diciembre 5, 2020

De la democratización política a la democratización económica

Aunque todavía no existen estudios sobre la cantidad de los conflictos en 2012, es evidente que la tendencia no ha sufrido mayor variación respecto de los últimos tres años, como tampoco su naturaleza (económica-social). Esto confirma que el principal desafío para el gobierno es darle mayor celeridad a la resolución de las causas estructurales de la desigualdad social.

Hace poco más de un mes la Fundación Unir publicó “La conflictividad social en Bolivia (2009 – 2011). Análisis multifactorial y perspectivas”, donde se establece, entre muchas otras cosas, que la principal razón por la cual nos movilizamos los bolivianos es debido a demandas por mejores condiciones de vida u otras cuestiones económicas. Es muy probable, entonces, que la mayor prioridad que tiene el Gobierno para los próximos años ya no es la inclusión de los históricamente excluidos —lo que es el logro más importante de este proceso— sino el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. Se debe hacer énfasis en la democratización económica.

Podemos adelantar que somos uno de los países más conflictivos de la región, pero no el más. Que hemos transitado de un periodo de conflictividad caracterizada por una alta polarización política a otro cuyo signo es más bien económico. Que muchas de las causas socioeconómicas que influyeron en la deslegitimación del anterior modelo económico se han atenuado pero que todavía falta para que sean resueltas estructuralmente. Y por ello, que tal vez el principal desafío del gobierno de Morales ya no es otorgar mayor representación política a los sectores históricamente excluidos, sino mejorar sus condiciones de vida.

Un nuevo ciclo de conflictividad

Empecemos señalando que la conflictividad en nuestro país va en ascenso. En total, la cantidad de conflictos registrados entre 2009 – 2011 es de 2426, cifra que supera por más de tres veces la registrada en el periodo de 2006 – 2008, que en total acumuló 881 conflictos.

En 2009 la cantidad de conflictos fue de 288, la mayor parte de ellos de carácter económico, a pesar de que el país recién estaba saliendo del periodo de alta polarización política que caracterizó al periodo 2006 – 2008. Se debe añadir, además, que este año da inicio a una serie de transformaciones políticas en nuestra sociedad que empiezan con la aprobación de la actual Constitución, la desarticulación de la oposición regional a partir de la revelación de la existencia del grupo Rosza y el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas al concluir el año.

En 2010 se registraron 838 conflictos, todos relacionados con tres factores fundamentales: primero, la realización de los comicios municipales y departamentales de abril; segundo, la discusión de leyes para aplicar la recién aprobada CPE (un ejemplo es la marcha de la CIDOB demandando mayor representación en la ALP; y tercero, la demanda de mejores condiciones económicas por parte de la población (las marchas de la COB por mayor incremento salarial en mayo y los conflictos entre Caranavi y Alto Beni por la instalación de una plata de procesamiento de cítricos ese mismo mes).

En 2011 la conflictividad se disparó, llegándose a producir 1300 conflictos, entre los cuales destacan las movilizaciones contra el D.S. 748 (gasolinazo) y la VIII marcha en defensa del TIPNIS. Este año casi todos los conflictos estuvieron fundamentalmente relacionados a problemas de tipo económico. La inflación provocada por el gasolinazo derivó en diferentes protestas en demanda por mejores salarios y precios más bajos para los principales productos de la canasta familiar básica.

Actualmente, podemos notar que esta tendencia continúa en 2012. A excepción de la IX marcha en defensa del TIPNIS, los principales conflictos como el levantamiento de la Policía o Mallku Cota fueron principalmente de carácter económico, aunque en algunos casos llegaron a ser atravesados por intereses políticos.

Por lo tanto, concluimos que hemos pasado de un ciclo de conflictividad cuyo motor central era político (lucha entre el Gobierno y la oposición regional, 2006 – 2008) a otro cuyo motor es fundamentalmente económico (2009 – 2011). Esta tendencia se ha mantenido en 2012.

Las principales causas del conflicto

El trabajo de UNIR clasifica los conflictos del periodo estudiado en 16 tipos que se agrupan en tres grandes campos. Por razones de espacio no podemos nombrar los 16 tipos mencionados, pero podemos decir que las cinco primeras causas de conflictividad fueron: Por medidas económicas (20,2%), por temas laborales y salariales (14,9%), por problemas de gestión administrativa (12,6%), por prestación de servicios públicos (11,5%) y, en quinto lugar, por cuestionamiento o reconocimiento de autoridades (7,2%).

