junio 22, 2021

En memoria de Juana Quispe

Recuerdo a Juana como una líder y luchadora que fue una de las impulsoras de la Ley contra la violencia y acoso en razón de género puesto que ella era una de las víctimas de este fenómeno. El cuerpo sin vida de la concejala Juana Quispe de Ancoraimes fue encontrado el 13 de marzo a orillas de un río en La Paz. Junto a ella se encontró un cinturón con el que presumiblemente fue estrangulada por sus asesinos, de los cuales se desconoce su paradero.

A pesar de que la participación y representación política de las mujeres se ha incrementado, ha sido obstaculizada permanentemente por la violencia y el acoso político en todos los ámbitos: nacional, departamental y especialmente en el nivel municipal, sin que hasta la fecha se hayan impulsado mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la representación en igualdad de condiciones que los hombres. Además la legislación vigente no contempla un catálogo específico de derechos políticos de las mujeres, las conductas de acoso y violencia contra mujeres que ejercen cargos públicos no se encuentran tipificadas como infracciones y/o delitos en las normas que regulan la función pública a nivel municipal, departamental o nacional. La normativa vigente en esos ámbitos no prevé mecanismos e instancias específicos para la denuncia, tratamiento, monitoreo o seguimiento de estos casos. No existen tampoco instancias públicas que verifiquen y registren los casos. A pesar que la mayor parte de las conductas de violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal, con penas mínimas que en la mayor parte de los casos no implica pena privativa de libertad, ninguno de los casos denunciados ha concluido con una sanción para el infractor y/o la restitución de los derechos de la víctima. Además, existen problemas y dificultades en aplicar la normatividad y los instrumentos pre – establecidos, no basta el marco legal se deben realizar acciones que obliguen su cumplimiento.

La Ley finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional la semana pasada y está orientada a identificar conductas de acoso y violencia política y tipificarlas como delitos. Establece sanciones para las personas que cometan este tipo de delitos, identifica instancias y mecanismos para el tratamiento de casos de acoso y violencia política. De esa manera, este instrumento normativo protegerá los derechos de las mujeres para el ejercicio de cargos de representación política.

Por otro lado, la Ley enfoca un problema que estadísticamente afecta a las mujeres. Hasta el momento los casos recibidos han sido de mujeres alcaldesas y concejalas. Según la Asociación de Concejalas de Bolivia, (ACOBOL) se han recepcionado mas de trescientos casos. Las denuncias en su mayoría son de casos en municipios rurales del país. Entre el tipo de denuncias están en primer lugar las presiones o acoso con un 43%, actos de violencia 24%, impedimento del ejercicio de funciones con un 23% y el 10% relacionados al congelamiento ilegal de cuentas municipales, discriminación, difamación y calumnia.

Dada la importancia de contar con un instrumento legal que garantice los derechos políticos de las mujeres es de esperar que la cámara de Senadores y Senadoras agende la ley contra la violencia y acoso político en razón de género para su tratamiento y aprobación, con el objetivo de asegurar la eliminación de este tipo de violencia contra las mujeres.

Posteriormente es fundamental el compromiso Estatal como garante del cumplimiento de los principios de igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de participación y decisión, por medio de la difusión de la Ley para lograr procesos reales de participación política en igualdad y paridad. La violencia no puede continuar formando parte de la estructura social. Es urgente que no sucedan mas casos como los de Juana Quispe.

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