octubre 24, 2020

Políticas de apoyo a la minería cooperativizada

Históricamente en Bolivia el surgimiento y densidad poblacional de las cooperativas mineras están ligados a las crisis económicas, vale decir que en periodos de cierre de minas y aumento del desempleo en la minería la respuesta de la población bajo perspectiva de mantener una fuente de ingreso fue el trabajo en el sistema cooperativo, mismo que fue adquiriendo un rol importante a lo largo del tiempo. Por esta razón, la precariedad laboral e incumplimiento de las leyes (de cooperativas, laborales, etc.) le son tan inherentes, como lo son la baja productividad y las asimetrías entre sus miembros. Así fue desde el inicio, tanto para las cooperativas de polimetálicos o tradicionales desde la década de los ‘20 y ‘30 de siglo pasado, como para las cooperativas auríferas paceñas. Si bien la historia de las primeras es conocida, cabe señalar que las últimas surgieron en 1954 después que una riada deteriorase las minas que pertenecieran a Aramayo.

En el segundo lustro de la década de 1980 los cooperativistas mineros sufrieron el rigor de los abusos y desamparos que supusieron la relocalización y el ajuste estructural, principalmente en los distritos que pertenecían a la Comibol, hecho que conllevó dos consecuencias: De una parte, que miles de relocalizados engrosaran sus filas; de otra, que por diversas circunstancias no todos sus miembros tuvieran igual acceso a medios de producción (llámese cantidad y calidad de yacimientos, maquinarias, equipos, herramientas, infraestructura, insumos, capital de operaciones, apoyo de profesionales, etc., aspecto intrínseco a la naturaleza del cooperativismo minero en el país). Estas dos situaciones permitieron que el sector adquiriese una magnitud considerable de miembros, pero que sólo una fracción de ellos se enriqueciese rápidamente convirtiéndose en una especie de empresarios capitalistas encubiertos que se consolidó como dirección en sus diferentes instancias. Ambos elementos facilitaron la relevancia política del sector cooperativista minero, pues le dotaron de objetivos claros (que no son otra cosa que los intereses personales de los dirigentes planteados como si fueran propios y representativos de todos los socios) y contundencia en sus movilizaciones masivas, lo que potenció su capacidad de negociación con todos los gobiernos desde entonces.

Sin embargo, desde 2003 cuando comienza el boom de precios en el mercado internacional de minerales se ha presentado un fenómeno de masificación tanto de las cooperativas mineras polimetálicas o tradicionales como de las auríferas, de ahí que las ultimas se mantengan como un segmento importante al interior del cooperativismo minero.

En el marco de lo establecido en la CPE, artículos 306 al 315, el Estado no solo reconoce a las cooperativas como forma de organización económica “de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro”, que goza de la misma igualdad jurídica que las otras formas económicas, con las que ha de ser recíproca, complementaria y solidaria. Sino que se obliga a protegerla, apoyarla y fomentarla a fin de fortalecer la economía plural para el vivir bien.

En ese entendido el actual gobierno ha venido apoyando a este sector mediante varias medidas, por ejemplo, según indican medios de prensa: En mayo de 2008 se les exenciona del pago del IVA, aspecto ratificado en octubre de 2011. En octubre de 2008 dio $us. 5M para el Fondo de Sostenimiento del Zinc, que buscaba proteger a los cooperativistas cuando el precio del zinc estuviese por debajo de los 0,65 $us./lf y compensándolos hasta una caída máxima de $us. 0,45/lf, para que supuestamente cuando el precio se recuperase por encima de los 0,85 $us./lf los cooperativistas entregasen 10% del excedente por sobre los 0,85 $us. En diciembre de 2008 el presidente Morales hizo entrega de dos ingenios a Fedecomin Potosí, el costo de uno de ellos era de $us. 1M, el otro costaba $us. 2M y tenía una capacidad de 300 Tn/día, en esa ocasión también entregó 40 perforadoras y 10 compresoras comprometiendo 60 adicionales, acordó también un desembolso por $us. 1,5M para que se concluyese la construcción de una planta de tratamiento para la Cooperativa Villa Imperial. En agosto de 2009 creó el Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) mediante DS 233. En septiembre de 2009 obsequió dos volquetas para las cooperativas La Salvadora y Argentina del departamento de Oruro. En enero de 2010 el Fofim otorgó un préstamo de $us. 12M a la Fencomin para poner en marcha la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras Ltda. (Comermin). En febrero de 2010 el Fofim otorgó otro préstamo de $us. 1M para la compra de un ingenio de Green Metals en Oruro con capacidad para tratar 250Tn de concentrados de zinc-plomo-plata.

En el caso de las cooperativas auríferas paceñas, en septiembre de 2009 el gobierno les dotó un lote de tres excavadoras y una volqueta para Fecoman, mientras que a Ferreco se hizo entrega de cinco excavadoras. También, como se mencionó arriba, mediante la Ley 4049 se les disminuyó la alícuota de la regalía del oro. En octubre de 2011 la Ley 690 permite al BCB comprar oro de Comermin eximiéndole del pago del IVA y el IT, costo que será asumido por el ente emisor aun cuando eso implique pagar un precio superior a la cotización oficial del mercado mundial.

Finalmente, en abril 2013 se promulga la nueva ley de cooperativas N° 356 que, además de fomentar al cooperativismo en general en el marco de la economía plural, intenta normar ciertos derechos y obligaciones de sus miembros asociados en condiciones de igualdad. Asimismo, en mayo de 2013 se emitieron las leyes N° 367 y N° 368, la primera que prohíbe los avasallamientos en áreas mineras y la explotación ilegal de recursos minerales, la segunda les autoriza a la suscripción de contratos mineros con el Estado.

No obstante todas estas normativas de fomento los dirigentes y ‘socios’ de las cooperativas mineras se han valido de jornaleros asalariados para incrementar sus ingresos, sometiéndolos a niveles de explotación inhumanos sin las mínimas condiciones de seguridad industrial y laboral, al margen de todos sus derechos laborales y sociales. Esta explotación de trabajo asalariado en las cooperativas mineras es observado por la sociedad en su conjunto, pues ésta sabe que la Ley de Cooperativas prohíbe el trabajo asalariado en actividades productivas o no administrativas al interior de las cooperativas productivas, y se indigna al ver que no se respeten los derechos de esos trabajadores asalariados, cuando la Ley General del Trabajo vigente desde 1942 y la propia Constitución Política del Estado (Art. 46 al 55) garantizan el trabajo digno así como la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales. Lo más alarmante es que la gran mayoría de esos jornaleros asalariados, que son explotados por estos capitalistas encubiertos de ‘socios’ cooperativistas mineros, provienen o tienen ascendencia campesina o indígena, y en muchos casos se habla de trabajo infantil.

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