diciembre 8, 2021

Ante un nuevo ciclo de conflictividad social

Las estadísticas a veces pueden confundirnos; una cosa es el número de conflictos y otra la gravedad de los mismos. Así sea el 2011 el año con más eventos registrados, el momento más crítico de los seis años del gobierno de Evo Morales fue septiembre de 2008.

Vivimos en una sociedad desgarrada por contradicciones y lucha de intereses clasistas, étnicos y regionales; mientras ese carácter estructural no se modifique la conflictividad social seguirá existiendo y lo más que puede hacerse, desde el Estado y desde la Sociedad Civil, es controlarla canalizándola por cauces cada vez más democráticos, buscando transformar su energía en fuente de legitimidad para nuevas formas de convivencia social cada vez más justas y equitativas.

Hemos ingresado de lleno a un nuevo ciclo de conflictos que comenzó en la segunda quincena de marzo y que se extenderá hasta mayo de 2012. Este ciclo tendrá como cotas más altas los conflictos regionales, fundamentalmente el de Tarija con Chuquisaca por la distribución de la renta hidrocarburífera generada por el campo Margarita – Huacaya, y el conflicto sindical con sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), cuya punta de lanza son hoy los trabajadores salubristas y profesionales médicos, que se movilizan en todo el país contra un decreto que extiende su jornada laboral diaria de 6 a 8 horas, menos de lo que trabajan la mayoría de los bolivianos.

Este contexto puede terminar potenciando la anunciada IX marcha de los pueblos indígenas en defensa del TIPNIS, si es que trasciende su carácter sectorial y se convierte en una marcha nacional aglutinadora de demandas. Encarar adecuadamente estos conflictos, desplegando iniciativas transformadoras y revolucionarias, evitará costos políticos mayores al gobierno. Y para tomar buenas decisiones estratégicas se necesitan buenos diagnósticos y pronósticos, no bastan los discursos mediáticos o la capacidad de maniobra política.

Algunas pautas para el análisis de la conflictividad

Hace unos días participé en un Foro sobre “Diálogo y Transformación de Conflictos en Bolivia” organizado por varias instituciones no gubernamentales, allí se presentó el siguiente cuadro sobre conflictividad social elaborado por la Fundación UNIR (ver cuadro)

Pero las estadísticas a veces pueden confundirnos; una cosa es el número de conflictos y otra la gravedad de los mismos. Así sea el 2011 el año con más eventos registrados, el momento más crítico de los seis años del gobierno de Evo Morales fue septiembre de 2008, cuando en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se produjo el intento de golpe civil con la toma de instituciones públicas y aeropuertos, y el asedio de barrios populares por grupos de choque armados por cívicos, prefectos y empresarios de derecha, cuya máxima expresión de terror fascista fue la masacre de Porvenir, en el norte amazónico del país.

En el estudio de la conflictividad social, para un mejor tránsito de lo cuantitativo (análisis fáctico) a lo cualitativo (análisis estratégico) es útil aplicar la categoría marxista de Sobredeterminación. La sobredeterminación en el análisis sociológico, significa que un hecho social relevante (un conflicto) es la expresión concreta de una pluralidad de factores determinantes. En el análisis estratégico de un conflicto estructural, de un conflicto no estructural pero prolongado, o de un conflicto corto en el tiempo pero con altos niveles de confrontación, se los debe asumir como eventos resultantes de varias causas, ya que una sola causa no basta para explicarlos. Veamos un ejemplo.

Es el caso del paro cívico de El Alto del 22 de marzo. Fue una masiva y organizada protesta de los vecinos contra un intento de incremento de tarifas del transporte público. Pero este conflicto se gestó por lo menos hace un año, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley de nacionalización de vehículos indocumentados, que saneó el negocio del contrabando masivo de autos “chutos”. La consecuencia fue que aumentó la cantidad de minibuses, lo que a su vez incrementó la competencia en el transporte urbano disminuyendo las tasas de ganancia de los empresarios del transporte (esos que son dueños de flotillas de minibuses) y los ingresos de los chóferes asalariados. Para no perder, los transportistas mantuvieron el precio del servicio (tarifa), pero disminuyeron el recorrido. Así surgió el denominado “trameo”, que empeora la calidad del transporte urbano aunque paradójicamente haya mayor número de vehículos circulando. Esto originó el reclamo ciudadano que, al no ser atendido oportunamente por la Alcaldía ni por el Gobierno Central, desembocó en el paro cívico.

Por tanto en este conflicto alteño (que se está propagando a la ciudad de La Paz) la solución no es meramente tarifaria, sino controlar enérgicamente el mercado negro de vehículos de contrabando (negocio que sigue viento en popa) y regular en beneficio de los usuarios la calidad del servicio de transporte urbano.

Naturaleza y Tendencias en la conflictividad

Desde el año 2009, luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en el país disminuye la conflictividad político-institucional y se incrementa la conflictividad socio-económica, configurando una situación general de malestar social.

Pero, a efectos del análisis, es importante anotar que no es una conflictividad por escasez, ya que en Bolivia las principales variables macroeconómicas se mantienen estables y no estamos en medio de una crisis económica, a diferencia de la dramática situación que viven los países europeos. Lo que hay en nuestro país es una conflictividad por redistribución, una pugna redistributiva entre distintos sectores sociales que demandan mayor acceso a bienes, servicios, factores productivos e ingresos.

Y es una conflictividad ante la que el gobierno no está respondiendo con transformaciones económicas (del sistema financiero, de la minería controlada por las empresas transnacionales) vinculadas al financiamiento de medidas sociales (sistema único de salud, construcción masiva de viviendas populares, plan de empleo productivo) que modifiquen la tendencia a la concentración de la riqueza característica del sistema capitalista. Al respecto y valorando los avances logrados en los últimos años en la disminución de la pobreza extrema y moderada, no está demás recordar que seguimos siendo uno de los países más inequitativos de Latinoamérica en cuanto se refiere a la distribución del ingreso.

Si no hay verdaderas medidas de profundización del proceso de cambio, se mantendrá esta tendencia al acrecentamiento de la conflictividad socio-económica, que en su generalización puede llevar a la desestabilización del propio gobierno. La respuesta revolucionaria ante una conflictividad de naturaleza redistributiva debe ser Socializar la Economía, vale decir implementar nuevas transformaciones sociales y económicas precisamente de carácter redistributivo.

También están resurgiendo con inusitada fuerza los conflictos por límites intermunicipales e interdepartamentales, que suelen ser la expresión de disputas por el acceso y control de recursos naturales renovables (v.gr. el uso de las tierras agrícolas, entre Killacas y Coroma en el occidente andino) y no renovables (v. gr. la renta gasífera, entre Chuquisaca y Tarija al sur del país). La respuesta revolucionaria ante la conflictividad de límites debe ser Democratizar la Política, vale decir acelerar los procesos de construcción socialmente participativa del Estado Plurinacional y de implementación del régimen de Autonomías.

*          El autor fue Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Ministro de Gobierno. Actualmente es miembro de la Escuela Nacional de Formación Política.

            http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/

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