octubre 24, 2020

La reforma que no fue

Cada día que pasa aumenta un poco más la inseguridad en la que vivimos los bolivianos, tanto a nivel urbano como rural. A las primeras noticias de atracos y robos, se suman ahora sofisticados delitos masivos como la clonación de tarjetas de crédito o el asalto a todos los viajeros en un bus interprovincial.

Este es el ambiente en vísperas de un nuevo aniversario de la fundación de la Policía Nacional, obra del Libertador Antonio José de Sucre en los primeros años de ordenamiento republicano. Un festejo que encuentra a la institución en su peor momento; si antes imaginábamos que se había tocado fondo, los datos sumados en estos meses superan las peores épocas.

Así lo debemos reconocer a pesar del cariño que siempre manifestamos por los guardias que cumplen uno de los trabajos más complejos y menos comprendidos. No es responsabilidad de ellos, ni siquiera de los oficiales, lo que pasa con una entidad de tan baja confiabilidad.

A la Policía Boliviana se la descuidó secularmente. Quizá porque siempre fue un espacio de mestizaje, de incorporación de agrarios —casi exclusivamente aymaras— a la vida urbana. El uniforme daba un grado de ciudadanía sin superar la discriminación y el mal trato del urbano menos mestizo o blanco, con más dinero, hacia el varita que no hablaba bien el español, ni era bachiller. Hasta este nuevo siglo, el 75 por ciento de los policías, sobre todo los agentes de tránsito, son de origen indígena y andinos; no es una profesión masiva entre los llaneros o chaqueños.

El Estado no se ocupó de fortalecer la institucionalidad ni de capacitar permanentemente a sus miembros. Lo contrario. Utilizó a los agentes para la represión política o para mayor humillación. No fue extraño que los carabineros fuesen aliados de los milicianos alzados en armas el 9 de abril de 1952. Después de 1964, los gobiernos militares restaron pequeños privilegios obtenidos por la Policía durante el nacionalismo revolucionario. Aún en la época democrática, el general Hugo Banzer sacó a los policías de Palacio de Gobierno y los reemplazó con otros agentes, burlando la institucionalidad.

El presupuesto asignado a este cuerpo de uniformados fue siempre insuficiente y cada vez es más diferenciado con otros sectores de la función pública. Un policía gana menos que un maestro a medio tiempo, que un salubristas sin título, que una enfermera o una trabajadora del hogar. En las cárceles, uno puede comprobar que los presos tienen más comodidades que sus guardianes y ninguna ONG se ocupa de los verde olivo.

Por todo ello, en 2004, con el respaldo de Naciones Unidas y dos ex presidentes, expertos de La Paz, Sucre, Tarija y Santa Cruz preparamos desde la Delegación Presidencial Anticorrupción (DPA) una reforma para la Policía, con el objetivo de darle más dinero, más institucionalidad, más capacitación. Lo mejor de ello fue que el diagnóstico y las necesidades fueron preparados por los propios uniformados que eligieron a una mujer policía, a un jubilado policía, a un experto policía y un oficial de prestigio para recoger las opiniones de las bases.

El PNUD amplió su apoyo, a pesar de no ser parte de su programa, al comprobar el entusiasmo policial. Eduardo Rodríguez que tanto obstaculizó iniciativas del gobierno de Carlos Mesa no pudo frenar esta propuesta. El resultado final fue entregado en sus manos al Presidente Evo Morales quien anunció su implementación. El entonces ministro Juan Ramón de la Quintana, experto en seguridad, aseguró que la reforma sería profunda y de largo aliento.

Algunos generales, como el propio actual viceministro Miguel Vázquez y su antecesor General Castillo, tomaron iniciativas para controlar la corrupción en entidades como Tránsito, para mejorar la currícula, para respetar los ascensos por méritos.

La ciudadanía se percató inmediatamente de esas mejoras. En enero de 2007, probablemente por primera vez en décadas, la Policía logró un 75 por ciento de apoyo en la encuesta del PNUD. El analista Antonio Araníbar entregó ese “trofeo” en un emotivo acto que compartimos con la plana mayor de la querida Policía Nacional.

Paralelamente se organizó un Comité Interinstitucional para la Seguridad Vial, donde participamos entidades internacionales como la OMS/OPS, varios ministerios, prefecturas, superintendencias, fundaciones. Se elaboraron cursos de capacitación para agentes de tránsito, conductores (incluía revisión médica), brigadas juveniles, peatones. Fueron útiles las ideas de la tarjeta de control de radio taxis, los trípticos para turistas, los manuales, el control de menores en las terminales de buses y en las fronteras.

La Embajada de Gran Bretaña, aliado permanente en temas de seguridad, aportó para las tareas emprendidas. Se sumaron entidades como el Automóvil Club Boliviano, los sindicatos de choferes, la Alcaldía de La Paz, canales de TV. El famoso sargento Jhon Furnier encabezaba toda la movida para multiplicar las acciones.

Sin embargo, en pocos meses la iniciativa se desmoronó. Primero por los cambios constantes del personal en entidades públicas y porque el principal sujeto, la Policía Nacional, pasó otra vez a tareas más políticas que institucionales. Sus representantes para avanzar en los cambios de fondo, tanto en seguridad vial como seguridad ciudadana (cuando todavía era controlable), fueron removidos, enviados a otros destinos. Policías capacitados en temas de inteligencia en países europeos fueron apartados. Otros uniformados expertos en la lucha contra el narcotráfico también fueron marginados porque eran parte de los privilegiados de USAID.

Lo más lamentable es que los sucesivos presupuestos de la Nación no consideraron aumentos sustanciales a la Policía Nacional. Es imposible pedir una entidad profesional y al servicio de la ciudadanía si sus miembros comen pésimo, duermen mal, pagan por sus uniformes, carecen de entrenamientos, tienen bajísimos salarios.

Usos políticos, como los cambios en policías asignados a la Alcaldía de La Paz, o evitar que la policía ayude a oficiales municipales enfrentados con loteadores masistas y otros cientos de ejemplos, dan pistas sobre el fracaso de una reforma que pudo salvar a la Policía Nacional.

Actualmente, en ciudades como Santa Cruz o Trinidad, escasean los uniformados. Entidades como “identificaciones” son antros de tráfico de influencias o mini sobornos, mal tratos a campesinos. Por su parte, mujeres policías cuentan que su situación interna no es agradable y hay mucho camino por andar para lograr un pleno respeto de sus colegas hombres.

Entre tanto, el entrevero de uniformados con delitos de secuestros Express, tráfico de cocaína, asaltos, golpizas, muertes violentas, crece y daña aún más a la institución que con tanto orgullo fundó Sucre y que contó con catedráticos brillantes como Huáscar Cajías.

Así, este 24 de junio, es difícil celebrar un aniversario más de los paquitos y paquitas.

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