octubre 24, 2021

Control social: entre soñadores y gestores 1

Nuevamente empieza a ponerse de moda el término “control social” y “participación social”. Precisamente por este motivo la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria me encargó la elaboración de un análisis sobre alguna serie de anteproyectos de ley que estuvieron circulando. Me permito extractar algún párrafo que pone en evidencia el tipo de debate que se da en torno a este tema. Un debate pringado de frases altisonantes (“se inicia una nueva democracia verdaderamente participativa”), ideología a raudales (“los movimientos sociales serían los que asumen casi de forma natural este control y participación) además de un conjunto de deseos absolutamente pertinentes pero no por ello aplicables (“el control social debe ser el motor del funcionamiento estatal y estar incluso por encima de los poderes del Estado”). Pero todo este combo no tiene o tiene una articulación mínima como lo que sucede: las limitaciones del control real, la participación territorial en desmedro de aquella empresarial (por ejemplo), la cooptación de los controladores por el Estado, la transferencia de recursos para su funcionamiento entre otros aspectos que hacen a la esencia misma de una ley acorde a la necesidad no sólo de especular sino de convertir los anhelos en política pública. Real y asible. Muy poco de eso es lo que vemos.

De ese modo, el constructo normativo de este periodo responde a consignas ideológicas alejadas de cualquier experiencia práctica, mientras que el modelo que antecedió fue desarrollando un cariz normativo menos ambicioso pero acorde a lo que se iba aprendiendo. Aprendizaje que demandaba concisas pero imprescindibles (micro)reformas. Sin embargo, no es sólo un problema de que “el camino se hace al andar” y los errores, por tanto, irán enmendándose a medida que se avance. No, en el caso del anteproyecto analizado el error es congénito. No se resuelve sólo aplicando menores pero efectivas reformas. No, lo que existe en verdad es una debilidad de origen constitucional. O, para ser más precisos, la CPE refleja una concepción política/filosófica de ver al país y la coyuntura particular que se vive, proclive al cambio radical. Se trata de una coyuntura revestida de revolución. Y en las revoluciones las cosas nacen de cero. Los orígenes no deben remontarse al pasado. Se inician hoy. La historia sólo sirve para recordarnos eras de oscurantismo que deben ser revertidas. En tal sentido, cualquier reminiscencia a la “República” debe ser sustituida por la palabra “Estado Plurinacional”, recordándonos que el parto de una nueva Bolivia viene aparejado, o debería hacerlo, de nuevos nombres, actitudes y valores. En esa senda, todo tufo republicano debe extinguirse, bajo la certeza de que el estado calamitoso de Bolivia se debe a sus élites republicanas antinacionales y racistas y, por eso mismo, despreciables, cuyo único propósito fue lucrar a costa del pueblo. Este último, aunque acorralado, logra sobreponerse perfilándose como el último reducto nacionalista frente al embate oligárquico/imperial antinacional. 2 En suma, la culpa del fracasado derrotero nacional corresponde a sus líderes.

Es esta la visión predominante en la denominada “nueva izquierda”, cuya simpleza hace perder de vista que una vez desterradas tales élites, el país estaría seguramente como está. El problema, por lo tanto, es menos un asunto de oligarquías malsanas que de construcción de instituciones sólidas y estables. 3 Sin embargo, más allá de este apunte crítico a esta abundante bibliografía antielitaria (por eso el desdén por todo lo que traiga a colación la palabra “empresa privada” o “élites” 4), lo remarcable, para el tema que nos compete, es visibilizar el efecto de este pensamiento: “si la culpa la tuvieron la élites republicanas y sus instituciones corruptas en desmedro del pueblo, entonces ahora le toca gobernar al pueblo”. Vale decir, se contraponen dos actores en juego: los gobernantes (culpables) frente a los gobernados (víctimas), donde si uno falla (los culpables) no queda mucho por elegir: toca el turno a las víctimas, que por su condición misma poseen la sensibilidad adecuada como para gobernar al país.

Todo este esquema medio burlesco de exhibir lo que fluye ideológicamente en el país, resulta menos jocoso cuando se quiere hacer leyes acordes a estas “verdades”. El resultado no es otro que la instalación en el imaginario de los proyectistas de la ley de un anhelo: el de lograr desde esa “sociedad civil organizada” lo que no lograron las instituciones republicanas (desde las élites que las manejaron). No, en vano, se asigna a ésta (a la sociedad) responsabilidades que competen a un Estado. A todo un Estado, desde legislar, gobernar, hacer elecciones, sentar jurisprudencia, etc. En síntesis, el Estado republicano debe quedar reemplazado por el Estado del Pueblo que, en jerga de lo políticamente correcto, recibió el apelativo de “Estado Plurinacional” y en la Constitución se conoce como la “sociedad civil organizada”