Como podemos observar, las 4 primeras causas están relacionadas con las condiciones de vida de la población, siendo la quinta eminentemente política. Algo que se repite cuando se agrupan estos 16 tipos de conflicto en tres grandes grupos: 1. Por la reproducción social (60%), 2. Por problemas institucionales (30%) y 3. Políticos culturales (10%).

Los conflictos por la reproducción social son aquellos que involucran demandas por mejores condiciones de vida o protestan cuando estas condiciones se ven amenazadas. El informe resalta que se trata sobre todo de conflictos por la reproducción simple, es decir, por las condiciones económicas y sociales más básicas.

Los conflictos institucionales incluyen problemas en la gestión administrativa, cuestionamiento a la legitimidad de autoridades políticas y cuestiones legales.

Finalmente, los conflictos políticos culturales, que comprenden aquellos problemas relacionados a valores culturales, creencias religiosas, identidades, cuestiones de género e incluso ambientales

Como podemos ver en esta otra clasificación, la mayor parte de los conflictos aún corresponden a problemas económicos, sea demandas por mayores aumentos salariales o protestas contra el encarecimiento de las condiciones de vida. Y no es casual, una revisión general a algunos indicadores sociales y económicos realizada en este trabajo nos ayuda a entender por qué este tipo de conflictos es el más usual.

El informe señala que Bolivia sigue siendo el país más desigual de toda la región, donde el 20% más rico de la población concentra el 60% de la riqueza, mientras el 20% más pobre concentra apenas… ¡el 2%! También somos un país ubicado en el puesto 28 de los 84 países que sufren situación de hambre severa, donde se ha sufrido un encarecimiento de los alimentos a partir de 2009. También somos un país con 60% de su población empleada en el sector informal, sin seguridad laboral ni beneficios sociales, el de mayor informalidad en toda Latinoamérica. Finalmente y a pesar del constante crecimiento de nuestra economía, Bolivia destina actualmente el 4,8% de su PIB a servicios de salud, cuando Haití destina el 6,9%. Por supuesto, este último dato requiere algún matiz, puesto los indicadores sociales de esta isla siguen siendo perores que los nuestros.

Por todo esto, no es sorprendente, como nota el informe, que la conflictividad se haya disparado a partir de 2011, poco después que el Gobierno promulgara el gasolinazo, haciendo más difíciles las condiciones de vida de una población con ya suficientes problemas para asegurar sus condiciones más básicas de subsistencia. La espiral inflacionaria y el aumento del precio de los alimentos que siguieron luego de la derogación del impopular decreto no hicieron más que echar leña al fuego.

Los principales actores del conflicto

Debemos comenzar este acápite advirtiendo que a pesar de que la principal causa de conflictividad está relacionada con factores de tipo económico, la relación entre niveles de pobreza y movilización social no es mecánica. Esto debido a que en el periodo estudiado los departamentos que han sufrido mayores números de conflictos son aquellos con índices de desarrollo humano más bien altos.

Así, mientras la cantidad de conflictos es alta en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la proporción de los mismos es media en Oruro y baja en Potosí, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando.

En esto influyen otras variables como la importancia política o económica de los departamentos. Se menciona, a raíz de ello, que en la ciudad de La Paz pesa su condición de capital política del país, lo que sumando a la tradición centralista de nuestra sociedad (esto lo veremos más adelante) la hacen más vulnerable a la conflictividad. Santa Cruz, por otra parte, al ser el departamento económicamente más pujante del país y donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, también es proclive a sufrir altos niveles de conflictividad.

Dicho esto, resulta notable que la sociedad boliviana es una de las más organizadas de Latinoamérica. Los actores que más conflictos han protagonizado durante este periodo fueron: educación (9,2%), salud (7,4%), campesino (3,8%), minero (2,2%), indígena (1,7) y comunicación (0,4%).

Estos porcentajes no toman en cuenta el carácter estratégico de los actores, que consiste en la capacidad de aglutinar demandas de otros sectores y hacerlas transversales a las suyas hasta modificar su identidad. De esa forma, así los sectores de educación y salud tienen mayor protagonismo en conflictos, este es de sectorial y limitado a sus demandas corporativas. Mientras que el indígena, a pesar de haber protagonizado cuantitativamente una menor cantidad de conflictos, casos como la protesta en defensa del TIPNIS congregaron a más actores, haciendo este episodio muy relevante en la historia política de los últimos años.

