octubre 17, 2021

Necesitamos una Ley que garantice una vida libre de violencia para VIVIR BIEN

por: Patricia Brañez C. *

Partiendo del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es la violación a sus derechos humanos, multifacético con variadas expresiones, alcances y consecuencias, y que estos actos son utilizados por los hombres como mecanismo de disciplinamiento que dejan huellas visibles y daños internos irreversibles en los cuerpos de las mujeres, es necesario promover un cambio sustancial en nuestra legislación para garantizar sus derechos constitucionales.

Las historias de violencia contra las mujeres de todas las edades son continuas y sostenidas, con rasgos de tortura que muestran que se desconoce o que no se aceptan los derechos conquistados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos contenidos están en concordancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y otras normativas internacionales y en la cual, después de un proceso constituyente, se introduce como Derecho Fundamental que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad (Art. 15, II) y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado (Art. 15, III).

La violencia vista desde lo legislativo

Si el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia propone políticas para la despatriarcalización y descolonización esto significa que reconoce la necesidad de desestructurar el sistema patriarcal en su institucionalidad y en lo jurídico para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de las mujeres a vivir una vida sin violencia, que contribuya a deconstruir las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres que generan en el imaginario colectivo desigualdades en las condiciones de vida de las mujeres. Lo que debería estar también garantizado con los y las nuevas magistradas elegidas en octubre de este año.

En este sentido, instamos a la Asamblea Plurinacional que priorice el tratamiento legislativo de la LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES, porque esta propuesta constituye un marco de protección a los derechos humanos de las mujeres y que garantizaría una vida sin violencia como parte de las políticas del VIVIR BIEN, para todas las mujeres bolivianas, sin discriminación alguna, en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Porque si tomamos en cuenta los datos estadísticos a nivel nacional generado por el INE – VIO los registros muestran que de 10 denuncias 9 corresponden a mujeres; por otro lado, las historias de vida de las mujeres en situación de violencia que acuden a los servicios alternativos de atención muestran que aún nos encontramos lejos del paradigma planteado por el gobierno respecto al vivir bien.

La construcción del anteproyecto de ley integral surge, por lo tanto, de la propia vida de las mujeres que día a día enfrentan situaciones de violencia y que se retroalimenta también desde los saberes y experiencias de las mujeres organizadas y, por qué no decirlo, de las institucionalizadas oenegistas, que parten desde un diagnóstico para identificar la magnitud de la violencia en el país.

Un proyecto ambicioso

Desde el 2006, se realizan talleres departamentales y nacionales de socialización y retroalimentación a la propuesta, la cual posteriormente se concretiza en un texto que ha sido calificado como “ambicioso” por el propio vicepresidente del Estado Plurinacional el 25 de noviembre de este año.

Evidentemente es ambicioso, porque el anteproyecto de Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las mujeres propone medidas de prevención, atención, protección, tipificación de delitos, sanción y reparaciones para las mujeres en situación de violencia y da respuesta a una problemática histórica, estructural y latente en nuestra sociedad cuyas víctimas principales son las mujeres de todas las edades, clase social, nación o pueblo indígena originario campesino. Y que, para efectivizarse, debe contar con el compromiso político y social de los y las tomadoras de decisiones de todos los niveles del Estado Boliviano para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el ámbito privado – familiar, porque plantea la protección a las mujeres en situación de violencia doméstica, de pareja e intrafamiliar física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, en el marco de relaciones de parentesco, por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Y también, propone prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público, como en el sistema educativo, en el espacio laboral, en los medios de comunicación porque a través de la publicidad y difusión sin ningún tipo de regulación se refuerzan estereotipos sexistas que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres.

Asimismo, propone cambios importantes en el sistema de salud que reviertan los hábitos discriminatorios, victimizantes y humillantes a las mujeres que ingresan con lesiones por hechos de violencia en pareja, doméstica e intrafamiliar o por la falta de respeto a usos y costumbres de las mujeres de naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Finalmente, propone la modificación y derogación de artículos violatorios a los derechos humanos de las mujeres en nuestra normativa actual e incorporar en el Código Penal la tipificación del Feminicidio como delito penal.

*          Coordinadora de Proyectos e Incidencia Política. Centro de información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM.

Be the first to comment

Deja un comentario