La instrumentalización de los sistemas judiciales y el manejo de sus dóciles operadores ha sido desarrollada por el imperialismo y la derecha latinoamericana como uno de los recursos más efectivos para atacar a los gobiernos progresistas de la región, ante la imposibilidad de retornar a su metodología agotada de golpes militares u otras formas de desestabilización.
Los órganos judiciales, en la mayor parte de nuestros países, han mantenido una faceta ultraconservadora bajo una supuesta independencia política y dentro el concepto liberal del equilibrio de poderes, lo que ha permitido además que se mantengan en función de jueces los tradicionales operadores de la derecha.
Los casos de Brasil, Ecuador y Argentina, son la muestra más evidente de que el pretender conjuncionar una propuesta revolucionaria y transformadora con una estructura estatal liberal, no es viable. Lula y Dilma, Jorge Glass o Cristina, son víctimas de su propia tolerancia con una estructura jurídico-política ultra conservadora, pero además totalmente subalternizada a los intereses de los sectores oligárquicos y reaccionarias de sus respectivos países.
Y es que en todos los casos referidos no ha interesado la evidencia ni las pruebas de cargo o descargo que se pudieran aportar, dejando de lado el debido proceso incluso en términos formales. La decisión de declararlos culpables ya se había tomado fuera de los tribunales, solo había que formalizar el proceso.
El discurso de independencia y autonomía del poder judicial se ha caído y ha puesto en evidencia que la transformación del Estado necesariamente debe conllevar de manera innegociable la inclusión de la administración de justicia, sus operadores y su normativa en la transformación del estado, a riesgo de dejar una pata coja, que finalmente puede ser la que origine que trastabille todo el proceso.
Bolivia logró en alguna medida modificar las bases de la estructura del órgano judicial, partiendo de la modificación de su organización en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, aun cuando su implementación ha llevado serios tropiezos, que en determinado momento pusieron en tela de juicio la implementación de acciones como la elección directa de autoridades judiciales o la aprobación e implementación de normas destinadas a configurar una nueva arquitectura sustantiva y adjetiva, bajo paradigmas acordes con la nueva realidad del Estado.
Si bien es evidente que la administración de justicia en Bolivia no ha logrado mostrar aun resultados altamente positivos en temas como la retardación y la corrupción dentro de los operadores de justicia, lo avanzado en esta reinstitucionalización del sistema judicial, a partir del nuevo marco constitucional, es un avance y una muestra del camino que debieran tomar los procesos populares y transformadores en América Latina no solo en la consolidación de estos procesos, sino también en la lucha contra el enemigo permanente de los pueblos.
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