Por Nara Romero Rams -.
Autoridades de los ministerios de Salud, Defensa y otras instancias del Estado son investigadas por la Fiscalía General del departamento de La Paz desde el 20 de mayo por al menos 35 hechos de corrupción y ya se registran varias detenciones como la del extitular de Salud Marcelo Navajas.
El escándalo de los 170 respiradores artificiales, los primeros de un lote de 500, costaron cada uno 27 mil 683 dólares adquiridos con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y, según fuentes oficiales, el precio de la empresa española GPA que los proveyó es de siete mil 99 dólares.
La violación fue una bomba de tiempo que explotó en las manos de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que destituyó a Navajas para aplacar las críticas y ahora enfrenta cargos por malversación, uso indebido de influencias, servicios y bienes públicos e incumplimiento de deberes, entre otros.
Áñez pretendió darse por enterada en ese momento del delito, pero en su cuenta de Twitter anunciaba el 1 de abril la compra de los equipos, su llegada al país y celebraba los supuestos avances en la lucha contra la pandemia.
El exministro de Salud, antes de dar luz verde al proceso de compra, fue advertido mediante un informe técnico de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico sobre el incumplimiento de las especificaciones recomendadas por la OPS-OMS, reveló el diario La Razón.
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo inició una investigación sobre el hecho, donde responsabilizó desde el primer momento al régimen golpista y admitió señales de posibles irregularidades.
Aníbal Cruz, el antecesor de Navajas y quien renunciara a su cargo en medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, será convocado en calidad de testigo junto al cónsul de Bolivia en España, Alberto Pareja Lozada, este último beneficiado con la designación por la canciller Karen Longaric.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Católica del país suramericano condenó esa violación, mientras el Ejecutivo intenta evadir su responsabilidad.
‘Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos’, declaró la instancia religiosa sin referencias directas a la gobernante de facto y su vínculo en el delito.
Fuentes eclesiásticas señalaron que tal omisión se relacionaba con el aval de esa jerarquía a la violenta desestabilización que obligó al expresidente Evo Morales a renunciar el 10 de noviembre pasado y colocó a Áñez en la presidencia, puesto que busca mantener en los próximos comicios aún sin fecha.
A pesar del escándalo, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó el 27 de mayo que el caso quedó en reserva y que continúan las investigaciones donde ya se tienen identificados a parte de los responsables.
Lanchipa precisó que ‘es una estrategia para evitar que oculten y escapen los responsables de los hechos’.
Mientras tanto, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva se declaró en estado de emergencia por la compra irregular de los respiradores artificiales porque podrían contribuir a la falla multiorgánica de los pacientes.
Según el portal Posverdad.bo, la decisión de poner en reserva el caso se debe a la inclusión de Áñez y del embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohamed Mostajo en la investigación.
A pesar de todo este escenario, la mandataria golpista y el ministro de Gobierno Arturo Murillo insisten en una supuesta conspiración en su contra.
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