diciembre 5, 2020

Bolivia: la crisis penitenciaria y el espejismo de una solución pronta

por: Leticia Lorenzo

¿Por qué aumenta el número de presos en un país? Simplificando mucho la respuesta probable a esa pregunta, diría que se debe al aumento de la pobreza. ¿Y por qué aumenta la violencia en los delitos que se cometen en un país? También simplificando, respondería que el aumento de la violencia se debe al aumento en la brecha existente entre las personas ricas y las personas pobres de un país, que genera resentimientos tan grandes en quienes no tienen acceso a bienes básicos, que produce un deseo de venganza más que de posesión. Si se observan las cifras penitenciarias, se verá que más de la mitad de los presos de Bolivia se encuentran encarcelados por delitos contra la propiedad o por delitos vinculados con la Ley 1008. Y no se confunda el lector: quienes están tras las rejas por haber cometido (o presuntamente cometido, ya que sabemos que más del 60% de los presos del país no tienen condena, vergüenza para cualquier sistema “revolucionario” que se precie de tal) delitos vinculados a la propiedad no son grandes asaltantes al estilo hollywoodense, sino que son, las más de las veces, ladrones de gallinas. Y quienes están tras las rejas por haber cometido (o, nuevamente, presuntamente cometido) delitos vinculados a la Ley 1008 no son los grandes narcotraficantes, jefes de carteles, sino que son modestos hombres y mujeres que llegaron a la cárcel debido a que el Estado no les ofreció, antes, ningún medio de vida digno que les permitiera subsistir.

Sin embargo, cuando aparece un reclamo de los presos, inmediatamente recurrimos a las magras excepciones que existen en nuestro sistema penitenciario para justificar el mal trato y la crueldad a los que son sometidos miles de personas en nuestro país por haber cometido, antes del delito por el que se los investiga o se los ha juzgado, otro peor: el de ser pobre. Y así, recurrimos inmediatamente al nombre de siempre: García Meza, o al delito de siempre: “los violadores”. ¿Por qué no nos arriesgamos por una vez a abandonar tanta hipocresía y decir las cosas por su nombre? Ni García Meza es un preso común, ya que cualquier persona que haya ido a Chonchocoro sabe que recibe un trato preferencial y cualquier persona que sepa derecho sabe que podría salir de la prisión con detención domiciliaria cuando quisiera, ya que ha superado los 60 años de edad, ni las personas sentenciadas o perseguidas por el delito de violación encontrarán en la cárcel encontrarán allí algún tipo de “tratamiento” que les permita enmendar su conducta. Así que vamos, digamos de una vez qué es lo que está detrás de todo esto: las cárceles nos sirven, desde siempre, para esconder aquellas realidades de las que no somos capaces de hacernos cargo. Cuando se plantea una modificación a las leyes vinculadas con el sistema penitenciario, inmediatamente surgen preguntas, desde el poder, en sentido de “¿cuántas personas presas por la 1008 se beneficiarían?” “¿cuántos violadores serían dejados en libertad?”. Lo que yo me pregunto es ¿cuántas de las personas que hacen esas preguntas han tenido que vivir la miseria de estar encarcelado, olvidado, vejado, disminuido, prácticamente anulado en la condición de ser humano? ¿Cuántos son los funcionarios a los que le quita el sueño saber que este Estado tiene a gente encerrada en condiciones infra humanas, sin recursos para darles alimentación, salud, derechos básicos que les permitan un mínimo de dignidad? Cierta vez, visitando el penal de Chonchocoro, en el año 2002, cuando ya se planteaba la modificación de la Ley 2298 para lograr el respeto de un derecho básico para todos, cual es el de la igualdad, ante la negativa que ya se vislumbraba de parte de las instancias gubernamentales de ese momento, una persona condenada a cumplir la pena de 30 años de prisión, me dijo que si le dieran siquiera la opción de elegir, él pediría que lo matasen, porque no se creía capaz de soportar ese tiempo en el encierro. ¿Puede imaginar el lector una situación de desesperación tal? ¿Puede alguien responderme por qué los seres humanos podemos ser tan crueles como para obviar la penosa realidad a la que sometemos a nuestros propios hermanos, podemos hacer la vista hacia otro lado cuando se nos muestran las horrendas condiciones de nuestras cárceles, pero sin embargo nos atrevemos a alzar la voz bien alta en nombre de la pretendida seguridad (que no es más que una ilusión, asumamos eso de una vez) cuando se nos comunica la posibilidad de que el magno legislador se atreva por una vez a hacer lo correcto y permita una vida más digna para los encarcelados del país? Ni qué hablar del sistema de administración de justicia, que no pone ningún reparo a la hora de encarcelar preventivamente a gente sin ton ni son, pero a la hora de dar una libertad pone requisitos de imposible cumplimiento como fianzas económicas altísimas para personas que no tienen dónde caerse muertas. Pedir el cumplimiento de la ley, en la cultura de la ilegalidad que hemos construido, también parece un pedido de imposible cumplimiento. Qué decir de los medios de comunicación, que se vanaglorian mostrando presos enterrados, costuras de labios, etc. etc. etc., para luego ni siquiera inmutarse ante tamaño sufrimiento y realizar afirmaciones del tipo de “Los aproximadamente 8.000 presos del país presionaron y están a un paso de lograr que todos los privados de libertad, entre ellos violadores, asesinos y multirreincidentes, se beneficien con el extramuro y la redención de condenas” sin tener siquiera la decencia de explicarle al lector cuál es la situación en la que tienen que malvivir esos aproximadamente 8.000 presos del país.

