Quito.- Cuando faltan solo 48 horas para la audiencia preparatoria de juicio contra el desarrollador de software Ola Bini, en Ecuador y el mundo abogan hoy porque esa parte del dilatado proceso se realice de manera justa.
La diligencia está fijada para el venidero jueves 5 de marzo en el Complejo Judicial Norte, en el centro-norte capitalino, en su tercera convocatoria.
Hasta la fecha, la defensa del programador sueco, acusado inicialmente de hackear sistemas informáticos de instituciones del estado, cargo reformulado luego por el de acceso no autorizado a sistemas informáticos y telemáticos, ha hecho públicas las irregularidades de todo el proceso en el que según indican, se han violado los derechos humanos del activista.
Bini fue detenido el 11 de abril de 2019, día en el cual la cancillería de Ecuador anunció que ponía fin al asilo otorgado en la embajada de Quito en Londres, desde 2012, al informático australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, portal digital que difundió miles de documentos clasificados sobre prácticas ilícitas del gobierno de Estados Unidos. El ejecutivo dirigido por el presidente, Lenín Moreno, no solo acusó al sueco de intervenir en sus sistemas, también aseguró que estaba vinculado a Assange y colaboraba en intentos de desestabilizar al gobierno.
Desde el inicio de la investigación, Bini, quien llevaba años de trabajo en esta nación andina, negó todo lo planteado en su contra, al tiempo que hasta la fecha no se han mencionado las instituciones afectadas por el supuesto delito bajo indagación.
La víspera, la defensa de Bini sostuvo que 362 días después, se han acumulado más de 100 violaciones al debido proceso, entre ellas el arresto ilegal mientras se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre a punto de viajar a Japón, así como la reformulación de cargos 48 horas antes de finalizar la instrucción fiscal.
En el comunicado, difundido en las redes sociales, el equipo legal adelantó que planteará la nulidad del proceso y pedirá archivar la causa, pues un tribunal constitucional consideró arbitraria e ilegal la detención y el mecanismo para obtener las supuestas pruebas en su contra.
‘Ola Bini permaneció 71 días detenido, lleva hoy 326 días con sus cuentas congeladas, 326 días suspendiendo viajes profesionales y 206 días sin juicio’, alerta el texto.
Asimismo, concluyó que el activista informático, su defensa técnica y la comunidad nacional e internacional esperan ver primar a la justicia, por encima de intereses políticos evidenciados en el caso, hasta la fecha.
Sobre la próxima audiencia, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos advirtió que observará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del programador, a quien describió como experto informático mundialmente reconocido, que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador.
Por otra parte, 18 organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras anunciaron, mediante un comunicado difundido en Twitter, que supervisarán la diligencia, a la cual acudirán en calidad de observadores, preocupadas por la falta de garantías para asegurar un procedimiento justo, en el marco del estado constitucional de derechos y justicia.
‘Observar la audiencia es fundamental, ya que este proceso constituye un caso paradigmático para Ecuador y la región. Una decisión judicial basada en presiones políticas indebidas, y no en criterios técnicos, traerá consecuencias negativas para la protección de los defensores de derechos humanos en general y la vigencia de los derechos digitales, en particular’, enfatizaron.
Para muchos, Ola Bini es parte de una lista de casos de persecución política, llevados a cabo por el gobierno actual, que incluye además al expresidente Rafael Correa, el exvicemandatario Jorge Glas y otros exfuncionarios de la llamada Revolución Ciudadana.
Mientras los acusadores insisten en que cuentan con elementos periciales para llevarlo a juicio, su equipo legal mantiene la inexistencia de pruebas sólidas en su contra.
A criterio de Carlos Soria, abogado del acusado, hay informes a través de los cuales se podría determinar la arbitraria e ilegal persecución contra Bini, por lo cual expresó deseos de que prime la justicia sobre la política.
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