El Estado plurinacional ha decidido mantener la ofensiva en su reclamo de ejercer derecho soberano sobre las costas del Pacífico que le fueron arrebatadas en la ilegal y cobarde ocupación militar chilena de 1879.
La decisión de levantar la reserva boliviana al artículo VI del “Pacto de Bogotá” de 1948, que expresaba una posición de resistencia a la aplicabilidad de los procedimientos para la resolución pacífica de controversias entre los Estados en torno al Tratado de 1904, debe ser asumida como parte de la “estrategia concéntrica” que el gobierno ha anunciado poner en marcha en su diferendo con el Estado chileno.
Con la promulgación de la ley que levanta la reserva, la discusión sobre los alcances del Tratado de 1904, impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza de volver a usar la fuerza, queda atrás y se abre a un debate más amplio y profundo que la Corte Internacional de La Haya deberá realizar ante lo que parece ser una inevitable presentación de una demanda de parte del Estado Plurinacional.
Pero también cambiará el carácter del debate al interior de los mecanismos de concertación política continentales y mundiales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
No cabe duda que el gobierno está con la iniciativa. Está llevando adelante una estrategia jurídica y política que en sus componentes visibles —pues hay otros que para ser exitosa no requieren ser públicos—, ha merecido el respaldo de los ex presidentes de los últimos años y que con seguridad contará con la plena aceptación de la sociedad.
Entretanto, La Moneda ha dado señales de desubicación. El gobierno de Piñera, con quien no es posible entablar cualquier escenario de diálogo, ha señalado que rechazará cualquier demanda ante tribunal internacional pues considera que el Tratado de 1904 está plenamente vigente, lo que al levantarse la reserva está fuera de duda.
Lo que la diplomacia del vecino país no ha dicho es qué se argumentará cuando Bolivia presente elementos probatorios de que ese Tratado ha sido incumplido —que fue uno de los ejes de la intervención del presidente Evo Morales en la cumbre de la CELAC en enero pasado en Santiago— y cuando se aporten otros argumentos jurídicos contemporáneos de que la guerra no da derechos y que Bolivia tiene el derecho a ejercer soberanía sobre las costas que son suyas.
La iniciativa boliviana es una mala noticia para Piñera, cuyo partido se está viendo cada vez más afectado en sus pretensiones electorales de seguir al frente del estado chileno, tanto por el incumplimiento de sus ofertas electorales como por su incapacidad de darle a Chile una mejor imagen internacional.
De hecho, la orden de detener a tres militares bolivianos durante más de un mes le ha provocado a Piñera bastantes críticas en su país, porque es más lo que se perdió que lo que se ganó.
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