octubre 27, 2020

Por una ley digna que respete la Constitución

por: Rafael Artigas

Otra vez los medios buscan marear la perdiz, miran la cáscara y no la esencia de un nuevo instrumento legal que está en puertas y que un entuerto de dos autoridades nos distrajo la atención sobre la trascendencia que tendrá a futuro la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado.

Por esas percepciones equívocas que, es algo así como mirar las musarañas en medio de la necesidad imperante de reformar leyes y proponer instrumentos jurídicos, no se va al fondo de este nuevo proyecto de ley que, como lo dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, se cuente con una ley que respete las garantías constitucionales.

La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, no sólo estará dirigida a narcotraficantes, contrabandistas, corruptos o a quienes legitimaron ganancias ilícitas, sino también a los propios servidores públicos cuyas fortunas provengan de personas que cometieron esos delitos.

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado tiene cinco capítulos, 16 artículos, cuatro disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y una disposición derogatoria y abrogatoria.

Esta norma tiene los suficientes “candados y blindajes” para que realmente se llegue a extinguir el dominio de bienes, cuando se trate de casos grandes y cuando existan procesos judiciales de por medio, como pueden llegarse a dar casos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Esta ley también establece como “inembargable” el patrimonio familiar y garantiza el derecho propietario de los ciudadanos sobre sus bienes muebles e inmuebles. “El artículo seis del proyecto de ley en su parágrafo II dice que quedan excluidos de la extinción de dominio, los bienes inembargables establecidos en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil”.

Y de igual forma, el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso ocho dice que se determina “que es inembargable, es decir, imposible de confiscar, el patrimonio familiar, conforme al artículo 32 del Código de Familia y lo previsto en la Constitución Política del Estado”.

Esta es una ley necesaria, para que los recursos obtenidos de aquellas personas que obtuvieron bienes mal habidos se utilicen en políticas sociales, por lo que será también urgente debatir sobre los procedimientos, que estos sean más claros y transparentes, que sean respetuosos de las garantías constitucionales.

Hasta ahí algunos detalles importantes que todos debemos conocer y que por su repercusión, los medios de comunicación y la oposición política, entre ellos, los sectores del transporte público y los gremialistas eludieron su conocimiento en profundidad y levantaron una campaña de distorsión sobre su contenido.

Estaremos a la expectativa de los resultados que arroje la respuesta del Tribunal Constitucional y nos daremos cuenta que lo que hasta hoy se ventila como sensacionalista por los “ruidos” mediáticos de transportistas y gremialistas, mañana pasará a la historia una ley que ante todo sea digna y respete la constitución.

*          Rafael Artigas, es comunicador y escritor orureño

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