Por Camilo Rengifo Marín * -.
Los cuatro máximos tribunales del país tuvieron que participar para contener el propósito del presidente Iván Duque de poner al exlíder guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, en un avión de la DEA y entregarlo a la Justicia de Estados Unidos, tal como lo reclamaba Washington y la ultraderecha uribista.
Sin dudas, el caso Santrich se convirtió en un fuerte pulso de poder entre las altas cortes y el Gobierno y en esta crisis de la Justicia, la ultraderecha (y el gobierno estadounidense) no se da por vencida. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó este miércoles a indagatoria al exjefe guerrillero por presuntos delitos de narcotráfico, luego que el pasado 29 de mayo decidiera que ese caso lo debía tramitar ese alto tribunal y no la Fiscalía General de la Nación ya que Santrich conserva su fuero de congresista aún si no ha sido posesionado en su curul en la Cámara de Representantes.
La decisión de la Sala de Instrucción no viene con una orden de captura, pues la Sala no lo consideró necesario. Santrich deberá presentarse entonces a la cita con la justicia para dar las explicaciones correspondientes sobre este proceso y, luego de ello, la Sala tendrá un plazo de cinco días para definir su situación jurídica (si le impone una medida restrictiva de la libertad o no).
El 29 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Colombia emitió un fallo en el que ordenó su inmediata liberación y cortó cualquier intento de extraditarlo. El exlíder guerrillero, fue capturado en abril de 2018 por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico, específicamente el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El Departamento de Estado de EE.UU. consideró “lamentable” la liberación por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de Seuxis Paucias Hernández, “Jesús Santrich”, y al que Washington quiere juzgar por narcotráfico. “Consideramos que esa decisión es lamentable y que un recurso es esencial y urgente”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortegas, quien destacó la alianza entre los dos países para intentar introducir ayuda humanitaria y soldados a Venezuela para hacer frente al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jet) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo.
Esta decisión desencadenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez, involucrado en el caso de corrupción de la trasnacional brasileña Odebrecht (que ha costado la vida de tres testigos y escasos resultados en investigaciones y castigos), y aceptado pruebas recolectadas de manera ilegal por la DEA contra Santrich.
La prensa hegemónica insistió en que el exjefe guerrillero intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparaba su extradición pese al fallo de la JEP. Finalmente, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía; le dio un paro cardiorrespiratorio (quizá por algo que le inyectaron), lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su recaptura.
¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura? No recordaba nada cuando llegó al penal de La Picota: los médicos lo encontraron delirando, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.
La Fiscalía aseguró que había reunido nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos para recapturarlo en la puerta donde era liberado. Esta medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusó al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.
Pedro Valenzuela, profesor de la Universidad Javeriana y experto en conflictos armados, señala que Colombia es todavía un país donde existen múltiples soberanías y es por supuesto una grave deficiencia de la capacidad del Estado para imponer sus políticas. Señala que lo que el Estado colombiano en su esquizofrenia hizo con las industrias extractivas como gran motor de crecimiento choca con lo pactado en los Acuerdos de Paz en términos de los sectores campesinos.
Colombia es todavía un país donde existen múltiples soberanías y es por supuesto una grave deficiencia de la capacidad del Estado para imponer sus políticas. La perspectiva de la elite colombiana es meter el país en el circuito internacional, lo que va en contra de las dinámicas democratizadoras de los acuerdos, y por eso desde los medios hegemónicos se sigue estigmatizados los sectores campesinos y los sectores comprometidos con la implementación del acuerdo. Y sigue la matanza de líderes campesinos y sociales.
En la derecha se viven tensiones entre el expresidente Juan Manuel Santos, Uribe y Duque, sobre todo porque la posición de Uribe es muy contraria al acuerdo de paz y su proyecto es impedir que éste se aplique y sea llevado a cabo. El país sigue polarizado: lo estuvo durante la guerra y lo está ahora en el post acuerdo. Entonces tenemos una fuerza política consolidada que es el uribismo, que tiene como uno de sus proyectos políticos impedir que buena parte de lo pactado en el acuerdo de paz sea llevado a la práctica.
Las reformas planteadas por Duque a la justicia transicional suponen un riesgo para los Acuerdos de Paz. Es una justicia muy diferente a la aplicada en Argentina tras la sangrienta dictadura cívico militar de 1976-1985, porque en Colombia la transición se intenta con una guerrilla que tenía capacidad para sobrevivir y con la que había que negociar y a la que no se le podía exigir la rendición que pretendía Uribe.
El uribismo, el Centro Democrático, quiere quitarle la capacidad a la gente de decidir quiénes van ante la justicia transicional, quieren juzgar a 20 mil combatientes además de los dos mil militares que quieren acogerse a esa justicia. Lo que intentan es sobrecargar la justicia de manera que no se pueda hacer nada, para que no se pueda avanzar.
Algunos se entusiasmaron con que Duque sería la cara amable del uribismo, pero Duque no tiene capital político, el capital político del partido es de Uribe. Y tampoco es nada amable. Es la voz de quienes tienen mucho miedo, en especial de que los militares vayan a la justicia transicional, porque ellos sí saben de dónde venían las órdenes, no solo de sus mandos sino de la dirigencia política y del poder fáctico.
Un montaje más
Santrich calificó como un montaje el proceso abierto en su contra por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. La acusación ya había sido rechazada por la Justicia Especial para la Paz (JEP). A su juicio, existe un sector en Colombia que desea afectar los acuerdos de paz. En una entrevista con France 24 destaca que se deben encontrar los caminos para ofrecer soluciones a diversos problemas de orden social.
Sobre Santrich está abierta una orden de extradición para ser procesado en Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico, A pesar de ello, el exlíder guerrillero señala que seguirá luchando en su país para defender los acuerdos del proceso de paz.
Respecto a algunos excombatientes que han regresado al uso de las armas. “La rebelión armada es un derecho universal que tienen los pueblos, el hecho de que nosotros hayamos tomado un camino hacia la paz no puede colocarnos a nosotros en una posición elevada, somos muy respetuosos de la decisión de los compañeros (…) Siempre que haya problemas de orden social habrá tensión de rebelión armada”, explicó el exlíder guerrillero.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, www.estrategia.la).
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