Una banda de extorsionadores ha sido desbaratada en los últimos días. El núcleo principal estaba integrado por abogados bastante bien posicionados en el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia. Tampoco habría que descartar que sus ramificaciones se extiendan hacia otras instancias del aparato estatal.
De este hecho, lo primero que se debe destacar es al Ministerio de Gobierno, pues ha sido el trabajo de éste —y no factores externos, como un presunto investigador del FBI—, lo que ha permitido identificar desde hace varios meses atrás la red de extorsión que operaba en complicidad con fiscales y jueces. Lo demás, es una manipulación de los hechos y refleja una clara intención política.
No cabe duda, por el contrario, del punto alto que se llevan el ministro Carlos Romero, el viceministro Jorge Pérez y el actual comandante de la Policía Nacional, por la capacidad mostrada en este caso y en otros que han tenido que enfrentar en los últimos meses.
Es altamente probable que, con el transcurrir de los días, se registren denuncias contra los involucrados por otro tipo de casos que ese Ministerio llevaba adelante como responsable de la Seguridad Interna, en procura de levantar sospechas sobre los procesos legales en curso.
Por esta razón, es importante separar la paja del trigo. Una cosa son los casos que se han abierto ante la justicia ordinaria por la existencia de suficientes elementos de participación en la comisión de delitos de orden público y otra que una red de abogados se haya aprovechado de la situación para llevar adelante prácticas extorsivas. La contaminación de estas causas objetivamente existentes no implica, por efecto automático, la inocencia de los imputados.
Lo que se debe hacer, por lo tanto, es caminar en una doble dirección de manera paralela: por un lado, retroceder el caso del ciudadano estadounidense hasta el vicio más antiguo y de parte del Ministerio de Gobierno presentar las pruebas que tenga a mano. Lo mismo en otros casos, si eso llega a suceder.
Por otra parte, este caso debe servir de una gran lección para el gobierno, pues es evidente que la construcción del estado plurinacional, de manera paralela al desmonte del viejo estado, va a demandar esfuerzos mayores. Hay demasiado de lo viejo que se resiste a morir y su fuerza en concepción y práctica acumuladas en casi dos siglos puede arrastrar incluso a muchos bienintencionados.

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