Por Pilar Lizárraga Aranibar * -.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el informe de la investigación realizada sobre los hechos de violencia perpetrados contra el pueblo boliviano entre septiembre y diciembre de 2019. Se resalta en el documento, como parte de las principales conclusiones, las graves violaciones a los Derechos Humanos, los asesinatos de 37 civiles, las presas y presos políticos, las lesiones ocasionadas a civiles, persecuciones, ejecuciones sumarias realizadas por la Policía y los militares. Se afirma las masacres de Senkata y Sacaba como parte del objetivo militar que se tenía contra campesinos indígenas y mujeres y las manifestaciones racistas contra mujeres indígenas que fueron desarrolladas.
Estos resultados confirman lo que ya el pueblo denunciaba respecto a lo sucedido en Bolivia y que era tergiversado por los medios de comunicación, silenciando de esta manera la historia nefasta que dio paso a la instalación del régimen fascista de Áñez.
Pero, ¿cuál es el mérito de este informe, que se suma a las decenas que ya se presentaron? Como lo plantea Raúl García, este documento se constituye en un instrumento jurídico que hace Estado, se constituye en prueba para los juicios que se instalarán y amplía el plano de justicia nacional al internacional al que podría ser sometida la exsenadora Áñez, dando mayor certidumbre a que si los hechos no son juzgados en el país, debido al rol que tendrá la oposición a la cabeza de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y los cómplices de Áñez, que son parte de los poderes Legislativo y Judicial, como pueblo boliviano podremos activar y recurrir a que se haga justicia en el plano internacional, en el que las y los responsables tendrán que ser juzgados. Pero como pueblo también tenemos los mecanismos para instalar un juicio social a los responsables y cómplices del golpe de Estado de 2019, tipo de juicio que tiene como antecedente el Juicio al Estado Colonial llevado adelante en el proceso constituyente y donde el Estado fue sentenciado culpable. Este juicio dará la condena y la muerte social y política a estos sujetos nefastos de la historia. La condena será la que acompañe a quienes ahora gozan de impunidad y van silenciando las voces y los cuerpos de los que fueron asesinados, cometiendo un doble asesinato.
En otro plano, este instrumento es una traducción, como diría Boaventura, de la voz colectiva del pueblo y tiene la fuerza para penetrar en las subjetividades de la gente común y develar las múltiples violencias de este período de la historia política de Bolivia. Se podría decir que es el refuerzo que necesitan las voces que nos manifestamos desde la resistencia popular y que son extendidas ahora a este informe del GIEI. El relato político que se trae en el documento permite superar esa visión extendida de “impunidad” que se quiere colocar en el sentido común del ciudadano, confronta el sentido de la verdad construida por los diversos sujetos y medios que se constituyen en cómplices, esto implica desnaturalizar la mentira.
Sin embargo, más allá de este aporte sustancial para que se haga justicia al pueblo boliviano, desde nuestra perspectiva, tanto este como otros informes callan sobre la violencia múltiple en el cuerpo político, simbólico y material de Evo Morales, no lo hacen público, las violencias múltiples que se despliegan para dar muerte social y política a Evo Morales. ¿Por qué no abordar este tema como parte de los hechos de esas violencias y vulneraciones a derechos que fueron cometidas?
No existe justicia sin memoria y verdad.
* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS – IPSP – Cercado Tarija.

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