A raíz del quiebre de la institucionalidad autonómica conviene ver no sólo la gestión desarrollada (algo que hice en un artículo previo) sino los contenidos mismos de la Ley de Autonomías (LA). Parto de la tesis de que las posibles debilidades del proceso residen no sólo en la escasa voluntad autonomista del gobierno sino en el alcance mismo de esta ley. Considero que esta norma estaba en la obligación de observar cuáles fueron las debilidades de la descentralización previa –la descentralización auspiciada por la Ley de Participación Popular (LPP)- y, legislar acorde a esos vacíos, dándoles solución. Una gruesa porción de lo que se iría a normar, por tanto, debería partir de las deficiencias del modelo que se heredaba cuyas principales “fallas” fueron a) la imposibilidad de ayudar a paliar la pobreza, b) la consolidación de un modelo fiscal rentista/no productivo y c) la sedimentación de una estructura estatal “fragmentada” (incapaz de coordinar entre sí). ¿Qué hace la LA al respecto?
La imposibilidad de ayudar a paliar la pobreza: Una apretada síntesis pone en evidencia que
– los efectos sobre la reducción de la pobreza fueron dispares entre los diversos municipios, sin llegar a sobresalir una orientación relativamente dominante (como la deseada referida a que la descentralización coadyuva a reducir la pobreza y desigualdad).
– los municipios que eran pobres frente a aquellos “ricos” han permanecido pobres y los ricos, ricos. Además,
– la distancia –llámese Índice Gini- entre los municipios pobres y los municipios ricos se acrecentó, sin dejar de mencionar que los perdedores en esta evolución fueron precisamente los municipios con mayor población indígena.
La LM no se exime de incidir en el asunto en cuestión creando el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, cuyo propósito precisamente es distribuir en función a criterios de equidad, con recursos provenientes de los excedentes de venta del gas en caso de que los precios mejorasen. No cabe duda que esta idea es muy promisoria. Sin embargo, se quedó en simples buenos deseos. Y es que se requiere de una legislación complementaria que nunca se dio. Por el contrario, ahora se habla de usar esos recursos excedentes en fomento a la inversión hidrocarburífera a expensas de las autonomías. Avance nulo.
La consolidación de un modelo fiscal rentista. La matriz fiscal boliviana tuvo como rasgo dominante la transferencia de recursos sin condiciones. Recursos que fluyeron a cuentas municipales de modo creciente alentados por presiones políticas antes que por criterios de distribución fiscal medidos por parámetros de eficiencia y/o desigualdad. Esta lógica fiscal quedó sellada en 2005 con la masiva afluencia de recursos por concepto de las riquezas gasíferas. Semejantes volúmenes de recursos no estuvieron sujetos a regulación estatal alguna. La lógica, por tanto, es simple: no se requiere eficiencia en la gestión para recibir más recursos. El rentismo se convirtió así en el atributo “natural” del modelo fiscal vigente.
La LM hizo poco al respecto. Se dejó intacta la injusta fórmula de distribución fiscal departamental basada en la Ley de Hidrocarburos de 2005, que, por ejemplo, otorga a ciudadanos de Tarija o Pando entre 15 a 35 veces más que a ciudadanos de otros departamentos. Tampoco se tocaron los recursos IDH. A pesar de sendas discusiones respecto a la posibilidad de redistribuir mejor el IDH y desviar una porción al “desarrollo económico” o a las autonomías más eficientes en diversos sentidos, la norma acabó por preservar la inequitativa fórmula fiscal. Avance nulo.
La “estructura estatal fragmentada”: Pudimos ver a lo largo de más de década y media de Participación Popular una descoordinación evidente en la gestión pública. Se observó, entre muchos ejemplos, la inauguración de una descentralización a partir de la LPP y otra descentralización (por decirlo de algún modo) sociocultural a partir de la promulgación de la Ley INRA que reconocía la existencia de Territorios Comunitarios de Origen. Asimismo, los sectores propiciaron una descentralización sectorial no siempre coincidente con los esfuerzos desplegados por los “municipalistas”. Ni que decir de la cooperación internacional cuyos múltiples programas de apoyo al Estado boliviano fueron útiles pero dispersos.
La LM hace caso de este pedido y crea el Consejo Nacional de Autonomías que pretendía ser un órgano estratégico de la marcha autonómica. Un ente pensante que coadyuvaría a comprender la descentralización como un todo y no como múltiples partes dispersas y en competencia entre sí. Útil, sin dudas. Sin embargo, su composición deja en absoluta minoría a los gobiernos departamentales, y, en particular a aquellos de oposición. Por ende, una idea tan destacada puede acabar malograda si el propósito no es precisamente el de ser esa institución estratégica, sino el de convertirse en una mayoría política capaz de marginar a los impulsores del “modelo autonómico”.
También se creó el Servicio Estatal de Autonomías. Se otorga, de modo adecuado, un rol prominente a este órgano como la definición de criterios para delegar competencias o evitar conflictos entre niveles territoriales en la apropiación autonómica diferenciada de las mismas. Sin embargo, este notable avance se diluye cuando se verifica que esta nueva dependencia técnica es una oficina del Ministerio de Autonomías, restando preeminencia a su condición de órgano técnico. El copamiento político se impone. Avance nulo.
Por ende, lo que se vislumbra no es una posible reducción de la pobreza, el buen uso de los recursos públicos ni la coordinación entre los niveles territoriales. Por ende, las autonomías apuntan a ser una frustración más en la larga historia de desencantos nacionales.
Leave a Reply