octubre 20, 2021

A propósito de la ayuda externa y las tendencias del narcotráfico en América Latina

Durante los últimos años, observamos que el panorama general en América Latina se presenta como un escenario cada vez más inmerso y comprometido dentro de la llamada geopolítica del narcotráfico, pues el evidente recrudecimiento de la violencia sobretodo en países como México y Colombia, donde la supuesta lucha contra el narcotráfico, tal como lo señalara el autor Adolfo Gilly, ha hecho que “la represión de una actividad criminal como el tráfico de drogas se convierta en una guerra interna contra un enemigo impreciso, ubicuo y enmascarado, llevando a las corporaciones militares y policiales del Estado también a enmascararse”. Esto nos conduce necesariamente a plantearnos una revisión en cuanto a la forma en que se han ido desplegando las distintas acciones de política estatal contra el narcotráfico a instancias de la cooperación externa, sobretodo la que se vincula a la del gobierno de los Estados Unidos, país cuyo interés luego del fin de la guerra fría, pasó a centrarse en la “guerra contra las drogas y el terrorismo” como la razón principal de intervención en regiones como las de Latinoamérica y de Medio Oriente.

En este sentido, siendo que las principales relaciones bilaterales entre el gobierno de los Estados Unidos y América Latina se han basado principalmente en políticas contra las drogas y programas de ayuda con el mismo fin, podemos ver que en realidad éstas se han involucrado cada vez más en términos militares, lo cual si bien puede ser tomado más como un mero interés geopolítico, en la mayoría de los casos no ha hecho más que agravar la situación.

Así por ejemplo, en México nos encontramos con programas secretos de agencias estadounidenses tales como la reciente “Operación Rápido y Furioso” que posibilitó a los cárteles de drogas mexicanos la obtención de un mayor número de armas, y planes como la “Iniciativa Mérida” (Plan México) a través del cual Estados Unidos proporciona entrenamiento y armas a las fuerzas militares mexicanas para una supuesta lucha contra el narcotráfico, acción que sin embargo, no hace sino otra cosa que otorgar más medios y recursos a las fuerzas armadas mexicanas para poder participar dentro del negocio ilegal de las drogas. De este modo, en México, el denominado “narco” aparece ahora como un Estado paralelo que no sólo posee una fuerza militar propia y la suficiente capacidad para operar en los circuitos financieros legales, sino, que sitúan a la población mexicana en medio de una disputa de organizaciones de actividades criminales enfrentadas en una lucha violenta y sin control.

El caso colombiano es otro ejemplo similar, pues ya desde la presidencia de Andrés Pastrana y la ejecución del “Plan Colombia” (cuya continuidad se aseguro con el gobierno de Álvaro Uribe), como un plan concertado y orientado por el gobierno de Clinton de fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas durante la década de los 90’, cuyos resultados fueron casi iguales al de México, en todo caso significó más bien una intervención agresiva de los EE.UU. dentro de los asuntos internos de Colombia a través de la instauración de bases militares que se justificaron como parte de una lucha contra las drogas y el conflicto generado por la guerrilla de las FARC cuyas acciones estarían auspiciadas por redes del narcotráfico, denotando al territorio colombiano como un foco regional de insurgencia. En este caso, los campesinos se convirtieron en las principales víctimas de la violencia y de la situación de pobreza como parte de la estrategia antidrogas ejecutada por el gobierno colombiano bajo la tutela de EE.UU, pues obligados a subsistir en medio del fuego cruzado, varios informes señalan que desde que Colombia puso en práctica en las últimas décadas su programa de erradicación química agresiva, se inició un ciclo perverso de desplazamiento de cultivos y poblaciones campesinas hacia áreas aún más frágiles, lo cual aumentó la deforestación e intensificó el conflicto armado.

Los países de la región andina como Perú y Bolivia no están fuera de éste escenario, y en tanto se trata de las regiones más importantes de cultivo de la coca y a la vez territorios donde el narcotráfico ha ido penetrando se hace necesario un nuevo análisis y debate respecto a la nueva configuración geopolítica.

La configuración geopolítica del narcotráfico nos permite analizar que Colombia fue el país que vivió los resultados de la presencia del narcotráfico entre las décadas de los años 80 y 90, Centroamérica en general se convirtió en zona de tránsito, la emergencia de las drogas sintéticas a fines de la década del 90 cambiaron la faz del comercio del narcotráfico que ya no centro sus acciones en cocaína y heroína sino amplió a la producción de drogas de síntesis, para lo cual se requería controlar el mercado de la efedrina y pseudoefedrina. Mientras en Colombia, como centro de producción de clorhidrato de cocaína, se ejerció control la producción en los países de Perú y Bolivia creció y sigue creciendo, México se descontroló porque ahora no sólo debe controlar el tráfico de marihuana (consumo local), heroína, clorhidrato de cocaína sino también el de drogas sintéticas y sus precursores de esta la efedrina la pseudoefedrina.

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