El último mes tres grandes hechos han vuelto a colocar en América Latina y el Caribe el grave y largo conflicto armado colombiano, pero sobre todo han evidenciado que el polémico principio de la autoridad del Estado hace que la conquista de la paz está todavía demasiado lejana.
Un primer gran hecho se ha traducido en la adhesión de miles de importantes intelectuales del mundo a dos pronunciamientos -uno más largo que otro- que demandan un acercamiento entre las partes en conflicto —el Estado colombiano y la guerrilla (FARC y ELN)—, para construir confianzas y abrir una salida política negociada a una guerra interna que en más de cincuenta años ha provocado la perdida de miles de vidas, el desplazamiento de otras decenas de miles de personas y la violación de derechos humanos, además de gastos innecesarios en temas militares.
Los pronunciamientos convocan al pueblo y gobiernos colombianos, a la comunidad internacional y particularmente uno de ellos —el más corto— interpela a la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) a tomar la iniciativa y trabajar para plasmar en los hechos una resolución de ese foro político en la que declara a Sudamérica como territorio de paz.
Un segundo gran hecho es la ratificación que hicieron los dos grupos guerrilleros para encontrar una salida política negociada al conflicto armado a partir de enfrentar las causas estructurales que determinaron el inicio de la lucha armada y que, según las dos comandancias rebeldes, no ha sido resueltas.
Desde esa perspectiva, ambos grupos guerrilleros han rechazado cualquier posibilidad de desarme y entrega de las armas que es exigida por el gobierno de Santos, en una línea política y militar indiferenciada de la desarrollada por su predecesor Álvaro Uribe.
La señal de las FARC, por ejemplo, para avanzar hacia la construcción de un clima de confianza se expresa en la liberación progresiva de los retenidos que están en su poder, particularmente vinculados a las fuerzas militares y policiales, pero sobre todo en la derogación de una de sus leyes de guerra que daba pie precisamente a una práctica que con el pasar de los años provocó duras críticas en el mundo, incluso de sectores de la izquierda. Otro grupo será liberado en los siguientes días.
El tercer hecho, a contra ruta de los dos anteriores, es el endurecimiento del gobierno colombiano. Es preocupante que el presidente colombiano esté seguro de que la salida es la derrota de la guerrilla, cuando cualquier observador medianamente informado sabe que eso no es posible por una diversidad de causas. De hecho, gobiernos anteriores trabajaron en la misma dirección y nunca lograron su objetivo.
Esta posición de Santos conduce a preguntarse si no es la necesidad de mantener la guerra, lo que da grandes beneficios económicos a muchos mandos militares y políticos, lo que empuja a cerrar cualquier espacio de diálogo. No habría que descartar que la sistemática persecución a los jefes rebeldes y su posterior baja tenga por objetivo impulsar a las FARC y ELN a una mayor radicalización y a un abandono de su propuesta política.
Lo que pasa en Colombia nos duele a todos. Militarmente no habrá salida. Es por todo eso que el conflicto armado colombiano es de interés de América Latina y el Caribe. Hay que luchar por la paz.
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