la importancia de la profesión del abogado al servicio de la sociedad. Esos profesionales carentes de esa base fundamental en su formación mal podrán ser los administradores de justicia que requiere el país más allá de superar los problemas de presupuesto o de dotación de un mayor número de jueces o fiscales.
Y esa responsabilidad de formación le corresponde a la universidad. Al sistema de la universidad boliviana que agrupa a las universidades públicas y al conjunto de las universidades privadas que han hecho de la formación de profesionales un negocio.
Hay que revisar su estructura curricular, el perfil profesional, entre otras tareas urgentes, pero también habría que revisar la autorización para el funcionamiento de tantas carreras de derecho en todo el país, limitar la matrícula en las universidades públicas de nuevos estudiantes de derecho en base a reales necesidades del país, revisar las modalidades de graduación y no permitir que en cuatro años de estudios semipresenciales o a distancia sea posible obtener un título profesional de abogado. Por ahí debiera empezar una verdadera revolución de la justicia, en la formación de quienes tendrán a su cargo esta delicada labor. Obviamente hay muchos otros temas que también hay que analizar y debatir como el contenido de clase de la normativa, de la estructura de administración judicial, de las bases mismas de nuestra legislación heredada de la revolución francesa y en muchos casos copiada simplemente de otros países, sin ninguna relación con la realidad boliviana.
Como verán hay muchas tareas en las cuales se tiene que trabajar, pero no es lógico pensar que por un extraño puritanismo, más parecido al oportunismo político, una de las principales universidades del país se lave las manos en este proceso de selección de postulantes al órgano judicial, cuando más bien no solo debiera comprometerse con esta labor sin inmiscuirse hipócritamente en la autonomía de sus pares del sistema, sino más bien vanguardizar una verdadera revolución en la formación de abogados en el seno de su propia institucionalidad.
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