El nivel de agregación, por ello, es una variable importante. El estudio indica que cerca de 2000 actores se movilizaron durante el periodo abarcado, cifra que relacionada con la cantidad de conflictos antes mencionada (2426) da como resultado poco más de un actor por conflicto. Esto quiere decir que los actores protestaron, en la mayor parte de los casos, de forma aislada y orientados sólo por demandas sectoriales.

Solamente algunos casos emblemáticos como el TIPNIS o el D.S. 748 lograron reunir a varios actores en un solo conflicto.

Esto puede reforzar la teoría del vicepresidente Linera acerca de las tensiones creativas del proceso, que se caracteriza por conflictos de tipo distributivo y sectorial más que por definir el contenido del Estado. Añadiendo a esto, como se ha dicho antes, que la principal causa de conflictividad durante estos tres años ha sido de tipo económico.

Para terminar, señalamos que el principal blanco de las protestas sigue siendo el Estado, que en sus diferentes niveles concentra el 84% de las demandas e interpelaciones. El nivel hacia el cual se dirigen la mayor parte de conflictos es el central (38%), seguido por el municipal (19%) y, finalmente, el departamental (11%).

Esto da cuenta de la tradición centralista que aún persiste en el país, donde se espera que el nivel central del Estado sea el que resuelva todos los problemas. Esto dice mucho acerca del ritmo de la descentralización autonómica emprendida desde la aprobación de la CPE y la LMA. El hecho de que el nivel municipal sea el segundo hacia el cual se dirigen las protestas y demandas es natural consecuencia de la importancia que hoy en día tiene a causa del proceso de municipalización iniciado por la LPP. El nivel departamental, por otro lado, aún parece tener un largo camino por recorrer para integrarse a la vida de los bolivianos al mismo grado que el municipal.

La conflictividad de Bolivia en el contexto latinoamericano

Somos el tercer país más conflictivo del continente y el segundo de la región andina. El primero es México, seguido por Venezuela. Después de nosotros, a nivel continental, se encuentra Paraguay.

A nivel andino, nos encontramos después de Venezuela y nos sigue Perú.

Las causas principales o primeras siguen siendo de tipo económico: salarial/ laboral, medidas legales, situación económica y prestación de servicios públicos.

Conclusiones

Un balance de estos tres años analizados en este texto nos permiten adelantar que si bien el gobierno de Morales significó un nuevo momento de inclusión de sectores históricamente relegados, mediante una reforma de ampliación democrática que va desde lo plurinacional hasta lo autonómico; su nuevo desafío ya no es la democratización social, sino la democratización económica.

Como se ha demostrado, la mayor parte de los conflictos responden a demandas de tipo económico y social, relacionadas a los bajos niveles de vida y desigualdad que aún persisten después de todos estos años de transformaciones. Si bien los ingresos nacionales se han multiplicado varias veces debido tanto a factores internos como externos, este crecimiento de la torta aún no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los bolivianos, que aún sufren informalidad laboral, altos niveles de pobreza, bajos niveles en la calidad de la salud y la educación y, para colmo, sigue siendo el país más desigual de la región.

Esto no quiere decir, sin embargo, que los esfuerzos del gobierno para revertir estos indicadores hayan sido nulos. Informes de prestigiosos organismos internacionales demuestran que durante los años que lleva el proceso de cambio la pobreza extrema y la moderada cayeron en 12 y 14 puntos porcentuales. De acuerdo al ministerio de Economía y Finanzas tres de cada diez bolivianos se han beneficiado de transferencias directas en forma de bonos. El salario mínimo paso de ser 440 Bs. en 2005 a 1000 Bs. actualmente. Se ha incrementado la cantidad de trabajadores en los sectores de salud y educación. Para terminar, debemos recordar que, de acuerdo al PNUD, la clase media ha pasado de ser del 30% de la población a ser actualmente el 36%, es decir, que cerca de un millón de bolivianos son ahora parte de la clase media, con mayores niveles de consumo. Bolivia subió tres puntos en el Índice de Desarrollo Humano.

Pero la democratización económica no ha seguido el ritmo de la democratización política. Ahora somos un Estado plurinacional y descentralizado, escogemos a nuestros magistrados por medio de elecciones abiertas (aunque aún no se ejerce ninguna forma de Control Social sobre estas) y la sociedad civil participa de numerosas cumbres y asambleas. No obstante, el hecho de que el Gobierno haya anunciado la agenda del 2025 demuestra que su nueva prioridad es económica.

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