Quien escribe esto ha tenido el privilegio de trabajar en cárceles en Bolivia durante cinco años y acompañar muchas de las luchas de los privados de libertad desde fuera. Lamentablemente, más allá de la tristeza que causa el tener que reconocer que los logros han sido sólo simbólicos, porque no vemos en nuestro sistema penitenciario ningún cambio sustancial que nos permita siquiera decir que estamos cumpliendo la finalidad de la Ley 2298, cual es la de resocializar al privado de libertad (paradoja si las hay, ya que nunca entenderé cómo se puede enseñar a una persona a convivir pacíficamente en libertad a partir del encierro), resulta mucho más triste asumir la cruel realidad que nos muestra que pasarán los funcionarios y las siglas partidarias, pero la actitud estatal seguirá siendo la misma: ignorancia ante una situación que interpela directamente al sistema democrático del país, cual es la de encerrar como animales a personas que hacen parte de este país y, como he dicho líneas arriba, en la mayoría de los casos hacen parte de los estratos más empobrecidos de la población del país. Ahora bien, también debo decir, en honor a la verdad, que conozco que preocupación tanto del Presidente de la H. Cámara de Diputados como del Presidente de la Comisión de Constitución de la H. Cámara de Diputados por darle una solución al tema legislativo, viene de larga data y no es algo que se ha dado a raíz de la situación de reclamo actual por parte de los presos. Anhelo que esa preocupación sea asumida por todo el cuerpo legislativo y logremos tener una Ley 2298 consecuente con los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Pero mucho más anhelo que este gobierno, que ha llegado al poder gracias a esos sectores mayoritarios y excluidos del país que toda la vida han tenido sobre su cabeza la espada de Damocles de ir a parar a una prisión, que tiene un Vicepresidente que ha tenido que vivir en carne propia la indignidad de vivir en el encierro penitenciario, asuma seriamente el problema penitenciario y convierta las buenas intenciones expresadas en planes de gobierno que a lo largo del tiempo suelen convertirse en “declaraciones de principios” pero rara vez se efectivizan, en planes de acción concretos que permitan afirmar que Bolivia cuenta con un sistema penitenciario acorde con los principios básicos de la democracia y con un sistema de persecución penal que no dedica su tiempo a perseguir ladrones de gallina o alguno que otro “pez gordo” para justificar su existencia, sino que invierte los recursos de los ciudadanos bolivianos en implementar verdaderas políticas de persecución de aquéllas personas que tanto daño han causado al Estado y la sociedad.


*    Jurista Argentina

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