junio 19, 2021

La era de los departamentos silenciados. El reinicio del centralismo

Parece una noticia de menor calibre. Sin embargo no lo es. Al menos no desde la óptica de un desarrollo regional verdaderamente descentralizado. Las cifras son contundentes: de 157 proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados en la gestión 2011-2012, sólo 55 (una tercera parte) benefician exclusivamente a las regiones. Para opositores y oficialistas, esto es signo de una baja actividad propositiva de las brigadas departamentales. Más aun si se tiene en cuenta que de este total de leyes con orientación departamental, 32 (el 60%) benefician a sólo dos departamentos: Potosí, con 18 leyes, y La Paz con 14. Lo regional, por lo tanto, se encuentra notoriamente marginado.

Ésta es una alerta muy obvia. Y es que aquellos que creen que hacer descentralización significa apuntar todos los dardos hacia las autonomías, no entienden que el asunto es más amplio y complejo. Las autonomías, no obstante su importancia, son un engranaje, aunque no menor, sólo un engranaje, de una maquinaria de (des)favorecimiento regional mayor, entre cuyas piezas descuella la injerencia de las regiones a través de sus bancadas departamentales. Bancadas dedicadas a sentar “soberanía departamental” en el marco de la Asamblea Legislativa. Su propósito, por lo tanto, es “departamentalizar” las leyes nacionales. Fungir, yendo al extremo de la tesis, como virtuales embajadores de sus regiones. El desarrollo regional, por ende, tiene en esta institución un pilar fundamental que no se puede soslayar.

Dicho esto, conviene partir de la certeza de que lo regional, a lo largo del periodo democrático anterior al ascenso de Evo Morales, no tuvo mucho brillo. Pareció estar ausente frente a la andanada de leyes nacionales de grueso calibre como las leyes de privatización, educación o INRA. ¿Pero realmente lo regional estuvo ausente? No, definitivamente no lo estuvo, pero si adquirió un rostro menos visible. Lo visible, como se dijo, fue lo “grande e importante” como las leyes impositivas, aquellas ambientales o las normas judiciales, que opacaron esta “departamentalización” soterrada por la lógica “nacionalizadora”. Es por ello que resulta fundamental ver en qué medida las políticas públicas diseñadas (las leyes en sí mismas) tuvieron un rango departamental.

Lo que se observa es que de 1985 a 2007 se promulgaron 2982 leyes, de las que 562 fueron leyes nacionales, 1611 leyes departamentales y 809 internacionales (elaboración propia en base a “Legislación Boliviana, compendio de Leyes de 1825-2007” Vicepresidencia de la República). Como se colige, la mayor cantidad de leyes (casi tres quintas partes del total, muy pero muy lejos del tercio que exhibe el MAS) fueron “leyes departamentales”, entendiendo por ellas normas que otorgaron créditos a los departamentos, ofrecieron obras de infraestructura para los mismos, crearon cantones en sus jurisdicciones territoriales, retribuyeron con donaciones, condonaciones y subsidios éstgos, constituyeron lugares de “patrimonio nacional” en ciertos departamentos, facilitaron la repartición de emolumentos regionales y demás aspectos que mantuvieron una sólida presencia departamental.

Ello devino en la posibilidad, y esta es la conclusión más sobresaliente, de promulgar “leyes importantes” a cambio de “contentar” a los legisladores de turno con leyes aparentemente intrascendentes como las mencionadas. Intrascendentes por su contenido pero no por la oportunidad que ofrecieron a la democracia de pavimentar la gobernabilidad: “yo apoyo tus leyes importantes, siempre y cuando me des puentes, créditos o menciones honrosas a mi región”, parece ser la frase que podría resumir lo analizado.

Ya sabemos que hay una democracia pactada que funcionó, en gran parte, al calor del peso departamental. Dicho esto, queda una constatación más que hacer: ¿cuándo se da una mayor “departamentalización de las leyes”? Acudiendo a similar fuente, se deduce que hay dos elementos que deben mencionarse. Por un lado, mientras más fuerte la coalición parlamentaria, y, por tanto, de gobierno, menor la cantidad de leyes emitidas. Por otro lado, mientras más débil la misma coalición más posibilidad de “departamentalización” de las mismas. El caso de Carlos Mesa es claramente paradigmático en este sentido. No obstante estar menos de 3 años en el cargo, las leyes aprobadas durante su gestión rondaron las 700, frente a poco más de 300 durante el gobierno de Víctor Paz, quien estuvo cuatro años. Asimismo, el carácter regional de las mismas es elocuente con aproximadamente 600 frente a 200 de ellas promulgadas durante el gobierno establecido de 1985 a 1989. ¿Por qué? La respuesta apunta a una ecuación relativamente simple: a mayor fortaleza de la coalición, menor regionalización de las leyes, o, desde la óptica inversa, a mayor fuerza gubernamental, menor posibilidad de que emerjan leyes regionales.

Hoy la realidad apunta, como nunca en la historia (al menos de las últimas 2 a 3 décadas) a presenciar un gobierno dotado de 2/3 del apoyo legislativo. Por tanto, la ecuación se repite, aunque hoy con más vehemencia que en el pasado: y si una coalición fuerte disminuye la presencia departamental, una mayoría (masista) tan abrumadora ya simplemente desconoce cualquier atisbo departamental. Lo visto en años previos, se reproduce en el presente con mayor vigor. No hay algo nuevo, propiamente, pero si la exacerbación de lo viejo. Y ello, vaya paradoja, precisamente, en la “era de las autonomías”. Sólo queda esperar, que esta inercia departamental tan prominente, vaya siendo revertida en el tiempo venidero. De lo contrario, sólo podemos atestiguar el resurgimiento, más contundente que antes, de un centralismo celoso de su poder.

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