¿Qué significado tiene, entonces esta forma de concebir el control social? No hay dudas: se trata de un control social que deja de ser social adoptando características más próximas a la fiscalización además de toda la amplísima gama de labores estatales que se le asigna. Lo social se diluye tornándose estatal. La “ambición” como la hemos llamado, en verdad, constituye un obstáculo de inicio, en la medida que es el parto constitucional el que trae al mundo a este ser de dos cabezas: una social y otra estatal. En ambos casos, esta bifurcación de su rol entorpece su eficiencia. Como sociedad se ve constreñida por la ampulosa fijación de deberes, mientras que como Estado compite con éste, allanando el camino para la reconstitución de un “poder dual”. La añoranza tácita al cogobierno postrevolucionario (de la Revolución del 52) o la fugaz Asamblea Popular de los 70 no se extingue. El anteproyecto recrea este amartelo político. Y así, se cree que el problema fue, en el primer caso, la falta de conciencia del pueblo para asumir el mando no obstante haber derrotado militarmente al gobierno de turno, mientras que, en el segundo caso, la dificultad, a la inversa, no fue la falta de conciencia sino la carencia de vitalidad militar. Lo que sobró en el primer escenario —lo militar— faltó en el segundo, y lo que extrañó el segundo —la conciencia— fue el rasgo dominante del primero. 5 En todo caso, en esta interpretación se da por obvio que la estatización de la sociedad hubiese sido lo ideal.

A contrapelo de esta tesis, este ensayo enfatiza que el problema no es de conciencia ni de fuerza. Es de visión. Una visión que pondera todo acercamiento social al Estado como positiva, per se, es engañosa. Demasiado acercamiento produce absorción de lo social. Demasiado alejamiento promueve confrontación. Cooptación versus autonomía, resume el dilema. Nuestra historia inmediata ya retrata fielmente estos escenarios. 6 El Estado Mayor del Pueblo conservó su autonomía pero con reducida incidencia sobre la marcha estatal. La Coordinadora de los Movimientos Sociales, en la antípoda, parece haber quedado subsumida en el Estado, perdiendo autonomía aunque quizás incidiendo en el funcionamiento estatal (al menos desde el punto de vista de la prebenda, copando puestos públicos en una dinámica de empleomanía muy usual en nuestro país). En el centro, con notable injerencia sobre el Estado, específicamente sobre los contenidos constitucionales, el Pacto de Unidad que mantuvo distancia del Estado, a tiempo de acordar con Él la incorporación de determinados tópicos en el anteproyecto de Carta Magna. Juntos pero no revueltos, parece ser la síntesis de una adecuada relación Estado-sociedad.

Este ejemplo permite comprender que el anteproyecto de ley analizado, más que un acercamiento con el Estado, que posiblemente sería deseable, como lo demuestra el caso del Pacto de Unidad, va más allá, erigiendo a la “sociedad civil organizada” como Estado. No es sólo un apéndice que se aproxima del Estado, sino que se constituye, ella misma, en un proto-Estado. No lo reemplaza, es cierto, pero lo amordaza. Es un suprapoder que vigila, holísticamente, todo el complejo estatal. Es un ojo que ve “desde arriba”. Desde un “arriba” difuso, que quizás esté abajo. No lo sabemos. Nadar en aguas del deseo, como es el sello de la redacción de ley, impide saber cuándo abajo es abajo y arriba, arriba.

En suma, si bien el control se encuentra reconocido legalmente, su rol se desvirtúa al asumir, en forma “ambiciosa”, demasiadas tareas estatales (como la fiscalización, la gestión pública y otras relativas a los poderes legislativo, judicial y/o electoral). Estamos, pues, frente a un control invasor que deja su identidad de control social para vestir el ropaje de “Estado paralelo”. Monumental error que al final deja al control real en ascuas, para beneficio de un entorno palaciego oligárquico y, por eso mismo, discursiva pero no efectivamente participativo.

1          Este trabajo se basa en el documento más extenso El control y la participación en Bolivia. En busca de una legislación acorde a los avances y obstáculos de la incidencia de la sociedad civil en la gestión pública (autonómica), promovido por la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria en 2011 (documento interno).

2          Esta tradición está inscrita ya en los textos de Zavaleta, Almaraz y Marcelo Quiroga, cf. la lúcida reflexión de Fernando Molina, “La decepción de los Almaraz”, del 30 de junio de 2011 en http://www.paginasiete.bo/2011-07-01/Opinion/Destacados/15Opi00101-07-11-P720110701VIE.aspx.

3          Cf. el brillante análisis de Fernando Molina, “¿Por qué perdemos en todo?”, del 14 de julio de 2011, en http://www.paginasiete.bo/2011-07-15/Opinion/Destacados/17Opi00115-07-11-P720110714VIE.aspx.

4          HCF Mansilla, La empresa privada boliviana y el proceso de democratización, Fundación Milenio, La Paz, 1994, cap.1.

5          René Zavaleta, 50 años de historia, Los Amigos del Libro, La Paz, 1992.

6          En lo que sigue Jorge Viaña, “La compleja trama de permanente interlocución/ruptura entre movimientos sociales y el gobierno del MAS en Bolivia 2006-2009”, en Róger Cortés (coord..), Claves de la transición del poder (Cuaderno del Futuro No. 26), PNUD, La Paz, pp. 19-93.

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