Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
La interrupción del embarazo es un tema que genera diversas posiciones y una multiplicidad de análisis. En nuestros países latinoamericanos existen ciertas legislaciones que restringen la posibilidad de su realización sujeta a determinadas causales y otros países que aún la penalizan.
La cruda realidad es que las mujeres se ven obligadas o deciden abortar, en la mayoría de los casos, de manera clandestina y en condiciones absolutamente precarias, convirtiendo a esta práctica en una causa de muerte en mujeres embarazadas.
La mirada de este fenómeno desde el fuero personal y los valores limita la posibilidad de objetividad en su tratamiento.
Abordarlo como un riesgo social que impacta en el bienestar de la población, y en particular de las mujeres, puede ser un camino interesante para recorrer desde el ejercicio de la seguridad social como derecho humano.
Esta premisa pone en la mesa el rol de los Estados para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social de miles de mujeres en la Región.
En este orden de ideas, el respeto a la autodeterminación de los cuerpos de las mujeres y su capacidad de decisión no debería estar en discusión en pleno siglo XXI, pero debemos tomar en cuenta que esta afirmación incorpora la obligación pública de dotar de servicios gratuitos y de calidad para cuidar la vida y la salud de las mujeres. El aborto y la maternidad son entonces decisiones individuales que tienen implicaciones públicas al modificar las condiciones económicas, laborales y sociales de manera importante.
Este planteamiento genera seguramente controversias, pues históricamente tanto la maternidad, la sexualidad como el aborto han sido contralados por el poder patriarcal. Los cuerpos de las mujeres fueron, y en algunos casos siguen siendo, botines de guerra, objetos de cambio y apropiación para la continuidad de dinastías e imperios.
Para la dominación y la subordinación de los cuerpos de las mujeres el sistema activa distintos mecanismos como la división sexual del trabajo, la construcción social de lo femenino y lo masculino, en el marco de la violencia simbólica que inscribe el mandato cultural de género en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales.
Pierre Bourdieu llamó “violencia simbólica” al fenómeno por el cual las personas aceptan, en contra de sus propios intereses, los esquemas y valores que les oprimen.
Las personas hacedoras de política pública y con capacidad de decisión tienen la obligación de tratar estos temas polémicos desde un enfoque de Derechos Humanos para garantizar la vida de las mujeres, desprendiéndose de dogmas y abonando a la construcción de sociedades libres de discriminación y violencia.
* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.
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