Editorial La Época-.
Este miércoles 21 de agosto, al cumplirse cuarenta y ocho años del golpe militar del general Hugo Banzer Suárez, varios comités cívicos timoneados por el Comité Pro Santa Cruz, a los que se sumó el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), llevarán adelante un paro de 24 horas en rechazo a la postulación de Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre y exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El paro y sus protagonistas no dejan de ser una paradoja histórica. En realidad, salvo pocas excepciones, los promotores de la medida son en su mayoría dirigentes que proceden y/o militan política e ideológicamente en la corriente de derecha que alineada al pensamiento de Washington reprimieron y conculcaron las libertades civiles y políticas en la década de los 70. Uno de esos actores, entre bambalinas, es Jorge Tuto Quiroga, que surgió a la política de las entrañas de Banzer, quien el 21 de agosto de 1971 lideró un golpe de Estado que durante 7 años exilió, reprimió e hizo mal uso de los ingresos del país derivados de los altos precios de las materias primas. Obviamente, el golpe de 1971 formaba parte de la aplicación en la región de la Doctrina de la Seguridad Nacional de los EE.UU.
Lo que llama la atención no es lo que piense y reivindique simbólicamente el heredero de la dictadura y sus seguidores en el país. Lo grave es que personalidades como el actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, y otros activistas en la resistencia a la dictadura del septenio, se sumen a una medida que desde el pensamiento dictatorial trata de instalarse en el imaginario colectivo como democrático. De ese “pequeño detalle” no se dieron cuenta muchos de esos llamados “progres”.
El paro del 21 de agosto es, sin duda, un golpe contra la democracia boliviana. Lo fue en 1971 y lo será el de este miércoles. No hay duda que pedir la renuncia de los vocales del TSE y demandar que Evo Morales no sea candidato, apuntan a promover un nivel tal de movilización social que desestabilice la institucionalidad y la vigencia democráticas. Es decir, la oposición de derecha trata de evitar las elecciones del 20 de octubre próximo a nombre de la democracia, más aún cuando sus candidatos, que van fragmentados, no logran superar a Morales.
Pero no tienen la fuerza suficiente para lograrlo. Los comités cívicos son entidades importantes en algunas ciudades del país, como en Santa Cruz, por ejemplo, pero su capacidad de organización y movilización no es nada equiparable en el resto del país a la que tienen los sindicatos y los movimientos sociales que desde 2006 son protagonistas de la construcción del Proceso de Cambio. Eso ha sido demostrado todos estos trece años.
La disputa simbólica entre ambas fuerzas —la primera, reaccionaria y conservadora, y la segunda, progresista y revolucionaria—, deja un saldo a favor del Proceso de Cambio. Es más, la presencia territorial de Evo y sus seguidores va en constante ascenso en los últimos meses, mientras los partidos de la oposición muestran una diminuta o inexistente presencia en las calles.
La explicación a esa relación de fuerzas está en que la mayor parte de la gente apuesta a mantener la estabilidad con crecimiento y equidad social, y no está dispuesta a dejarse seducir por los cantos de sirena que proceden de los herederos de la dictadura de Banzer.
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