octubre 30, 2020

El Estado frente a la autonomía de las mujeres

El Estado frente a la autonomía de las mujeres es un trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en julio 2012. El mismo contiene interesantes reflexiones respecto al papel del Estado en el desarrollo, poniendo el énfasis en el reconocimiento de la titularidad del derecho de las ciudadanas y los ciudadanos.

En el documento se examinan los avances y retrocesos de la igualdad de género en la región, utilizando los datos del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Por igualdad no se entiende, que hombres y mujeres sean idénticos, sino que los derechos, las responsabilidades y las posibilidades de ambos sean los mismos. El Observatorio propone 13 indicadores de igualdad de género, distribuidos en tres tipos de autonomías: física, económica y en la toma de decisiones”.

La autonomía de las mujeres solo puede ser entendida a partir de estas tres dimensiones, ya que cualquiera de ellas incide sobre las otras dos. Sin el control sobre el propio cuerpo y una vida libre de violencia (autonomía física), poco se puede hacer en el ámbito laboral (autonomía económica) para generar ingresos propios y disponer de tiempo y tampoco sin tener el poder de decisión con respecto a los ingresos generados. Sin autonomía en la toma de decisiones y representación en el ámbito político, no se puede acceder a cambios en las leyes, prácticas y costumbres en la sociedad respecto a temas centrales para lograr la autonomía femenina como son el resolver la actual crisis del cuidado de niños y niñas, personas ancianas y personas enfermas.

Las principales propuestas que se derivan del estudio de la CEPAL son entre otras, el fortalecer el área de “tiempo para trabajar” cambiando las bases sociales, políticas, culturales y económicas que sostienen la división sexual del trabajo. Se remarca que “el trabajo abarca mucho más que las tareas que se realizan por un salario o una remuneración en el mercado, por eso se apela a la necesidad de superar el silencio estratégico sobre el trabajo no remunerado, injustamente cargado sobre los hombros de las mujeres, sin que estas reciban reconocimiento, ni compensación. De este modo, el tiempo adquiere el valor de un recurso estratégico para las personas, sin cuya redistribución será imposible la igualdad en el trabajo remunerado como principal fuente de ingresos de las personas y las familias”. Así mismo, se deben reformar, mediante las políticas públicas, los vínculos entre las instituciones fundamentales de la sociedad: el Estado, la familia y el mercado. Estas deben articularse sobre un nuevo pacto social de redistribución del trabajo total entre hombres y mujeres, a fin de facilitar el acceso de estas al mercado laboral en el marco internacional de los derechos humanos.

Es necesario generar un pacto fiscal que permita dotar al Estado de mayor capacidad para redistribuir los recursos y desempeñar un papel más activo en la promoción de la igualdad. Tanto desde el punto de vista del gasto social como de la recaudación de recursos para solventarlo, y especialmente de la estructura tributaria, hay márgenes significativos para avanzar y fortalecer el rol redistributivo del Estado. En esta redistribución deben tenerse en cuenta las necesidades diferenciadas de la población y deben asignarse recursos financieros y técnicos para que la igualdad pase a ser el núcleo central de las políticas públicas.

Se deben crear empleos productivos y estables, dando recursos e infraestructura social para que se materialice el derecho de cada ciudadano y ciudadana a recibir cuidado. De esa manera la problemática del cuidado dejaría de estar relacionada exclusivamente a las mujeres. Así se propone al Estado ser el responsable de la igualdad de oportunidades en el mercado y la democratización en la familia.

También es fundamental habilitar a las mujeres para el ejercicio de la igualdad, superando los obstáculos que se oponen a una participación equitativa, eliminando varias discriminaciones que sufren las mujeres, entre ellas, la violencia que se inscribe en sus cuerpos, la negación de sus derechos reproductivos y su limitada presencia en todas las esferas de la toma de decisiones.

Por ultimo, el tema de la institucionalidad es clave, los gobiernos deben fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres y brindarles mayor jerarquía dotándolos de recursos y capacidad para ejecutar con eficacia la transversalización de la igualdad de género, especialmente en las políticas económicas. Establecer canales institucionales para que las políticas de igualdad transversales sea el resultado de políticas públicas de largo plazo y se cuente con presupuesto, capacidad técnica y poder político suficiente.

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